Emilio Nouel V. 23 de febrero de 2020
@ENouelV
De
nuevo se impone comentar las sanciones que han sido acordadas por autoridades de
otros países contra los jerarcas chavistas y las empresas estatales que manejan
a su antojo y sin ningún control, destruidas o quebradas en ejecución de una
ideología mortífera, a la que se suma la ignorancia, la incompetencia
profesional y una corrupción nunca vista de los funcionarios que han puesto al
frente de ellas.
En
esta oportunidad se trata de una sanción de EE.UU a la empresa rusa Rosneft que
comercializa el petróleo venezolano de PDVSA. Como se conoce, a través de los
rusos, la firma venezolana ha venido evadiendo las sanciones norteamericanas.
Opinar
sobre este asunto nos obliga a referirnos a ciertas opiniones vertidas en los
medios no solo por los voceros de la tiranía, que, por supuesto, las rechazan,
sino también por quienes, presentándose como opositores al régimen, se hacen
eco de ellas al pie de la letra.
Lo
primero que debe recordarse aquí, porque algunos lo encubren interesadamente,
es el hecho de que las sanciones contra personeros del gobierno venezolano
comenzaron en el año 2017.
Principalmente,
fueron EEUU y la Unión Europea los primeros actores internacionales que las
pusieron en práctica.
Las
restricciones que traían consigo no son por causa de índole comercial o
financiero, de allí que la regulación internacional sobre estas materias no
tenga pertinencia o aplicación, como ciertas opiniones equivocadamente lo han
señalado. Sus motivaciones y naturaleza están vinculadas más bien a
circunstancias muy concretas relativas a violaciones de normas internacionales
sobre derechos humanos, delitos en general y corrupción.
El
régimen chavista y un grupo de cómplices que se dicen opositores a él, han
pretendido que compremos el discurso que afirma que las penurias que pasa el
pueblo se deben a tales penalizaciones.
De modo que el enorme desastre económico de Venezuela, las
expropiaciones, controles de precios y cambio, despilfarro, malversación del
patrimonio público, la corrupción administrativa, destrucción de las empresas
del Estado, el descalabro de los servicios públicos, el hambre, el
desabastecimiento que padece el país, la crisis eléctrica y la ruina de las
empresas del Estado, según aquellos, es producto de tales sanciones.
Nada
más alejado de la realidad. ¡A otro perro con ese hueso!, diría el ciudadano de
a pie medianamente informado.
Porque
cualquiera que superficialmente se tome la molestia de averiguar sobre el tema,
muy rápido descubrirá que las causas y primeros efectos de la terrible
situación social que vivimos los venezolanos, los arrastramos desde antes del
año 2017, y que no fueron generados por las sanciones, las cuales, además,
apuntaron inicialmente a funcionarios gubernamentales sindicados de delitos de
lesa humanidad, de latrocinio o de vínculos con el negocio del narcotráfico o
el terrorismo.
Las
sanciones norteamericanas no tienen nada que ver con el libre comercio o la
libre empresa, como algunos descaminados y otros cínicos han querido hacer ver,
al querer enrostrar a EE.UU una supuesta incongruencia con los principios sobre
libre mercado que siempre ha defendido.
Las
sanciones, por otra parte, excluyen las importaciones de bienes esenciales como
los alimentos y medicinas, las cuales pueden ser comerciadas sin ninguna
limitación.
Por
su parte, las europeas tienen como motivación el hecho de que el régimen se
opone a realizar elecciones libres en Venezuela.
Este
tipo de medidas, cuando están impulsadas por razones de otra índole, como las
que persiguen dominar o sojuzgar un pueblo determinado, amenazando sus derechos
o poderes soberanos, irían, sin duda, contra el Derecho internacional.
Pero
si se trata de sanciones que apuntan a ayudar a un pueblo sometido por una
tiranía, como es el caso venezolano, y sobre el que las NN.UU, su Alto
Comisionado para los DDHH, han señalado en sus informes todo tipo de delitos de
lesa humanidad cometidos, aquellas
tienen una sólida justificación jurídica, moral y política.
Que
la aplicación de esas medidas al régimen sirva también a otro tipo de intereses
geopolíticos de quienes sancionan, no es de extrañar. En el mundo que vivimos no podemos sustraernos
a esas realidades que también se cruzan en el camino e inciden.
Las
sanciones sobre la tiranía chavista son un medio de presión para que se pueda
encaminar una solución negociada a la crisis venezolana. El objetivo es ése. A
mi juicio, esa presión es apropiada y se justifica ampliamente, a pesar de los
efectos indeseables que pueda comportar eventualmente más allá del gobierno
usurpador. Es la vía idónea para resolver nuestro gravísimo problema que
trasciende nuestras fronteras, se proyecta al hemisferio americano todo y exige
una salida pacífica perentoria.
La
comunidad internacional y algunos países individualmente están resueltos a dar
un finiquito a una situación que con los días se agrava más. El Grupo de Lima,
crecido en número en las últimas semanas,
se ha pronunciado a favor de unas elecciones presidenciales como único
medio para superar la crisis.
Si
los tiranos de Miraflores no acceden a avenirse a un arreglo que evite males
mayores para el país y para ellos mismos, las sanciones se profundizarán, y no
queremos siquiera mencionar el infierno en el que podríamos hundirnos. Las
calamidades que ya experimentamos, palidecerían ante lo que podría venir si no
terminamos de ponernos de acuerdo en un desenlace consensuado.
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