MUD 30 de marzo de 2017
@unidadvenezuela
1. La
Mesa de la Unidad Democrática condena de manera categórica y denuncia ante el
país y la comunidad internacional lo que considera un duro golpe a la
democracia, asestado por el gobierno de Nicolás Maduro y los poderes públicos
subordinados a él, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, contra el
pueblo de Venezuela.
2. Esta
nueva sentencia, inválida e inaceptable, deja clara la falta de independencia
del Poder Judicial. En solo 3 días hábiles resolvieron un recurso que no está
previsto en nuestras leyes para complacer al gobierno, mientras que después de
más de un año siguen sin resolver la situación de los diputados de Amazonas
para crear un supuesto desacato, el cual sirve de excusa para anular a la
Asamblea Nacional y desconocer la voluntad del pueblo expresada el 6 de
diciembre de 2015.
3. Es
mentira que el Tribunal Supremo emita órdenes a Maduro: por el contrario, sin
dudas este fallo ordenado por Maduro, dictado por magistrados que no reúnen las
condiciones para ejercer el cargo, muchos de los cuales han sido designados de
manera inconstitucional, está destinado a silenciar a los diputados y a toda
aquella persona o institución que difiera del “pensamiento revolucionario”, que
para lo único que ha servido ha sido para incrementar a niveles nunca imaginados
la inseguridad, la corrupción, la escasez y la pobreza.
4. Lo
grave es que, además, esta sentencia insólita insta al Presidente a desconocer
la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución, cuyo
fin es, precisamente, proteger a los diputados de los ataques del Gobierno y
por tanto asegurar su representación al pueblo soberano que los eligió.
5. La
inmunidad de los diputados es la garantía de pluralismo y contrapeso entre los
Poderes Públicos. Es inaceptable utilizar la falta de autonomía de los Poderes
Públicos y de dignidad de quienes los dirigen para aferrarse al poder a costa
de las necesidades del pueblo.
6. Este
Gobierno agoniza y por eso recurre a este tipo de medidas desesperadas. Eso
explica que, mediante esta aberración jurídica, la Sala Constitucional inste al
Presidente a revisar leyes de contenido penal e incluso militar bajo la figura
del Estado de Excepción por conmoción interna, para arremeter con más
frontalidad y descaro contra la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y el
liderazgo de la Unidad. Esta es una nueva manifestación del estado de
anormalidad constitucional que ha permitido la complicidad entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial para atentar contra el Poder Público de mayor
representatividad democrática.
7. La
Carta Democrática Interamericana es un instrumento normativo que obliga a la
República pues fue suscrita por Venezuela bajo la Presidencia de Chávez en
2001. Venezuela ha requerido su aplicación en varias ocasiones. Pretender que
invocar ese instrumento y su aplicación es un acto delictual o una traición a
la patria es desconocer esa Carta y dar la razón al Secretario General de la
OEA en su evaluación sobre la ausencia de democracia en Venezuela.
8. Los
efectos de este nuevo y deplorable fallo judicial dependen únicamente de su
destinatario, Nicolás Maduro. Es el Gobierno quien da las órdenes y ahora debe
decidir si ejecuta la torpe e inconstitucional decisión de apresar a los
diputados que suscribieron el acuerdo parlamentario sobre la aplicación de la Carta
Democrática, e, igualmente, debe decidir si aíslan al país del concierto
internacional.
9. La
sentencia inconstitucional que aquí rechazamos, más que afectar al Parlamento
Nacional electo por el pueblo, concreta un nuevo paso en el proceso de
desmantelamiento de la democracia venezolana. Por lo tanto, no estamos
dispuestos a reconocerla ni asumirla.
La MUD
ratifica el pleno respaldo a las constitucionales y soberanas actuaciones de la
AN que avaló, mediante un acuerdo, el llamado de la comunidad internacional
para que en Venezuela se celebren elecciones.
MUD
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