Por Jesús Alexis González, 27/03/2017
EL tema de la Carta
Democrática Interamericana (CDI), lo hemos abordado en otros dos artículos:
“Entre la Carta Democrática y la
autocracia venezolana” (28/03/16) y en “Percepción
sobre la viabilidad de la solicitud a la OEA por la CDI” (01/06716); donde
entre otros aspectos, mencionamos que siendo la CDI una Resolución de la Asamblea General de la OEA (y por tanto no
obligatoriamente vinculante como un Tratado o Convenio) que en caso de ser aplicada adquiere la figura de una recomendación que solo puede surtir efecto si es ratificada por el Estado Miembro
afectado; que de no hacerlo impulsaría a lo sumo una suspensión con obvios efectos negativos en el campo financiero internacional,
que paradójicamente aumenta las
calamidades del pueblo con la alta posibilidad de no generarse un cambio de gobierno.
Vale recordar, que Luis Almagro actual Secretario
General de la OEA solicitó al Presidente del Consejo Permanente (30/05/16) una sesión urgente, luego de presentar un Informe de 132 páginas sobre el caso venezolano donde expuso la
necesidad de considerar la crisis institucional y la alteración del orden
constitucional que afecta gravemente el
orden democrático de Venezuela lo cual demanda cambios inmediatos en las
acciones del Poder Ejecutivo, a riesgo
de caer en una situación de ilegitimidad. Luego de unas diez horas de reunión, los Estados
Miembros desestimaron la propuesta de L. Almagro en cuanto a la aplicación
“formal” de la CDI y en su lugar apoyaron (04/06/16) una “Política de dialogo entre el Gobierno y la oposición”; lo cual no
impidió una “sugerencia” de N. Mauro en cadena de radio y televisión: “Señor Almagro, enrolle la CDI en un
tubito, y métaselo por donde le quepa, a Venezuela se le respeta y nadie le va
a aplicar ninguna Carta” (31/05/16); asumiendo una impresionante
abstracción del momento cuando en 2002 la OEA aprobó (con el voto
favorable de Venezuela) la Resolución
833 condenando la “alteración
inconstitucional de la democracia” al tiempo de invocar una “solución pacífica, democrática,
constitucional y electoral”; a diferencia del comportamiento asumido por el gobierno del presidente Carlos Andrés
Pérez luego de las intentonas militares de golpe de Estado de no invocar la
CDI, así como la de Rafael Caldera de dejar en libertad a los cabecillas.
Desde la creación de la OEA en el año 1948 Cuba
participó como Estado Miembro, hasta el momento de la Conferencia de Punta del
Este (22/01/1962) cuando EEUU propuso y
logró su suspensión (Fidel Castro se había alineado desde 1961 con la URSS)
la cual se mantuvo hasta el año 2009 cuando en la 39ª Asamblea General los 34 países aprobaron una Resolución para
revocar dicha suspensión, lo que constituyó según el vocero oficial “un
momento de regocijo para toda América
Latina”, al tiempo de informar que “la Resolución es nítida, al no
involucrar ningún tipo de condicionamiento”, al extremo de no se mencionaron
palabras como democracia, libertad, y no
intervención. Es de obviedad manifiesta, que en aras de alcanzar ese
“momento de regocijo” se soslayaron variados acontecimientos tales como que el
26 de julio de 1957 fue publicado en la revista cubana Bohemia el “Manifiesto de la Sierra” donde Fidel
Castro prometió restaurar la Constitución, convocar a elecciones libres,
democráticas y multipartidistas y la total libertad de prensa¡en 6 meses! De igual modo, en enero
1959 declaró a la prensa nacional e internacional: “Sé que están preocupados de si somos comunistas. Quiero que quede bien
claro, no somos comunistas”.
Las declaraciones de F. Castro (similares a las
posteriores de H. Chávez), facilita recordar que cuando los “revolucionarios” están aspirando alcanzar el poder apelan
reiteradamente a la mentira especialmente
enfocada en decirle al pueblo que se hace necesario limitar la influencia del gobierno sobre el Estado, manteniendo esa
mentira hasta cuando asumen el poder a partir de donde les brota la aspiración
de permanecer eternamente a la luz
de actuar sin restricciones
constitucionales, al punto de sacrificar la verdadera fuente de riqueza
nacional: la economía de mercado como
sistema social y la Sociedad Civil
como fuerza emprendedora. En tal contexto, estimulan el populismo con la intención soterrada de
hacer desaparecer el necesario binomio
esfuerzo-recompensa, en aras de propiciar un parasitismo socialgenerador de borregismo
que sacrifica su libertad política al
reprimirseles sin resistencia la libertad económica hasta configurar “una nueva forma de servidumbre”.
Tan contradictoriarevocación
de la Resolución de suspensión de
Cuba, se sucede luego de haber transcurrido casi medio siglo de “revolución” en una etapa que les ha permitido
configurar, entre muchos males, un partido
único para aparentar la celebración de “muchas elecciones libres”, una
continua represión por motivos políticos
que para 2016 se materializó en cerca de 10.000 oposicionistas detenidos, de unos 1,5 millones emigrantes a los EEUU, de unos 85.675 muertes provocadas directamente por la “revolución”, y de
unos 77.800 muertos en el mar intentando
huir de la “isla de la felicidad” (¿?). Tan nefasto historial, no ha sido
“suficiente” para que la OEA acuerde al menos una Resolución contentiva de una especie de “Moción de Critica” a pesar de serCubala cabeza de puente del comunismo en el continente americano;
con el agravante que Raúl Castro durante la Cumbre de Estados del Caribe
(05/06/16) expresó: “En nuestra opinión,
la OEA desde su fundación fue, es y será un instrumento de dominación
imperialista. Por eso Cuba jamás regresará”.
Retomando el caso venezolano, es conocido que L.
Almagro presentó un Segundo Informe (14/03/17)
donde ratifica que los ciudadanos hemos quedado a merced de un régimen
autoritario que niega los más elementales derechos habida cuenta que el “gobierno ha convertido su Constitución en
papel mojado”. El Consejo Permanente de la OEA, discutirá este Informe el
próximo 28/03/17 cuyo resultado, nos atrevemos a pronosticar, será una Resolución “escurridiza” que solo podrá
tomar al corto plazo un perfil coherente
en la medida que asumamos ser “ciudadanos
democráticos” que exigimos a gritos
en la calle nuestros derechos como p.ej. la celebración de elecciones en el momento justo que corresponda legalmente. Tal proceder, será mucho más
eficiente que la cómoda postura de esperar que la OEA nos declare antidemocráticos como condición para impulsar acciones
en pro de rescatarla; hecho que de
igual modo obliga ¡abandonar la
sumisión!
Economista
Jesús Alexis González
@JesusAlexisGo10
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