Las manifestaciones pacíficas ocurridas entre el 4 y el 12 de abril de
2017 en Venezuela, han sido reprimidas con extrema violencia, muestran un saldo
trágico de cientos de heridos, 230 detenidos, 6 fallecidos por impactos de
bala, un Centro Médico Asistencial y varios Centros Comerciales atacados por la
Guardia Nacional Bolivariana con bombas lacrimógenas, ataque de grupos
violentos paramilitares (colectivos) a marchas y concentraciones, uso
comprobado de gases tóxicos con fecha de vencimiento de hace dos años, uso
desproporcionado de la fuerza pública para el ataque sistemático de
manifestantes, lanzamiento de gases tóxicos desde aeronaves, convirtiendo las
bombas lacrimógenas en artefactos que pueden ser letales, presencia de
francotiradores accionando armas de guerra… en fin cientos de miles de
venezolanos hemos sido víctimas de violaciones a derechos fundamentales como el
derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la vida, el derecho a la
información oportuna y veraz, el derecho al libre tránsito entre otros.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Siendo Venezuela un productor de materias primas, en específico
petróleo, durante el periodo de precios altos, desde el Estado se elaboraron y
ejecutaron dos políticas de alto impacto:
- Centralización del poder político.
- Destrucción de la empresa privada y concentración de la importación de todos los productos a través de entes públicos.
Las anteriores acciones tuvieron una escasa resistencia de parte de la
mayoría de la población pero prepararon el camino para una crisis de
dimensiones inimaginables.
Se redujo la capacidad de acción y ejecución de gobernadores y
alcaldes, disminuyó el control y operatividad de los órganos de seguridad de
las regiones, con el resultado de amplias zonas bajo el control de la
delincuencia organizada, los llamados pranes en las “zonas de paz”, con una
altísima inseguridad.
Al destruir la capacidad productiva del país, depender de las
importaciones y no tener suficientes divisas el gobierno optó por garantizar el
pago de la deuda externa, el resultado es que Venezuela enfrenta la peor crisis
humanitaria de su historia, un profundo desabastecimiento de productos de la
cesta básica, escasez del 85% de medicamentos e insumos médicos, niveles de
inflación que este año puede alcanzar el 700%, servicios públicos y la
infraestructura del país en muy mal estado, corrupción y coimas a la orden del
día, todo ello enmarcado en un proyecto político autoritario, centralista,
destructor de la capacidad productiva privada, de sometimiento social a través
de diversos mecanismos como la distribución de alimentos a través de los CLAPs
(Comité Local de Abastecimiento y Producción) y el Carné de la Patria para optar
a una serie de servicios que deben ser gratuitos.
¿Cuál fue el punto de inflexión?
Ocurrió el 6 de diciembre de 2015, la Unidad Democrática logró una
victoria abrumadora en las elecciones parlamentaria, obteniendo 112 Diputados
de 167, lo que significa el 66,66% del Parlamento, que le otorga a las fuerzas
democráticas la mayoría calificada con la cual la Asamblea Nacional podía
emprender un conjunto importantes de reformas y nuevas leyes, ejercer
efectivamente la supervisión y control sobre el resto de los poderes públicos
en especial el “Ejecutivo” (Presidencia de la República) y convertir al
Parlamento en el Foro Político por excelencia de la nación.
¿Qué hizo el Oficialismo ante la derrota
el 6D?
Entre el 6 de diciembre y el 23 de diciembre de 2015, la bancada
oficialista mayoritaria en el Asamblea Nacional para ese momento, realizó trece
(13) nombramientos express de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
colocando fichas claves del chavismo en cargos del TSJ, para garantizar el
control sobre la Asamblea Nacional. El 30 de diciembre de 2015 la Sala
Electoral suspende la proclamación de tres (3) Diputados del Estado Amazonas
(eliminando la mayoría calificada de la Unidad Democrática en la Asamblea
Nacional). En el año 2016 el TSJ a través de varias de sus Salas de
Administración de Justicia dictó mas de 50 sentencias en contra de decisiones,
leyes y acuerdos promulgados por la Asamblea Nacional, declarando y ratificando
en múltiples sentencias la condición de desacato del Parlamento (que no está
establecido en la Constitución ni en las Leyes de la República) a las
decisiones del TSJ, vaciando al principal poder del Estado de sus competencias
constitucionales, aprobando un estado de emergencia y prorrogándolo a voluntad
varias veces violando la Constitución, llegando al extremo de dictar la
sentencia #155, que elimina la inmunidad parlamentaria y la #156 que le elimina
absolutamente todas las competencias de la Asamblea Nacional y permite el
Estado crear Empresas Mixtas sin la aprobación del Parlamento como está
estipulado muy claramente en la Constitución, publicadas el 29 de marzo de 2017.
Tal y como lo aseveró de manera pública y notoria la Fiscal General de la
República, Dra. Luisa Ortega Díaz, ambas sentencias constituyen la “Ruptura del Hilo Constitucional”,
nosotros lo llamamos un AutoGolpe de Estado. Las sentencias #157 y #158 que
supuestamente enmiendan los horrores inconstitucionales de las #155 y #156, no
han sido publicadas, duermen el sueño de la ilegitimidad, la vagabundería y
descaro, esperando algún momento a futuro para hacerlas públicas cuando mejor
les convenga.
¿Por qué el gobierno cerró la ruta
electoral para lograr el cambio?
El régimen encabezado por el Presidente Nicolás Maduro y un pequeño
grupo de venezolanos, dominan todos los Poderes Públicos a excepción de la
Asamblea Nacional, lo que les permite manejar la Constitución y las Leyes de la
República a su libre antojo, bloquearon la solicitud de Referendo Revocatorio
Presidencial utilizando un ardid jurídico absolutamente ilegal e
inconstitucional y no convocaron a Elecciones Regionales para Gobernadores y
Consejos Legislativos de Estados cuyos periodos vencieron el 16 de diciembre de
2016, pues sabían muy bien que ambos eventos electorales los perderían de forma
contundente y aplastante.
¿Qué solicitamos las fuerzas
democráticas?
Cambiar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, luchamos por el
cambio de gobierno y la restitución de la democracia, creemos en una ruta Constitucional,
Electoral y Pacífica, sin embargo primero debemos restablecer el hilo
constitucional y en consecuencia solicitamos:
- Restitución plena de las facultades y competencias de la Asamblea Nacional.
- Convocatoria inmediata a Elecciones Regionales y Locales como establece la Constitución, con plenas garantías.
- Libertad inmediata de todos los presos políticos.
- Apertura de canal humanitario para alimentos y medicinas.
- Exigir al Poder Moral Republicano que califique de falta grave las decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia basado en la declaración de la Fiscal General de la República integrante de este Poder como “Ruptura del Orden Constitucional”.
- Anular la inhabilitación política del Gobernador Henrique Capriles por injusta e ilegal.
¿Cómo nos puedes ayudar?
- Divulgando la información veraz que las
Organizaciones NO Gubernamentales y los medios alternativos de
comunicación venezolanos difunden a diario.
- Presionando a Tu Gobierno a darle la importancia
y atención prioritaria que una situación de crisis como la que vive un
país hermano está padeciendo.
- Acercándote a las Organizaciones Civiles de Ayuda
Humanitaria y a las Organizaciones de Venezolanos en tu país, para ayudar
con donativos ó tiempo para dedicarte a la logística y organización.
- Participando en las acciones civiles ciudadanas
de protesta pública que se están realizando en todos los rincones del
planeta en apoyo y solidaridad con Venezuela, para sensibilizar sobre los
problemas que afrontamos.
En Caracas a los 13 dias del mes de abril de 2017-04-13
Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
Contactos:
Correo: redorgbaruta@gmail.com
Twitter: @RedOrgBaruta
Facebook: RedOrg Baruta
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico