Por Víctor Salmerón
Los trabajos del economista
Alejandro Gutiérrez, quien ha convertido el tema alimentario en el centro de
sus investigaciones, tienen una especial relevancia en una sociedad donde la
escasez de productos básicos y el empobrecimiento alcanzan niveles inéditos. Su
voz es una de las más autorizadas en la materia: profesor titular de la
Universidad de Los Andes, doctor en estudios del desarrollo, consultor del
Banco Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Paso a paso explica las causas
del fracaso en la política agroalimentaria de los últimos 18 años y afirma que
a pesar del feroz deterioro en la calidad de vida, la administración de Nicolás
Maduro aún no toma las medidas necesarias para cambiar el rumbo e iniciar la
recuperación.
Para la revolución
bolivariana, que está en el poder desde 1999, el tema de la producción agrícola
y agroindustrial ha ocupado un lugar preponderante. El Gobierno entregó
créditos, combatió el latifundio, creó empresas agroindustriales, repartió
subsidios, exoneró impuestos, distribuyó maquinaria agrícola, creó sistemas de
riego e implementó experimentos productivos socialistas como los Fundos
Zamoranos. ¿Qué dicen las cifras sobre el resultado de esta estrategia?
Si tomamos las cifras del
Ministerio de Agricultura y Tierras, tenemos que en 2015 el valor de la
producción agrícola por habitante a precios constantes, es decir, ajustados por
la inflación para poder comparar año a año, es 20% inferior a la de 1998. Entre
2012 y 2015, el descenso es de 11%. En cuanto a la industria de alimentos,
también tomando en cuenta el tamaño de la población, hay un descenso de 20%
respecto a 1998 de acuerdo con el índice que elabora el Banco Central de
Venezuela para medir el volumen de la producción.
Realicé un trabajo para
determinar las calorías disponibles en relación a los requerimientos de la
población. Se basa en cifras oficiales, disponibles hasta 2013, y en un modelo
econométrico para calcular el período 2014-2016. Esto me da base para afirmar
que el habitante promedio venezolano tiene un consumo de calorías que está por
debajo de sus requerimientos.
Allí vemos el período en su
totalidad, pero la estrategia obtuvo resultados positivos entre 2003-2008,
cuando de acuerdo con su trabajo “El sistema alimentario venezolano: evolución
reciente y bases para el diseño de una nueva estrategia”, la producción
agrícola por habitante creció 1,6%. ¿Por qué hubo este repunte, aunque pequeño,
en esos años?
Entre 2003-2008 el Gobierno
inyectó una enorme cantidad de recursos, financiamiento, subsidios, crédito. Un
aspecto relevante es que se trata de un crecimiento muy inferior a las tasas
que registró el resto de la economía. El efecto negativo del control de precios
y el control de cambio no se notó mientras hubo suficientes divisas para
importar, pero recordemos que durante 2007, en pleno auge de la bonanza
petrolera, hubo una escasez muy fuerte; tanto, que este es uno de los factores
que influyó para que Hugo Chávez perdiera el referendo para aprobar la reforma
de la Constitución.
¿Podría resumir qué explica el
descenso constante en la producción a partir de 2008?
A partir de 2008 los precios
permanecen controlados por largo tiempo y se golpea la rentabilidad. El efecto
de los controles de precios está previsto en cualquier texto de economía: si se
fija un precio de venta al público por debajo del que equilibra la oferta con
la demanda, se genera un exceso de demanda y surgen los mercados negros. El
control de cambio entorpece las importaciones que necesita el sector, las
expropiaciones de tierras golpean la inversión privada, empresas
agroindustriales que fueron estatizadas se vuelven poco eficientes, no hay
repuestos para reparar la maquinaria, aparece la insuficiencia de semillas.
Creían que todo lo podían resolver con importaciones porque había dólares
provenientes del petróleo, pero cuando se cayó el precio del barril el país se
quedó sin divisas. Esa es la situación que tenemos ahora.
Hubo un aumento muy importante
del crédito al sector agrícola a tasas de interés preferenciales, lo que se
traduce en un subsidio que pagan los depositantes. Usted dice que en el período
1998-2013 la cartera crediticia de la banca comercial y universal, en términos
reales, creció al ritmo promedio anual de 15,1%. No obstante, precisa que hay
una pérdida de eficiencia del crédito agrícola. En el lapso 1998-2003, por cada
bolívar medido a precios constantes otorgado en préstamos, se obtenían 14,6
bolívares de producción, pero en el lapso 2008-2013 esta relación disminuyó a
2,2. ¿A qué se debe el fenómeno?
En algunos años este
financiamiento se sintió en rubros que son fáciles de controlar como el caso de
los cereales. Otra parte se desvió. La morosidad de los créditos al sector
agrícola es muy elevada, el Banco Agrícola de Venezuela tiene una tasa de
morosidad de casi 8% y la de la banca en general no llega a 1%. Muchos créditos
se desviaron. Recordemos que la agricultura se convirtió en una actividad no
rentable. Pero es bueno señalar que ha habido un cambio importante en el
financiamiento: en 2015 y 2016 la cartera agrícola obligatoria en términos
reales, es decir, descontando la inflación, sufrió un descenso.
El 19 de enero del año pasado
el Gobierno anunció la creación de nueve motores para impulsar la economía. Uno
de ellos fue el agroalimentario.
¿Cree que habrá una recuperación de la
producción?
El anuncio de los “nueve
motores” no nos hizo pensar que 2016 sería un mejor año en producción agrícola
y de la industria de alimentos. No había insumos agrícolas, buena parte de la
maquinaria estaba paralizada por falta de repuestos. El Gobierno no les anunció
los precios a los productores en el momento oportuno; por ejemplo, la cosecha
de maíz, en el momento que se recogió no tenía un precio definido. Era evidente
la caída de la producción agrícola, de la producción de la industria de
alimentos y también de las importaciones, como en efecto ocurrió. Por eso hubo
un gran desabastecimiento.
Alejandro Gutiérrez retratado
por Rodrigo Picón
El Gobierno ha permitido
importaciones de alimentos que se financian con dólares adquiridos en el
mercado paralelo. Estos productos están en los anaqueles a precios muy
superiores a los regulados. ¿Colapsó el control de precios?
Así es. La política de precios
ha colapsado y la mejor evidencia es que el mismo Gobierno está violando los controles
de precios y de cambio llegando a acuerdos con el sector privado para que
importen alimentos con sus dólares y los vendan a precios por encima de la
regulación. El Gobierno violentó su propia política de control de precios para
garantizar un mínimo de oferta.
En algunos casos, como el de
la producción avícola, que necesita maíz amarillo y soya, el Ejecutivo ha
llegado a acuerdos con los actores de la cadena avícola para que traigan con
sus dólares maíz amarillo a precios del mercado internacional. Hablamos de
dólares a precios del mercado paralelo. Lógicamente, ese maíz amarillo
incrementa el costo de producir pollos. Por eso se vende a precios muy
superiores a los establecidos por el control de precios. Pero el Gobierno no
hace nada porque hay un acuerdo tácito para no cumplir con la Ley de Precios
Justos.
En enero de 2016 se creó el
Consejo de Economía Productiva donde los empresarios se sientan con
representantes del Ejecutivo en mesas de diálogo para encontrar soluciones.
¿Por qué cree que esto no ha dado resultados positivos?
Las mesas de diálogo
comenzaron a principios del año 2016 y no hubo solución de los problemas de
suministro de insumos, de repuestos. De ahí no salió nada concreto porque, como
era previsible, sin dólares se fundieron los motores que anunció el Gobierno.
Ahora se ve el impacto de quedarse sin divisas para importar y haber
implementado una estrategia que se sostenía en el debilitamiento del sector
privado porque se le consideraba un enemigo para desarrollar el proyecto del socialismo
del siglo XXI.
También el 11 de julio del año
pasado se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en la que se reforzó el
rol del sector militar en la economía. La Misión está a cargo de un comando
encabezado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien tiene
atribuciones para dictar regulaciones, directrices y medidas especiales a
empresas y regiones. ¿Piensa que esto va en la dirección correcta para
disminuir el desabastecimiento?
La misión está en manos del
sector militar, que tiene conocimiento de logística. El problema es que está
enfocada en distribuir los pocos productos disponibles y la falla fundamental
es de oferta. Eso sigue sin resolverse.
Actualmente en Venezuela hay
problemas de oferta por el cierre de empresas, la ausencia de inversión en los
últimos años, tecnología atrasada. Si se concreta la posibilidad de aplicar un
ajuste que busque reanimar la economía, ¿cómo levantar el control de precios en
estas circunstancias?
Hay muchos precios que se
pueden liberar inmediatamente, no solo en el caso de los alimentos sino de
muchos bienes y servicios que están regulados. El Estado es incapaz de
controlar todas las decisiones que toman los productores y los consumidores.
Pero hay que tener en cuenta el impacto social. Por eso el desmontaje solo es
posible en un programa de estabilización macroeconómica y de emergencia.
Necesariamente, durante un período de transición, el precio de un grupo de
alimentos básicos debe permanecer regulado con revisiones periódicas. Un
aspecto clave es la necesidad de obtener financiamiento en el exterior para
contar con suficientes dólares e importar alimentos en una primera etapa,
mientras se normaliza la producción, y crear un plan de transferencias directas
a los hogares de menos recursos para que soporten el ajuste de precios y no
haya una convulsión social. Para obtener financiamiento se requiere un plan
integral y de calidad que, entre otras cosas, tenga claro cómo corregir el
déficit fiscal que se está cubriendo con emisión de dinero que impulsa la
inflación.
¿Desde su punto de vista el
control de cambio debe eliminarse de una sola vez como se hizo en 1989 y 1996
durante los ajustes implementados por los expresidentes Carlos Andrés Pérez y
Rafael Caldera?
El desmontaje podría ser por
etapas. La tasa de cambio comercial (para importaciones y exportaciones) se
podría flexibilizar o liberar y al mismo tiempo crear un mercado legal en el
que la gente pueda comprar dólares. Pero ese mercado, que sería con intervención
del Banco Central de Venezuela, necesita suficientes reservas internacionales.
Nicolás Maduro perdió la oportunidad en 2013 de aplicar un programa de
estabilización macroeconómica, prefirió ser fiel al legado de Hugo Chávez y
Jorge Giordani. Ahora la enfermedad ha avanzado mucho. En 2013 se necesitaba
mucho menos para financiar un programa de estabilización, hoy se estiman unos
sesenta mil millones de dólares.
¿Qué propone en el caso de las
empresas expropiadas que tienen severos problemas de producción?
Hay que privatizar y hay que
decirlo sin miedo a las etiquetas. Y se comienza privatizando las empresas más
pequeñas, las más fáciles de vender. Siempre habrá capital nacional o
extranjero dispuesto a invertir. Se necesitan señales muy claras para los
inversionistas nacionales y extranjeros; en el tema de las tierras expropiadas
hay que explorar desde devolverlas a sus antiguos propietarios hasta venderlas
y promover empresas mixtas.
Un aspecto importante es
reactivar lo antes posible las cadenas de producción y eso requiere recuperar
el acceso a materia prima, abordando el tema de la deuda que tiene el sector
privado con casas matrices y proveedores en el exterior. ¿Qué hacer?
Si se crea un mercado
cambiario legal y se liberan precios a fin de que se restablezca la
rentabilidad las empresas pueden acceder a divisas a través de ese mercado, por
eso es vital la flexibilización del mercado cambiario. Pero, nuevamente, eso se
requiere un crédito que permita fortalecer las reservas internacionales.
23-03-17
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