Por Deisy Martínez
El comisionado de
derechos humanos ante Naciones Unidas, designado por Juan Guaidó, Miguel
Pizarro, registra alrededor de 50 recomendaciones
acumuladas para que el régimen de Nicolás Maduro respete los DDHH en
Venezuela. Las sugerencias contenidas en informes presentados por la alta
comisionada Michelle Bachelet y que no han sido acatadas deben, a
juicio del funcionario, aumentar la presión en el seno de la ONU para que
Miraflores las cumpla.
“El cúmulo de
recomendaciones lleva a dos opciones, o se convierten en adorno o se
transforman en mandatos más fuertes. Hay más de 50 recomendaciones acumuladas,
nos toca seguir aumentando la presión. No esperamos un cambio de conducta del
régimen, eso solo lo logra el cambio político, pero sí que cesen los tratos
crueles e inhumanos en centros de detención como la Dgcim”, expresó
Pizarro este miércoles, en rueda de prensa vía Zoom.
El político volvió a
referirse al trabajo de Bachelet sobre Venezuela, esta vez por la presentación
de un nuevo informe ante el Consejo de DDHH de la ONU. La expresidenta de
Chile se centró en las violaciones de derechos humanos que gravitan en torno a
la explotación ilegal en el Arco Minero del Orinoco y que ha causado 149
muertes desde 2016.
Pizarro destacó que
Bachelet también se refirió con detalles a las torturas sufridas por presos
políticos en calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en
Boleíta, Caracas. Así mismo, la situación general del sistema de justicia que
solo actúa según los mandatos del régimen chavista.
¿Qué viene después del
informe de Bachelet?
El exdiputado explicó
que el nuevo informe de la alta comisionada sienta bases importantes para que
en septiembre la misión de verificación de hechos de la ONU presente
a su vez su informe final sobre la situación en Venezuela, ante el Consejo de
DDHH. Aseguró que el documento no contendrá solo narración de hechos sino que
incorpora nombres y apellidos, cadenas de mando y niveles de responsabilidad de
los victimarios.
En septiembre de 2019,
con 19 votos a favor y siete en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU aprobó la creación de la misión para investigar ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Venezuela. Ello a raíz de
la visita de Bachelet al país y el reporte que presentó luego de entrevistar a
un número de víctimas de violaciones de DDHH.
“La segunda discusión
que se planteará es cómo la oficina puede hacer más, el Consejo y cómo
los mandatos desde los países que lo integran pueden ser más efectivos. En el
informe no hay ninguna duda de que el régimen no cumple con las
recomendaciones, debemos seguir presionando”, agregó.
Dijo
entender el malestar de familiares de las víctimas de violaciones de DDHH y
las críticas de ONG como Foro Penal sobre las actuaciones de la alta
comisionada y que les parezca poco contundentes e insuficientes, pero les
recordó que el camino para conseguir la justicia “es largo”. Aseguró que
la presión ejercida desde estas organizaciones y de los familiares juega un rol
fundamental y debe continuar.
La joya de la corona
Pizarro subrayó que
Venezuela tiene un caso abierto en la Corte Penal Internacional (CPI)
impulsado por Estados y que además lo que recoge el Consejo de DDHH de la
ONU se envía de oficio a la Corte. Recalcó que la joya de la corona para que
los violadores de DDHH en Venezuela sean castigados, derivará de lo que
presente la misión de verificación de hechos sobre las responsabilidades
individuales en los crímenes cometidos.
“Mucha gente en el
mundo creía que eran exageraciones de la oposición y es desde hace un par
de años que se empieza a entender lo que desde hace tiempo venía
sucediendo, un grupo usando todo el poder del Estado para tener a todo un
país como su rehén. El régimen creía que con una silla en el Consejo de la ONU,
esto no iba a pasar y han intentado presionar a la oficina de la alta
comisionada pero han conseguido lo contrario”, mencionó.
Arco minero y Dgcim
El político en el
exilio insistió en la importancia de que sea la primera vez que un informe de
Bachelet recoja con detalles el régimen de torturas en la Dgcim, es decir,
que se refiera a las “palizas” que reciben los presos políticos, “asfixia
con bolsas de plástico, inmersión de la cabeza bajo el agua, descargas
eléctricas en parpados y genitales (violencia sexual), y a luz blanca prendida
todo el tiempo” para impedir el descanso.
“Ya no es una narración
de familiares y detenidos, hoy Bachelet tiene esto como parte fundamental de su
informe.También habla de la discrecionalidad de jueces y fiscales, que antes de
decidir los tribunales ordinarios esperaron instrucciones del TSJ, cómo se le
hace imposible a un familiar el acceso a los expedientes, que las fuerzas
de seguridad no aportan información sobre el paradero de los detenidos a las
familias”, agregó.
El reporte de Bachelet
también abre la puerta, resaltó Pizarro, a que el tema ambiental en Venezuela
pueda ser tomado más en cuenta en el seno de la ONU a raíz de la situación en
el Arco
Minero. Aseguró que también son pasos fundamentales
para obtener justicia.
“Hasta este momento no
se había discutido en el sistema de la ONU la actividad en el Arco Minero, que
es controlado por grupos y elementos armados que imponen las reglas y
reproducen el modelo del pranato que funciona en las cárceles, que golpean,
asesinan quienes osan llevarse oro aunque sea una pepita. Se habla de la
explotación sexual contra las mujeres en la zona, las masacres del pueblo Pemón
y de Ikabarú y la contaminación de las aguas, entre otros temas”, dijo.
15-07-20
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