Por Froilán Barrios
Los bancos Goldman Sachs de
Estados Unidos y Nomura de Japón han hecho su agosto con el gobierno de Maduro,
al negociar con descuento de 69% los bonos Pdvsa 2022 a un valor nominal de
2.800 millones de dólares, entregándole a Pdvsa 860 millones de dólares; por
otro lado, Nomura desembolsó 30 millones de dólares por los títulos con un
valor de 100 millones de dólares. Así vemos cómo se hipotecan los recursos de
un país, en función de esta “oferta irresistible” como calificaran firmas
financieras internacionales.
En pocas palabras, el
patrimonio de una nación mercantilizado a la avaricia financiera globalizadora,
a cambio de otorgarle flujo de caja a una dictadura que ha manchado sus garras
con sangre joven de 86 venezolanos, 4.000 heridos, 2.000 detenidos, cientos de
desaparecidos, 350 periodistas lesionados y robados sus equipos de trabajo, el
cierre de miles de empresas y la pérdida de más de 2.000.000 de puestos de
trabajo por la quiebra económica del sector privado.
Entre tanto, planteamos a la
comunidad internacional, que permanentemente menciona la tabla de derechos
humanos que incluye: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Carta Social Europea, Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, etc. Textos firmados por los Estados del globo
terráqueo, donde reconocen la preponderancia del ser humano sobre el mercado,
¿cuál es entonces su posición frente a la masacre que ocurre en Venezuela y la
indiferencia ante estas operaciones dolosas que usurpan la riqueza nacional?
Ahora bien, el cuestionamiento
no se detiene solo en la denuncia de la usura depredadora de la banca
internacional, igual lo planteamos ante los Estados, de donde provienen las
compañías petroleras que han convenido empresas mixtas con Pdvsa durante la
actual gestión, para la explotación petrolera nacional, con una participación
accionaria que oscila entre 40% y 49% del capital de cada una de estas.
Citamos las mencionadas
empresas: Statoil-Noruega, ENI-Italia, Total-Francia, Repsol-España,
Impex-Japón, Shell-Holanda-Inglaterra, Pluspetrol-Argentina, Petrobras-Brasil,
Chevron-Estados Unidos, ONGC-India, provenientes de países de reconocidos
sistemas democráticos.
Igualmente citamos otro lote
de empresas: Rossneft-Rusia, CNPC-China, Petrovietnam, cuyos gobiernos son de
corte similar al que nos oprime y humilla en Venezuela, con quienes por cierto
se ha lesionado profundamente nuestro patrimonio, al entregar la soberanía
nacional en los próximos 15 años con ventas de petróleo a futuro y con el
otorgamiento de préstamos al corrupto gobierno de Maduro en condiciones
vergonzantes para nuestro país.
Por tanto, nos dirigimos al
primer grupo de compañías provenientes de países con los que compartimos
valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, ya que sus
operaciones son la principal fuente de recursos a una dictadura, cada día más
evidenciada ante la comunidad internacional. Hoy la producción petrolera
nacional depende cada día más de los convenios con las empresas mixtas, ya que
Pdvsa se encuentra prácticamente en la ruina e incapacitada tecnológicamente
para cumplir sus cuotas de producción al mercado petrolero.
De allí el emplazamiento a la
ética de sus gobiernos, a fin de exigirle a esta dictadura el respeto a las
libertades democráticas, cuyas violaciones ahogan en sangre nuestro pueblo; de
ser ustedes indiferentes, se harán evidente los efectos verdaderos de la doble
moral de la globalización, donde prevalece primero hincar las tenazas del
mercado en la yugular de los recursos materiales nacionales, y mostrarse
cómplices ante la masacre que sufre la nación oprimida, como lo es la Venezuela
del siglo XXI, que asumir no solo en discursos sino con acciones concretas los
convenios universales de derechos humanos firmados por sus Estados.
05-07-17
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