Los presos nunca son presos políticos

Por Angélica Alvaray

Hace unos días, no sabemos a cuenta de qué, la nueva ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Trinidad Jiménez, argumentaba que en Venezuela no hay presos políticos porque "A diferencia de lo que ocurre en otros países, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no tienen catalogado como preso político a ningún preso en Venezuela".

Estas palabras, así como las de Chávez apoyando al gobierno chino en contra del premio Nobel de La Paz, Liu Xiaobo, quien está preso por "subversión contra el poder del Estado", no hacen sino subrayar una ética de adhesiones, una doble moral al enfrentar situaciones de violación de derechos humanos, cuya opinión depende de quien esté involucrado y si se tienen o no intereses que resguardar.

El nivel de información y la manera como las sociedades se están organizando no nos permite seguir los modelos maniqueístas del pasado, mucho menos en aspectos tan importantes como el poder reconocer una dictadura, una democracia, quienes son realmente presos políticos, o exiliados. ¿Dónde están esas líneas en este siglo XXI? ¿Cuáles son esos conceptos básicos que nos permiten reconocer los viejos nombres con todo y el disfraz de modernidad que puedan tener?

Seguramente estaremos de acuerdo que los elementos básicos de una democracia formal y representativa son el respeto a la constitución y a las leyes, la independencia de poderes, la libertad de asociación y de participación, la libertad de expresión y el derecho al trabajo sin discriminación. Si hablamos de presos políticos, estaremos hablando de cualquier persona a la que se mantenga en la cárcel por haber expresado opiniones en contra del régimen, aun cuando la causa formal sea acusarlo de un delito común.

Con este marco base, podemos enumerar ciertas “fallas” o “ausencias” en nuestra democracia actual, ilustradas por hechos recientes que ponen en entredicho la independencia de poderes, y el derecho al debido proceso en el caso de los presos políticos.

I

En un país donde la Constitución dice claramente en su artículo 63 que la representación tiene que ser proporcional, la inequidad del sistema electoral permitió que la oposición, a pesar de haber ganado la mayoría de los votos para la Asamblea (51,88%), obtiene solo 40% de los curules en el congreso.

No hay una respuesta clara del gobierno que explique esta anormalidad.

II

En recientes declaraciones, el Presidente de la República dice que si llegara a ganar la oposición en las elecciones del 2012, habría una revolución. Estas palabras fueron avaladas una semana después por el jefe del Comando Estratégico Operacional de las FF.AA, Rangel Silva, en contradicción con el artículo 330 de la constitución: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.”

La reacción del gobierno fue la de ascender a dicho militar al grado de General en Jefe.

III

La jueza María Lourdes Afiuni, paga una sentencia de 30 años de cárcel por ordenar la liberación del banquero Eligio Cedeño. Sobre este caso ha habido incluso un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien solicitó al Estado venezolano su liberación inmediata, así como la reposición de su cargo como jueza 31 de Control de Caracas, el cual ejercía al momento de su detención.

La Juez sigue en prisión.

IV

Los diputados recién electos, Biagio Pillieri y José Sánchez, están ambos bajo arresto, y Hernán Alemán y Richard Blanco, están sometidos a régimen de presentación. La constitución dice en su artículo 200: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”

Los diputados no han sido liberados a pesar de haber sido proclamados, y se les amenaza con dictarles sentencia.

V

En Venezuela hay un listado que reconoce al menos 22 presos políticos, sin contar los que han sido liberados, o los que tienen régimen de presentación. Hay presos en el ámbito sindical, como por ejemplo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, a quien se le acusa de haber promovido disturbios violentos dentro de esta factoría. Están también los casos de los comisarios Simonovis y Forero, de varios militares, de otros sindicalistas.

Las organizaciones internacionales tienen vedada la entrada al país.

Se trata pues de ver un poco más allá de lo que lanza la propaganda oficialista a la calle. No entendemos qué fue lo que instó a la Sra. Jiménez a declarar lo que ha reiterado en el congreso español. Creemos que puede obtener información más clara del país si se reúne no solo con fuentes oficiales, sino con un espectro más amplio de la sociedad. Los venezolanos esperamos de España y del resto del mundo el apoyo necesario para señalar estas irregularidades y para avanzar en el restablecimiento de una verdadera democracia.