Carlos Romero Mendoza 25 de septiembre de 2017
@carome31
El 18
de agosto de 2014 la Asociación de Alcaldes de Venezuela advirtió que la salud
financiera de la gran mayoría de las alcaldías en Venezuela estaba seriamente
comprometida con una inflación que para entonces se proyectaba en un 70%.[1]
Las
dificultades financieras que habían denunciado los alcaldes se fue agravando.
El 4 de mayo de 2016 fue el tema de una reunión entre la Asociación de Alcaldes
de Venezuela y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en donde se
valoró el impacto de la inflación y de las decisiones laborales inconsultas del
Ejecutivo Nacional, que trasladó incrementos de sueldos sin el respectivo
dinero para afrontar esos nuevos compromisos.[2]
La
situación económica del país se fue agravando y la salud financiera de las
alcaldías fue complicándose cada vez más y ello llevó a la Asociación de
Alcaldes de Venezuela a declararse en emergencia por falta de presupuesto el 13
de enero de 2017[3].
Un reportaje
publicado por El Nacional, en agosto 2017[4], señaló que la crisis financiera
que afecta las gestiones públicas municipales tiene como principales causas
para ese momento:
1.
El aumento del 30% decretado en mayo 2017.
2.
El retraso en la entrega de dozavo por situado
constitucional.
3.
El rezago en la entrega de los recursos del
Fondo de Compensación Interterritorial.
4.
La inflación.
Esa
crisis financiera que afecta a los gobiernos municipales encuentra una
expresión concreta del impacto generado, a través de un Decreto aprobado el 11
de septiembre 2017 por el alcalde del Municipio El Hatillo, identificado como
el No. 055/2017, mediante el cual expone con fundamento en los artículos 88
numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y artículo 19 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, lo
siguiente:
1.
Existencia de una situación que calificó de
emergencia económica y financiera del Municipio.
2.
Denunció como una de las causas del punto
anterior, el incumplimiento del Poder Público Nacional de transferir los
recursos para cubrir las obligaciones laborales que ha asumido la Alcaldía en
razón de los incrementos salariales otorgados por el Ejecutivo Nacional.
3.
Autorizó al Síndico para que procediera a
llevar ante la jurisdicción contencioso administrativa al Estado Venezolano por
no cumplir con sus obligaciones.
4.
Ordenó a su equipo revisar la realidad laboral
y priorizar el tema de obras y servicios públicos que están pendientes en la
agenda municipal.
La
causa que motiva el Decreto del alcalde de El Hatillo está claramente descrita
en uno de sus considerandos, que expresamente señala:
Que la crítica situación
derivada de la imposibilidad material y jurídica del Municipio de poder pagarle
un salario suficiente, que es un derecho consagrado en el artículo 91 de la
Constitución, se agrava aún más por el alto nivel de inflación que impide que
la Alcaldía pueda cumplir la ejecución de las metas fijadas, sobre todo en el
área de las obras públicas, pues con las partidas previstas en el presupuesto
es materialmente imposible lograr dichas metas.
En
este mismo sentido, el 15 de septiembre 2017 el presidente de la Asociación de
Alcaldes en Nueva Esparta, José Ramón Díaz, denunció que las municipalidades
dirigidas por la oposición no cuentan con recursos para pagar el nuevo aumento
de salario integral[5].
Esa
misma situación fue denunciada por el Alcalde de Mérida, quien calificó de
irresponsable el aumento salarial decretado por el presidente Maduro a partir
de septiembre 2017, pues esa decisión inconsulta llevó a su municipio a tener
un déficit que supera los 4 mil millones de bolívares.
En el
caso de Mérida, el alcalde alertó que la deuda existente equivale al 100% del
presupuesto de la alcaldía, por lo tanto, afirmó que aun cuando el presupuesto
municipal solo sea para pagar a los empleados, éste no hubiese alcanzado[6].
Esa
crisis financiera provocada por el Ejecutivo Nacional, aniquila cualquier
posible expresión de autonomía municipal, principio constitucionalmente
reconocido al Poder Público Municipal y arrebata la capacidad profesional de
cualquier alcaldía de lograr una gestión pública que satisfaga de manera
efectiva las expectativas de sus vecinos.
Es
importante señalar que esa realidad financiera que impacta negativamente a los
gobiernos locales, también afecta a los gobiernos regionales; en tal sentido,
un reportaje publicado en Tal Cual en el año 2016 denunció precisamente las
dificultades que tenían entonces las gobernaciones para responder a las nuevas
realidades laborales impuestas por el Ejecutivo Nacional.[7]
El
tema laboral y el control centralizado de los recursos públicos arrebata el
modelo federal y violenta el artículo 158 de la Constitución que asume
expresamente la descentralización como política nacional.
Resulta
oportuno destacar que el próximo 3 de octubre se celebra el Día del Vecino,
fecha muy oportuna para que los propios vecinos asuman la responsabilidad de
informarse, reflexionar y debatir sobre la realidad financiera del gobierno
municipal, y con base en la información que puedan construir, valorar la
importancia del Poder Público Municipal en los asuntos vecinales y de la
descentralización como principio rector.
Pero
también, es importante recordar que las autoridades municipales están llamadas
a informar a sus vecinos sobre la realidad financiera del gobierno municipal,
no sólo para intentar reorientar las expectativas de sus vecinos frente a la
capacidad de respuesta de cada gestión local, sino también, para facilitar un
proceso de comprensión de la crisis política, económica y social que pretende
arrebatarnos el único espacio donde efectivamente podemos aprender a valorar lo
que realmente significa la democracia y la importancia de las instituciones.
El 3
de octubre es sin duda alguna una oportunidad simbólica para reivindicar el
significado de “vecinos” y principalmente valorar la existencia y el rol de las
instituciones políticas municipales en el desarrollo, activación y fortalecimiento
del espíritu y sentimiento vecinal.
Esa
fecha resulta muy oportuna para que se eleve un reclamo contundente contra el
abuso de poder, contra el centralismo impuesto por el régimen, y además para
defender al Municipio como forma de organización del territorio nacional; pero
también es una fecha apropiada para exigir la definición de un calendario
electoral que permita elegir de manera conjunta a los alcaldes y concejales,
reconociéndolos como actores claves en el fortalecimiento de lo vecinal.
Como
vecino, ¿crees que es importante informarse y conocer la realidad de la crisis
financiera de su municipio?
Si los
gobiernos locales parecieran estar asfixiados financieramente por lo ya
expresado, ¿nos unimos como vecinos en
su defensa, o por el contrario, ignoramos esa crisis y seguimos avanzando,
asumiendo la consecuencia de su sustitución en un momento determinado en el
futuro?
¿Crees
tú que los vecinos tienen algo que decir en esta materia?
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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