Por Marino J. González,
09/04/2017
Las sentencias aprobadas por la
Sala Constitucional del TSJ la semana pasada, han colocado al país en una nueva
fase de deterioro democrático. La consecuencia más directa de ambas sentencias
es suprimir a la Asamblea Nacional como poder público. La “corrección” de las
sentencias, a través de mecanismos completamente fuera de toda formalidad
constitucional, deja más evidente grandes carencias en el respeto a las normas
y procedimientos. La situación ha ameritado la expresión de organismos
internacionales denunciando la vulneración del “orden constitucional” en el
país.
Pudiera quedar la impresión de
que esta situación es una arremetida del actual gobierno a partir de octubre de
2016, cuando se eliminó la opción del referendo revocatorio, y que ha
continuado con la ausencia de cronograma electoral para todos los niveles de
representación. Sin embargo, debe destacarse que lo sucedido es consecuencia de
una decisión tomada hace casi 18 años cuando se procedió al nombramiento de los
Poderes Públicos sin seguir lo estipulado en la Constitución aprobada el 15 de
diciembre de 1999 en referéndum nacional. Los efectos de la Tragedia de Vargas
habían dejado al país en completo shock. A la semana siguiente de la aprobación
de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió el
nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo
Nacional Electoral, así como los representantes de la Fiscalía y la
Controlaría, sin apego a lo establecido en la Constitución.
Todo lo que ha pasado en Venezuela
desde ese momento, es consecuencia de esa ruptura del orden constitucional en
esa fecha. Claro, en aquel momento otra era la conformación de fuerzas
políticas. El gobierno había logrado un notable respaldo popular, y se habían
puesto en marcha mecanismos que subestimaron la fuerza electoral de los
sectores adversos. De tal forma que la representación en la Asamblea Nacional
Constituyente no se correspondía con la votación real de los sectores
opositores.
A partir de esa decisión, se
generó una coincidencia entre los objetivos del gobierno y las posibilidades
que brindaba la pérdida del equilibrio de poderes. Entre 1999 y 2015,
exactamente 16 años, esta alianza de poderes fue el instrumento para alterar
todas las disposiciones constitucionales contrarias al objetivo de controlar al
gobierno y a la sociedad. Entonces, no estamos hablando de una alteración de
corta evolución, estamos en presencia de un deterioro constitucional de casi
dos décadas.
El triunfo de la Unidad en la
elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 ocasionó el cese de esa
alianza férrea de poderes públicos. Por primera vez un poder público pasaba a
estar en manos de un sector político adverso al gobierno. A partir de esa
elección, se ha pretendido anular la capacidad de la Asamblea Nacional para
ejercer todas sus facultades constitucionales a través de las sentencias del
TSJ y con el pleno apoyo de los restantes poderes públicos. Es por ello que lo
que está en juego no son los efectos de las decisiones recientes del TSJ, sino
la reversión completa de todas las decisiones que han anulado en la práctica lo
que significa la Constitución de 1999 como garantía de los derechos de todos
los venezolanos.
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