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domingo, 2 de julio de 2017

Gonzalo Himiob: En Venezuela el Gobierno es el problema por @Espemar


Por Esperanza Márquez


-Gonzalo, me podrías dar una panorámica de cómo están en estos momentos los DDHH en Venezuela comparados con otras épocas y situaciones

Nunca habíamos tenido una situación tan dramática. El gobierno puede reivindicar quizás, pero solo desde el punto de vista formal, no material ni práctico, algunas conquistas desde el punto de vista de los derechos sociales (insisto, conquistas que son más que todo simbólicas) pero en cuanto a la defensa de los DDHH en la esfera individual (en lo que se refiere a la protección a la vida, integridad física, libertad personal, libertad de conciencia, libertad de expresión y otros similares) estamos peor de lo que nunca habíamos estado. El asesinato, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la encarcelación sistemática de personas por motivos políticos, de espaldas a lo establecido en la Constitución y las leyes, se han hecho la regla.

- Cuantas detenciones van hasta ahora y cuántas en estos últimos días de plantones, etc. ¿A todos los han remitido a tribunales militares?

Desde el primero de abril hasta el 24 de junio de 2017 teníamos registrados 3303 arrestos de personas por motivos políticos, en estos solo incluimos a los que han sido detenidos por el ejercicio válido y no violento de su derecho a la protesta y a los que han sido detenidos sin haber cometido ningún delito. Del total general, 1170 `personas seguían detenidas, por diversas razones. Hasta ese momento 403 civiles habían sido presentados, de manera absolutamente ilegal e inconstitucional, ante los Tribunales Militares, y de éstos 233 civiles habían sido ya formalmente sometidos a procesos militares privados de su libertad. Estos números han aumentado en esta última semana de junio, y ya estamos evaluando los casos para consolidar nuestras cifras a final de mes. Hasta ese día habíamos analizado ya los casos, y determinado como tales, de 407 presos políticos. El primero de abril era 117. Cada caso se estudia y se revisa de manera individual, pues para determinar como preso político a cualquier ciudadano hay que respetar estándares internacionales muy estrictos. Somos muy acuciosos con eso, pues de ello depende nuestra credibilidad.


- ¿Qué pueden hacer los abogados del Foro Penal con esos detenidos enviados inconstitucionalmente a tribunales militares. Una vez ahí ¿hay forma de remitirlos a tribunales civiles que son los que les corresponden?

Nosotros siempre oponemos como defensa la absoluta incompetencia de los tribunales militares para juzgar civiles, e insistimos continuamente en este argumento agotando todas las posibilidades legales disponibles, al menos en la esfera interna. Pero poco se logra. El problema no es jurídico (a nadie con más de dos dedos de frente le cabe en la cabeza que procesar a civiles ante la justicia militar sea legítimo) sino político. Lamentablemente, cuando los argumentos legales se enfrentan en el estrado a las órdenes políticas, es poco lo que se puede hacer desde el punto de vista jurídico. Si hubiera estado de derecho y si contáramos con jueces independientes, objetivos e imparciales, sería otra cosa, pero la realidad en Venezuela es que ninguno de estos casos tiene sustento jurídico alguno, son todos casos políticos. Pero no todo es pérdida, cuando nuestros argumentos son desestimados sin mayor fundamento en los tribunales nacionales, eso nos permite acudir a los organismos internacionales, y allí sí se logran resultados favorables y, lo que es también importante, allí quedan registrados los nombres de las personas que se prestan a estos abusos. Juzgar a civiles en tribunales militares es un grave indicador dictatorial y una gravísima violación a los DDHH ante los que ni siquiera los más conspicuos representantes de la izquierda internacional permanecen indiferentes.

-Se ha hablado de un patrón sistemático en los asesinatos de los muchachos de la resistencia. Diera la impresión de que algunos han sido “seleccionados” por su notoriedad en las marchas y manifestaciones. Eran conocidos. ¿Ahí cabría la calificación de lesa humanidad?

Hemos detectado que podría haber un patrón de actuación selectiva, en algunos casos recientes, sobre el que hemos sugerido que se abra una línea de investigación. Sin embargo, lo que determina si una conducta es o no un Crimen de Lesa Humanidad no es eso, sino que se materialice un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, identificada en este caso por motivos políticos, con pleno conocimiento por parte del grupo en el poder de que ese ataque está teniendo lugar, de manera que pueda afirmarse que se trata de una política de Estado, declarada formalmente o no. Sobre estas bases, y nosotros lo venimos advirtiendo desde 2002, en Venezuela existe un patrón de actuación sistemático y generalizado contra el grupo civil que se identifica con la disidencia y con la oposición, y este patrón se concreta en asesinatos, torturas, tratos crueles e inhumanos y en la prisión arbitraria e injusta de quienes son identificados por el poder como "enemigos". Solo desde 2014 hasta ahora se han producido casi 10000 arrestos arbitrarios de personas solo por ejercer pacíficamente su derecho a disentir y a protestar contra el gobierno, lo cual revela el carácter generalizado de la persecución, la clara sistematicidad de tales actos y, más allá, una evidente intencionalidad de etiquetar como "criminales" a quienes se opongan al gobierno de Maduro, sea para neutralizarlos, o para construir narrativas falsas (el "terrorismo", la "guerra económica", los "ataques del imperio", u otras así) dirigidas a desvirtuar la legitimidad de la queja y de la protesta pular contra el gobierno.

-¿Ha actuado el FP en cuanto a la llamada de ayuda de Leopoldo López porque lo están torturando?

En efecto hemos registrado todas y cada una de las violaciones a los DDHH que ha padecido Leopoldo López y le prestamos nuestra asesoría y apoyo a los abogados privados que llevan su causa cuando se nos requiere. Más allá de eso, en términos generales el Foro Penal Venezolano, cuando una persona ya cuenta con su equipo privado de defensores, no puede intervenir de manera independiente ni proponer acciones sin contar con el aval o la autorización de los colegas que llevan la causa.

-En alguno de los últimos asesinatos de jóvenes manifestantes el Sebin ha tratado de tomarse para sí las atribuciones de la Fiscalía en cuanto a las autopsias. ¿Cómo calificas estos hechos?

El SEBIN tiene ya varios años actuando absolutamente al margen de la ley y de la Constitución, como si se tratase de una especie de "órgano independiente" que no le rinde cuentas sino al Presidente. Es cierto que desde el punto de vista administrativo está adscrito al Poder Ejecutivo, pero dese el punto de vista funcional sigue siendo un cuerpo de seguridad del Estado que, como todos los demás, debería someterse y respetar al Ministerio Público y a los Tribunales, pero no lo hace. Es una conducta francamente ilegal y, más allá, criminal, que no encuentra quién le ponga coto. La prueba más vehemente de ello está en el sistemático desconocimiento por parte del SEBIN de las órdenes de excarcelación (más de 20 al día de hoy) que son emitidas por los tribunales competentes, lo cual constituye no solo un grave desacato y un irrespeto a la autoridad judicial, sino además una privación ilegítima de la libertad. Cuando se restablezca el Estado de Derecho, todos esos funcionarios deberán responder por esos crímenes, y la excusa de haber estado cumpliendo "órdenes superiores" no les servirá para evitar el castigo legal que les corresponderá.

-Si Iris Varela acusa a Rodríguez Torres de ser el responsable del asesinato de Basil da Costa está exceptuando a Leopoldo López de culpabilidad.

En el caso de Leopoldo López se ve claro lo que antes comentaba de la construcción de narrativas falsas que le sirven al gobierno para sustentar sus posturas políticas. A López no se le investigó, ni se le condenó por la muerte de nadie, los delitos que se le atribuyeron injustamente son delitos distintos del homicidio, pero sin embargo la maquinaria comunicacional del poder "sembró" la idea de que a él se le estaba enjuiciando, y se le condenó, por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas de 2014, lo cual es absolutamente falso y no es ni siquiera lo que consta en el expediente. No se le imputó, se le acusó ni se le condenó por el homicidio de nadie. La declaración de Iris Varela es una clara y contundente confesión, un reconocimiento expreso de que es el gobierno el que viola los DDHH de los ciudadanos. La ecuación es sencilla: Si Rodríguez Torres (que en ese momento era Ministro de Interior y Justicia) fue el que ordenó el asesinato de Bassil Da Costa, el culpable de ese grave asesinato (y de todos los que ocurrieron en esas fechas) no es otro que el mismo gobierno, porque Rodríguez Torres era en ese momento un Alto Funcionario del Gobierno y se supone que sus actos eran cónsonos con la línea oficial de actuación. Esto quedaría corroborado además por el hecho de que, si ya se sabía que él había ordenado o tolerado el asesinato, nunca se le persiguió ni se le investigó por ello, y de eso ¿Quién era responsable? El mismo Estado, que no lo hizo y que le habría procurado, hasta ahora, su impunidad.

- El gobierno acusa a los manifestantes de diversos delitos, los manda a tribunales, militares, pero Maduro dijo que si llega la oposición a oponerse a la ANC se defenderá con las armas. ¿Está Maduro cometiendo los delitos de instigación a delinquir, apología del delito y conspiración?

Cualquier llamado a la violencia es inaceptable, venga de donde venga, pero en boca del Primer Mandatario, que se supone además que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es un crimen. Y no es ni siquiera una demostración de fortaleza, lo es por el contrario de una evidente debilidad. Ya el simple hecho de buscar imponer de facto, como lo está haciendo Maduro, una ANC en los términos en los que lo ha hecho, buscando cambiar violentamente de espaldas al pueblo soberano (con armas, no con votos. como lo ha afirmado) nuestra Carta Magna y la forma republicana de nuestra nación, es un delito muy grave. Chávez también reivindicaba a la violencia como mecanismo para resolver los conflictos políticos y sociales, y no pocas veces burló, con diferentes mecanismos y engaños, la voluntad soberana, pero al menos cuando propuso su constituyente no se le ocurrió jamás pasar por encima del pueblo y la sometió, como debe ser, a consulta previa. Maduro ni siquiera ha respetado ese límite.

- Por último Gonzalo quisiera tu opinión de lo que en Venezuela puede pasar de aquí en adelante.

Si yo estuviera en el lugar de Maduro, o si pudiera prestarle mi consejo, yo le exigiría que empezase a pensar en la manera de retirarse de la presidencia y de abrir el juego democrático antes de que la velocidad y la gravedad de los acontecimientos se nos vengan, a todos, encima. En Venezuela no es que el gobierno tenga problemas, es que el gobierno es el problema. Mientras el país se le ha vuelto a Maduro, de hecho, ingobernable (porque una cosa es creerse autoridad y otra muy diferente es que la gente te acepte como tal) la situación económica, que nos afecta a todos sin distinciones, sigue empeorando y agravándose "a paso de vencedores". Aún tiene el gobierno un breve espacio para maniobrar, y yo le recomendaría que lo utilizara con sabiduría y con visión a mediano y a largo plazo, pero no le veo ninguna disposición, ni capacidad, para sentarse a hablar y a resolver pacíficamente este conflicto ni mucho menos para atender los problemas que a todos nos aquejan. Lo más absurdo es que esta actitud intransigente pone en riesgo incluso al mismo proyecto ideológico, eso que llaman "el legado", que dice Maduro defender. Maduro sigue perdiendo el tiempo en sus maniobras inconstitucionales para preservarse en la silla "como sea", pues es lo único que le interesa, mientras el chavismo pierde más adeptos día a día y el hambre, la muerte, la crisis, la escasez y la desesperación del pueblo se enseñorean y ganan terreno. Si sigue así, creo yo, va a llegar un momento en el que ni él, ni nadie, va a poder detener una cada día más posible marejada popular que va a arrasar con todo y que será, a la larga, mucho más costosa y dañina para todos. Dios quiera que no lleguemos a ese punto.

01-07-17