Por Franz von Bergen
En 1994, William Dunn,
profesor de la Universidad de Pittsburgh y reconocido teórico en el área de
políticas públicas, aseguró que uno de los grandes riesgos que enfrentan los
gobiernos a la hora de elaborar planes es “proponer la solución adecuada al problema
equivocado”*. Por eso, y para evitar caer en esta falencia, tanto Dunn como
otros especialistas advirtieron sobre la necesidad de “estructurar los
problemas” antes de abordarlos y proponer soluciones que podrían implicar una
cuantiosa inversión de recursos.
El primer paso que
plantearon para alcanzar ese objetivo fue conocer bien la situación que se
enfrenta para delimitarla y encontrar sus causas y consecuencias. Para esto es
clave una herramienta básica: la recopilación de datos históricos y actuales,
muchas veces estadísticos, sobre la situación planteada.
En Venezuela hacer esto se
dificulta. Incluso, a veces es imposible debido a la opacidad de la información
oficial. Por ejemplo: el Banco Central de Venezuela ya no entrega cifras
imprescindibles para el análisis económico, el Ministerio de Salud oculta los
informes epidemiológicos y el Ministerio del Interior, según los expertos
consultados, maquilla los datos sobre crímenes.
(Gráfico de elaboración
propia. José Félix Oletta L.)
La situación es un coctel
explosivo. El doctor José Félix Oletta, el criminólogo Fermín Mármol García y
la economista Anabella Abadí, reconocidos en sus respectivas áreas, coinciden
en que la elaboración de políticas públicas eficaces para enfrentar y aliviar
los distintos problemas que existen en la sociedad se dificulta
considerablemente por la poca información. “Los médicos necesitan datos para
tomar decisiones comunes. Por ejemplo: cuando no se indica que una enfermedad
ha vuelto a aparecer, puede que no se piense en ella a la hora de hacer un
diagnóstico”, alerta Oletta, quien fuera ministro de Salud entre 1997 y 1999.
Por su parte, Fermín Mármol
García resume de esta forma el panorama que existe en su campo de experticia:
“Cuando no hay un diagnóstico certero y se maquillan las cifras, las políticas
públicas diseñadas por sectores independientes se distorsionan. No se pone
acento a las verdaderas prioridades ni en regiones que deben recibir mayor
atención. Todo eso termina perjudicando al ciudadano”.
Salud
En agosto de 2007, el
coronel Jesús Montilla, entonces Ministro de Salud, ordenó la suspensión de la
publicación del Boletín Epidemiológico Semanal. “Fue la primera vez que algo
así ocurría desde que se empezó a publicar ese documento en 1938”, asegura
Oletta, quien actualmente está realizando una investigación sobre el tema de la
opacidad en el área de salud que será publicada en los próximos meses.
El boletín es importante
debido a que mantiene un conteo detallado del número de casos registrados de
distintas enfermedades. Y eso permite evaluar cuándo ocurre un brote inusitado
de alguno de estos males y si se requiere la activación de mecanismos de
prevención.
A finales de 2007, debido a
la presión de grupos de médicos, el Ministerio reanudó la publicación del
informe, pero en enero de 2008 se detuvo nuevamente. La entrega se reactivó en
2009, pero desde entonces se divulga con retrasos y omisiones.
Otro documento que falta es
el Boletín Integral de Salud Ambiental, que debe anunciar semanalmente los
casos de enfermedades epidémicas transmitidas por vectores, como el mal de
Chagas, el dengue o la chikungunya. En lo que va de 2015 sólo se entregó en
enero.
Toda esta situación cobró
mayor importancia entre 2013 y 2014, cuando hubo un completo silencio sobre las
epidemias de gripe AH1N1 y chikungunya. “Desde noviembre de 2014 no se publican
informes epidemiológicos y el actual ministro, Henry Ventura, incluso amenazó
con eliminarlos por completo”, alerta Oletta.
Para poder contar con
cifras, grupos de médicos han realizado algunos boletines con información
oficial que se logra filtrar. “El Estado sigue recopilando los datos, pero no
los publica bajo la idea de que la información es poder y para evitar que se
conozcan retrocesos en ciertas áreas. Tienen una concepción hegemónica de las
cosas”, explica el médico.
Sin embargo, hay algunas
estadísticas que no se han podido revelar y son de gran importancia para
analizar la situación sanitaria del país. Entre ellas están las cifras de
morbilidad, ausentes desde 2011, y las de mortalidad infantil y materna, en
deuda desde 2012. “Todos estas informaciones son útiles en la medida que se
publican y sirven para tomar decisiones. Además, el reglamento sanitario
internacional obliga a que estos datos sean de acceso público”, afirma Oletta.
Economía
En el área económica, desde
hace un año las encuestas demuestran que es lo que más preocupa a los
venezolanos debido a las altas cifras de inflación y escasez. Aún así, las
omisiones estadísticas son tan graves como las de salud.
Anabella Abadí, que también
es especialista en análisis de entorno y gestión pública de ODH Consultores,
hizo recientemente una presentación sobre el tema en la que demostró que muchos
de los indicadores económicos y financieros que deben presentar el BCV, el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Finanzas tienen
retrasos o simplemente se dejaron de publicar. “La falta de estadísticas
oficiales afecta a todos los venezolanos. Millones de decisiones económicas que
dependen de estadísticas oficiales se están tomando a ciegas, asumiendo lo
peor. O simplemente no se están tomando. En medio de la crisis que atraviesa la
economía venezolana, lo último que se necesita es más incertidumbre”, afirmó la
economista en su trabajo.
En lo que respecta al BCV,
el Índice de Precios al Consumidor (un documento que permite calcular la
inflación) no se entrega desde diciembre de 2014. A eso se debe sumar que el
indicador de escasez no se divulga desde enero de ese mismo año y que el índice
de diversidad AMC (que estima la mayor o menor presencia de marcas, formatos o
variedades de productos) no aparece desde octubre de 2013, el mismo año cuando
se dejaron de entregar las cifras de ventas comerciales y de producción
manufacturera.
Otros datos vitales para
analizar la economía de cualquier país, como el Producto Interno Bruto o las
cifras de importaciones y exportaciones, no han sido actualizados en todo lo
que va de 2015. Y el Ministerio de Finanzas también ha omitido información
clave para la planificación macroeconómica, como el gasto público y la Deuda
Pública Nacional.
El Instituto Nacional de
Estadísticas, por su parte, ha obviado publicar datos sobre el precio de la
canasta básica alimentaria y la pobreza por línea de ingreso e indicadores
básicos de salud. Todas estas cifras revelarían la fuerza con la cual la crisis
ha golpeado a las familias venezolanas.
Criminalidad
Mientras que en las áreas de
economía y salud las cifras se tienen pero no se publican, en lo referente a
criminalidad la situación es todavía más grave, porque de algunos delitos no se
tienen datos verídicos, mientras que con otros se intenta maquillar los
números, según advierte Mármol García.
Sobre el primer factor, el
experto explica que la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones,
por lo que no se denuncian algunos sucesos como robo a mano armada, hurtos o
secuestros. “De estos delitos el registro público es prácticamente inexistente.
La situación cambia en lo referente a los homicidios porque es algo muy difícil
de ocultar, pero sobre este tema tenemos el problema de la distorsión de las
cifras”.
Durante los últimos años, ha
habido una diferencia de alrededor de 15 puntos porcentuales entre las
informaciones divulgadas por el Estado en la Memoria y Cuenta del
Ministerio del Interior y las recopiladas por distintas ONG. “Es muy probable
que esto se deba al problema del sub registro. Se crean categorías dividiendo
los asesinatos por la forma en que ocurrieron para evitar dar un número total.
Se omiten, por ejemplo, los casos de abatimientos por resistencia a la
autoridad. Y esto no es correcto, porque al final todas estas muertes son
violentas y deben contarse como tales”, afirma el experto.
Otros datos de difícil
acceso son los referentes a los números de oficiales policiales y sus áreas de
trabajo. Aunque Mármol León asegura que existe un déficit importante de
funcionarios de patrulla y de investigación, indica que no hay fuentes
oficiales a las cuales acudir para recopilar cifras, por lo que se depende de declaraciones
esporádicas de los voceros del Ministerio del Interior. “Para poder elaborar
políticas públicas correctas necesitamos de un gran diagnóstico hecho con
cifras oficiales y un buen estudio sobre percepción de la criminalidad en la
ciudadanía. Esto último tampoco lo tenemos. La única encuesta de victimización
que se ha hecho en los últimos 15 años fue en 2009 y sus datos necesitan
actualizarse”, explica Mármol.
En materia de seguridad, el
Gobierno ha anunciado 21 planes desde que llegó al poder y ninguno ha podido
reducir la delincuencia. Ese número se presenta como la mayor prueba de que el
Estado no está estructurando bien los problemas a la hora de elaborar sus
políticas públicas.
*
Dunn, William (1994): Public Policy Analysis: An Introduction. Second Edition.
Prentice Hall. New Jersey.
14-09-15
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