Por El Estímulo
Este martes 14 de
julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe que complementa al publicado a
principios de mes. En este documento, Bachalet resalta la falta de
independencia en el sistema de justicia en Venezuela y señala varios factores
que llevan a esto.
«La inseguridad en la
titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para
su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por
ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de
trabajo y las restricciones a su libertad sindical… merma la capacidad del
poder judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y
para velar por el respeto de los derechos humanos», señala el informe.
El informe se basa en
entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. En él se pueden encontrar
10 claves que explican la falta de independencia del sistema judicial en
Venezuela.
1. Los superiores
dictan instrucciones a los jueces
Los magistrados del TSJ
tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el
país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas
indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los
jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar
una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias.
El informe señala que
un ejemplo claro está en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. En 2009 fue
procesada tras pronunciar un fallo que daba cumplimiento a una decisión del
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. La jueza fue encarcelada y
posteriormente puesta en libertad en 2011 con medidas cautelares. Su caso tuvo
un efecto amedrentador, pues impidió a los jueces actuar de forma independiente
por temor a ser objeto de un procesamiento penal.
2. Un decreto de
emergencia judicial destituye a los jueces
En 1999, la Asamblea
Nacional Constituyente emitió un decreto en que se establecía la “emergencia
judicial” y se creó una una comisión dotada de la facultad para destituir
a jueces de su cargo sin seguir un debido proceso, por motivos como la
corrupción o los retrasos judiciales.
El informe señala que
la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado
basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos.
3. No hay nuevos
nombramientos de jueces
El Informe Bachelet
denuncia que desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de
nombramiento público de jueces titulares. Debido a la falta de transparencia y
de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial
del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos
legales.
En 2019 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación
había generado una situación en la que menos del 25 por ciento de los jueces
eran titulares.
4. El TSJ actual no se
constituyó de forma legal
La composición actual
del TSJ fue consolidada en diciembre de 2015 con el nombramiento de 13 jueces
por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante. No
obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una
mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición.
El proceso de
nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley. Trece jueces del
TSJ se vieron obligados a jubilarse anticipadamente para que fuera posible
nombrar a nuevos magistrados, algunos de los cuales habían ocupado cargos en el
poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder.
Además, no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución
para ser magistrados.
5. Un TSJ en contra de
la Asamblea Nacional
El informe señala que
entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, el Tribunal pronunció 127 sentencias
que invalidaban decisiones de la Asamblea Nacional. Además, el 26 de mayo de
2020, el TSJ ratificó la elección del parlamentario Luis Parra como
Presidente de la Asamblea Nacional y calificó la presidencia de Juan
Guaidó de “desacato”.
Desde marzo de 2017, el
TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el
procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido.
6. Militares enjuician
civiles
El informe de Bachelet
muestra preocupación por el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a
civiles. Como ejemplo coloca el caso que ocurrió el 13 de agosto de 2019,
cuando el dirigente sindical Rubén González fue condenado a cinco años y
nueve meses de reclusión por un tribunal militar, acusado de haber injuriado a
las fuerzas armadas.
7. Bajos salarios de
jueces
Según los datos
recopilados para el informe, el salario mensual de un juez gira en torno a
30 dólares, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a
todos los niveles de la administración de justicia.
8. Tribunales de
terrorismo violan los derechos
Otra fuente de seria
preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos
vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando
interno del TSJ en lugar de una ley de la Asamblea Nacional. El informe señala
que los procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de
debido proceso y el derecho a un juicio justo.
Desde 2018, se recurre
cada vez más a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política,
incluyendo de militares.
9. Los fiscales se
nombran a dedo
La inseguridad de
titularidad afecta también a los fiscales del Ministerio Público. Casi todos
ellos son provisionales. Su nombramiento o destitución se dejan a la
potestad discrecional del Fiscal General, pese a que por ley debe ser a través
de concurso público.
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Además, el Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales.
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Además, el Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales.
Fiscalía chavista cita
a Guaidó por supuesto golpe de Estado. Foto: AP
10. Los defensores
públicos no siempre defienden
Los defensores públicos
no siempre defiende adecuadamente a las personas que representan. El informe de
Bachelet revela un insuficiente grado de independencia de los defensores
públicos durante las audiencias relativas a algunos casos de relevancia
política, en los que no se permitió a los acusados elegir a sus abogados.
14-07-20
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