Por #MonitorProDaVinci
45 ONG emitieron un comunicado
tras la sentencia del pasado martes 28 de marzo en la que la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia consideró que los diputados de
la Asamblea Nacional, que estuvieron a favor de la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana en Venezuela, incurrieron en delitos de “traición a
la patria” y que no están amparados por la inmunidad parlamentaria.
A continuación el comunicado
completo.
[COMUNICADO]
Sentencia de la Sala
Constitucional del TSJ
profundiza ruptura del orden democrático en Venezuela
“El 28 de marzo de 2017, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de la aprobación
por parte de la Asamblea Nacional del ‘Acuerdo sobre la Reactivación del
Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de
resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela’,
publicó sentencia en la cual declara la nulidad del acuerdo parlamentario y
ordena diferentes medidas cautelares que constituyen una clara violación a la
Constitución1.
Desde hace varios meses las
organizaciones de derechos humanos hemos alertado cómo, a través de actuaciones
y decisiones del Poder Ejecutivo y del máximo tribunal se ha socavado el hilo
constitucional, provocando la ruptura del orden democrático. Tras la
publicación del presente fallo se reitera la ausencia del Estado de Derecho en
Venezuela, toda vez que a través de una interpretación de la Sala
Constitucional se desplaza de forma definitiva al Poder Legislativo y se
otorgan facultades ilimitadas al Presidente de la República.
La sentencia elimina la
inmunidad parlamentaria al establecer que la misma no ampara a los diputados
que forman parte de una Asamblea Nacional declarada “en desacato”. El tribunal
tipifica como delito de “traición a la patria” la actuación de los diputados,
sugiriendo que pudieran ser juzgados por tribunales militares y ordenando la
aplicación de normas punitivas como la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, entre otras.
La decisión también otorga
poderes ilimitados en materia social, política, militar, penal, jurídica, económica
y civil, al presidente Nicolás Maduro, lo cual le permiten revisar legislación
sustantiva en varias materias, incluida la militar, violando la reserva legal,
bajo el argumento de garantizar estabilidad frente supuestas acciones que
atentan contra la independencia y la soberanía nacional.
Adicionalmente, en el marco
del Estado de emergencia que se ha venido prorrogando de manera indefinida
desde el 14 de enero de 2016, esta decisión asoma la posibilidad de la
declaratoria de un Estado de Conmoción, contenido en los artículos 13 y 14 de
la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
A través de este fallo se
pretende dar legalidad y consolidar el poder en manos del ejecutivo bajo la
doctrina de la seguridad nacional, tanto por la tesis del ‘enemigo interno’ como
para prevenir el supuesto ‘intervencionismo extranjero’. Como hemos advertido
la justicia se presta al servicio de la destrucción de la democracia,
restringiendo los derechos constitucionales en miras de preservar la
permanencia en el poder del partido de gobierno.
Rechazamos el control
constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de
independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte
del Poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional,
reiterando el actual poder dictatorial del Presidente de la República.
Asimismo, deben cesar la
implementación de la tesis del enemigo interno para la preservación de la
seguridad nacional, y los agravios y descalificativos como ‘traidores’,
‘desestabilizadores’ entre otros, contra ciudadanos y organizaciones que
manifiestan una opinión crítica al gobierno y expresan sus exigencias de
respeto y garantía de derechos.
Finalmente, instamos a que se
tomen los correctivos necesarios para revertir esta decisión que profundiza el
alejamiento del país de la democracia, que se respeten las garantías
constitucionales establecidas a fin de recuperar la democracia y el Estado de
Derecho, comenzando por restablecer la función legislativa de la Asamblea Nacional,
el establecimiento de un cronograma electoral, el respeto a los derechos
civiles y políticos de los ciudadanos, el cese de la implementación de la
justicia militar contra civiles y la derogación del decreto de Estado de
Excepción y Emergencia Económica, que por la vía de los hechos ha sustituido a
la Constitución como máximo cuerpo normativo de la nación.
Quienes suscriben:
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el
SIDA – ACCSI Acción Solidaria – ACSOL
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza,
Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – FUNPAZ A.C Aula Abierta Venezuela
Cátedra de Derechos Humanos de
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello – CDH-UCAB Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Metropolitana – CDH-UNIMET Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
Centro de Resolución de
Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara Centro para la Paz y los
Derechos Humanos UCV
Coalición Clima 21
Comisión de Derechos Humanos
de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado
Apure
Comisión de Derechos Humanos
de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado
Mérida
Comisión de Derechos Humanos
de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Comisión de Derechos Humanos
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión de Derechos Humanos
del Estado Zulia – CODHEZ Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía –
CODEHCIU Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa Nacional
CONVITE AC Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos
Federación Nacional de
Sociedades de Padres y Representantes –FENASOPADRES Foro Penal Venezolano
Fundamujer-Fundación para la
Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer Humano Derecho Radio
Inmemujer
Juventud Unida en Acción
Laboratorio de Paz Movimiento Vinotinto Padres Organizados
Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea Promoción Educación Defensa en
DDHH – PROMEDEHUM
Observatorio de Derechos
Humanos de la Universidad de Los Andes Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social – OVCS Observatorio Venezolano por los Derechos Humanos
de las Mujeres Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura – SOHI
StopVIH
Unión Afirmativa de Venezuela
VIVEMUJER”.
1 Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia. Decisión http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
29-03-17
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