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lunes, 28 de septiembre de 2020

Lissette González: “Los mensajes por Twitter también los escucha el Gobierno que te persigue” por @prodavinci

 Por Hugo Prieto

No hay canales de comunicación independientes entre el liderazgo opositor y los venezolanos que sufren los embates de la crisis colosal creada por el chavismo. Tampoco un trabajo de articulación y organización en las propias comunidades y ciudades del país. No hay redes que interactúen entre sí. La apuesta maximalista —todo o nada— nos llevó a formas de movilización y batallas que estaban perdidas de antemano. Manifestantes pacíficos versus guardias que disparan. Habrá que intentar otra cosa. 

Quien habla es Lissette González*. Todos hemos sentido rabia y seguramente odio frente a la destrucción que convirtió a Venezuela en un Estado similar a naciones que soportan la pesadilla de una guerra o que han pasado siglos dando tumbos, sin poder encontrar la estabilidad política, ni los grandes acuerdos, para construir un destino diferente, un futuro esperanzador. “Tenemos que crear espacios de encuentro para que podamos confiar unos y otros, en un país donde nadie le cree a nadie”. Y lo dice alguien que está en la primera fila de las víctimas del conflicto político. Su padre era Rodolfo González, quien —bajo custodia del Estado venezolano— murió en los calabozos de El Helicoide, la tenebrosa cárcel creada por el chavismo. De ahí el valor, la entereza y el coraje de quien se aferra a la necesidad de preservar la vida, pese a todos los que quieren vernos —no sabría decir si verse— en un baño de sangre. 

¿Cómo caracterizaría la situación social de Venezuela?


Los venezolanos estamos viviendo una situación dramática. Tenemos varios años en una emergencia humanitaria compleja, causada por múltiples factores que están influyendo en las condiciones de vida de la gente —recesión económica, hiperinflación, deterioro o ausencia de servicios públicos, crisis sanitaria y una escasez de alimentos aparentemente mitigada—, para muchos venezolanos ese panorama pone en riesgo, incluso, su supervivencia. Este año, con los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento, se han dificultado aún más las capacidades de la gente para poder tener un sustento. La mayoría de los venezolanos están concentrados en conseguir ese mínimo de agua, gas, comida, para poder satisfacer lo más básico. 

No hay un solo síntoma de que esa realidad vaya a cambiar y la pregunta es ¿podemos vivir bajo condiciones de una emergencia humanitaria, digamos, forever? 

Hay países de África en los que la emergencia humanitaria ha persistido durante muchos años. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa crisis es tan intensa y prolongada? Pasa lo que estamos viendo en el país. La gente huye, la gente emigra, quien lo puede hacer lo hace y quien no —casi siempre los que se encuentran en las peores condiciones— pues son los que más sufren. Aumentarán las muertes no sólo por el covid-19, sino por cualquier otra enfermedad. También las muertes por desnutrición y las enfermedades asociadas a ella. No tenemos datos oficiales, pero la encuesta más reciente de Encovi, efectivamente, da cuenta de que el empobrecimiento de la sociedad venezolana es generalizado, no sólo en términos de ingresos, sino en el consumo de proteínas y calorías. El deterioro es algo que se está viendo en todos los grupos sociales.

Podríamos vivir como Haití, por ejemplo.

O como Zimbabue o como Siria o los países en guerra. Podríamos vivir así indefinidamente. No hay nada en la situación de crisis social que diga, necesariamente, que ocurra un cambio. Y si lo hubiera, no sería por la crisis social. Si al Gobierno le preocuparan los indicadores tan tremendos que tenemos en la situación social y quisiera hacer algo, pues ha tenido un montón de años para hacerlo. No parece que eso importe demasiado. Hay unos bonos, están las bolsas CLAP —que llegan con menos alimentos y en lapsos más prolongados—, pero con esas políticas el Gobierno no ha sido capaz de proteger a los más vulnerables de los efectos negativos de esta crisis. 

¿Cuál es el correlato que tiene esta crisis en las organizaciones de la sociedad venezolana?

Hay organizaciones sindicales que están exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo —en salud y educación, por ejemplo—. Pero esas organizaciones se han debilitado en los últimos 20 años por múltiples causas. Una de ellas es una política que ha sido clara, abierta y directa, de limitar la autonomía sindical y tratar de disminuir su poder. ¿Cómo se ha hecho eso? A través de medidas administrativas aplicadas por el Ejecutivo o de la exigencia, por ejemplo, de que el CNE avale las elecciones sindicales. Todos esos requisitos que se han ido incorporando a la legislación y a la práctica, de hecho, han debilitado la autonomía y la libertad sindical. Se han creado sindicatos paralelos en empresas del sector público y nuevas centrales sindicales y el Estado no ha reconocido o ha tratado de no reconocer, como interlocutor válido, a los sindicatos autónomos. Además de la relación con el poder político y de la forma en que se ha tratado de controlar al movimiento sindical, está el propio efecto de la crisis. Mientras más empresas cierran, mientras más cae el empleo formal, son menos los trabajadores sindicalizados. Tenemos un conjunto de cosas que, efectivamente, están menoscabando la capacidad y el poder que pudieran tener estas organizaciones para luchar por las reivindicaciones sociales de los trabajadores. 

Podríamos decir algo similar de los gremios empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, digamos, de las fuerzas vivas de la sociedad venezolana. Pero voy a lo siguiente, ¿no hay masa crítica para que la sociedad interpele al Estado o para increpar al chavismo en el poder?

Nunca fuimos una sociedad especialmente organizada. En la segunda mitad del siglo pasado, para hablar en términos gruesos, no había muchísimos sindicatos ni muchísimas organizaciones civiles. El tejido social venezolano nunca ha sido muy fuerte. En paralelo —años 80 y 90— los partidos políticos han dejado de tener esa base organizativa en la propia sociedad. Es decir, imaginemos a Acción Democrática en el trienio (1945-1948), cuando se propuso tener una sede en cada ciudad, en cada pueblo. Eso le dio a ese partido una capacidad de organización, de movilización, no sólo durante ese lapso, sino durante la dictadura de Pérez Jiménez. La pérdida de la base social no es exclusiva de AD, también se da en los partidos opositores. Entonces, efectivamente, no tenemos músculo organizativo para exigirle cosas al Estado. Sin embargo, eso no significa que la sociedad venezolana se ha quedado pasiva frente a esta crisis o frente a los intentos del gobierno de aumentar el control social. Más bien, a partir de 2002, lo que hemos visto es constantes movilizaciones ciudadanas —marchas, recolección de firmas para un referéndum, votaciones—, la sociedad venezolana ha tratado de resistir todas estas medidas en contra de la democracia. Pero no teníamos la organización suficiente. Lo otro es que hemos tenido a un jugador muy duro en contra de la participación en los espacios de la sociedad. 

Podríamos decir que las movilizaciones y la lucha de la sociedad venezolana han tenido una conclusión en el informe de Naciones Unidas. Es decir, estamos frente a un Estado que la propia ONU señala incurso en crímenes de lesa humanidad. Pero voy a lo siguiente: ¿esa capacidad de lucha se perdió, se extinguió, desapareció? Lo que veo, en estos momentos, es confusión en las fuerzas políticas opositoras. 

No creo que la capacidad de resistencia o de protesta de la gente desapareció. A lo largo de esta semana hubo protestas en varios estados del país, en La Vega hubo un intento de movilización por el derecho al agua. Protestas y movilizaciones que no fueron convocadas por un líder político específico. Simplemente, movilizaciones que están ocurriendo en todo el país porque la gente se resiente, entre otras cosas, porque no tiene agua, no consigue comida, no hay transporte para ir a los centros de trabajo o a las escuelas, no hay gas para cocinar. Las demandas y necesidades siguen allí y a pesar del sufrimiento, porque no se puede calificar de otra manera, la gente sigue intentando movilizarse. ¿Qué es lo que nos está pasando? No tenemos canales de comunicación efectivos entre el liderazgo político y esos sectores del país que están necesitando un cambio. No se trata de si me gusta un presidente o me gusta el otro; lo que está en juego es su supervivencia si no cambian las condiciones en que actualmente se encuentra el país. Entonces, yo creo que necesitamos reconectar con esa protesta social. Necesitamos darle conducción política a esas necesidades de la gente. Mientras el discurso político del liderazgo opositor sea «si votar o no votar, o si eres legítimo o no lo eres, o si tienes el apoyo de la comunidad internacional o no», eso no conecta con las demandas de la gente, que lo que quiere es comida, agua y gas en su casa. ¿Cómo se hace la conexión entre las mejores condiciones de vida y el cambio político? Esa es la propuesta y el discurso político que el liderazgo opositor tiene que hacer si quiere modificar la actual correlación de fuerzas que hay en el país. 

Es muy difícil organizarse políticamente en medio de la represión. Sin ir más lejos, las FAES —el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana— asesinaron a 87 venezolanos el pasado mes de agosto. Yo creo que en Venezuela todos tenemos muchísimo miedo. ¿Tú qué crees? 

Obviamente, mañana —cuando no haya pandemia— no va a ser tan sencillo salir a las calles a marchar, a protestar. Imaginemos que un dirigente político convoca a una marcha para el 23 de enero (o en otra fecha emblemática de nuestra historia democrática), va a ser difícil llenar una autopista, porque efectivamente el miedo existe y no es, precisamente, un miedo irracional. ¿Podemos imaginar nuevas formas de movilizarnos sin exponer tanto a la gente? Ese es mi punto. Ese intento, casi a diario, ensayado en 2014 y 2017, de luchar contra las tanquetas para pasar al oeste de la ciudad eran unas batallas perdidas de antemano. No había forma de ganar. Una multitud que protestaba pacíficamente versus unos guardias que disparaban. Se ha privilegiado esa estrategia de movilización súper masiva, súper visible. ¿No sería mejor ir a las comunidades a decir «cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestro mensaje»? Quizás sea mucho más efectivo un trabajo de articulación y de organización. 500 activistas en distintos puntos de la ciudad tratando de difundir un mensaje y articular redes. ¿Puede el Estado monitorear todo eso? No lo sé. Tampoco tenemos los canales de comunicación, entre el liderazgo y la gente, que no sea Twitter, pero esos mensajes también los está viendo el Gobierno que te persigue. No se ha trabajado en una mirada más estratégica. Digamos, de activistas organizados con sus propios canales de comunicación, donde puedas movilizar, sin necesidad de hacer convocatorias públicas. ¿No era eso lo que hacían Acción Democrática o el Partido Comunista bajo la dictadura de Pérez Jiménez? Ahí no había Twitter. No podía salir por televisión o por radio la Junta Patriótica para convocar a una marcha. Sin embargo, había movilización política. Mientras no se construyan esos canales de comunicación propios —en las organizaciones sociales, en las comunidades, en los sindicatos— es muy difícil hacerle llegar a la población un mensaje de cambio y de esperanza. 

Estamos viviendo una situación muy compleja. Por un lado, tenemos la convocatoria a elecciones parlamentarias y por el otro sabemos que a los convocantes no les importa el costo de la represión interna o los señalamientos que pudiera hacer la comunidad internacional. Entonces, ¿qué hacemos con la famosa salida pacífica, electoral y constitucional?

Has dicho dos cosas importantes. Esta misma semana, Tarek William Saab, a quien le puedes o no creer, dio una rueda de prensa en la que dijo que el informe de la ONU estaba parcializado y fue elaborado por ciudadanos de países que no reconocen a Maduro. Pero también anunció las medidas que están tomando y las investigaciones que se están haciendo a funcionarios que están detenidos por violación de derechos humanos. No creo que el Gobierno esté tan despreocupado e inmune ante las denuncias que recoge el informe de la ONU. Yo creo que sí hay una preocupación. Pero no sé si el Gobierno se va a moderar a la hora de reprimir a la disidencia interna del país. ¿Qué hacemos con la salida pacífica, constitucional y electoral? Yo creo que esa es la única alternativa que tenemos los venezolanos que nos va a dar una solución de largo plazo, con estabilidad y con posibilidades de construir un futuro distinto. Cualquier solución de fuerza —un golpe dentro del chavismo, una invasión extranjera, lo que fuere— no nos daría un Gobierno estable. Sin estabilidad política sería muy difícil, si no imposible, resolver el tema social y económico interno. 

Al señor Tarek William Saab no le podemos dar el beneficio de la duda. ¿Quiénes son, por ejemplo, los funcionarios que están investigando? ¿En qué centro de reclusión están detenidos?

Esa duda es totalmente legítima y comprensible. Pero el problema en Venezuela es que nadie confía en nadie. Digamos, si una información viene del INE, no la creo, pero si viene de una ONG, sí la creo. Eso en el campo opositor. Y algo similar ocurre del otro lado. Entonces, tenemos que crear espacios de confianza, incluso, para saber cuántos funcionarios están detenidos. 

La única forma de crear confianza es que tengamos la certeza de que se aplicará la justicia. De lo contrario, esto es otro anuncio hecho por el señor Tarek William Saab. 

En el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas se refiere un caso concreto: la masacre de Barlovento, que a su vez fue mencionada por Tarek William Saab. El propio informe dice que hay unos funcionarios detenidos por esos hechos. El señalamiento que hace el informe es que si bien están detenidos los funcionarios que participaron en el operativo, no se identifica a quien dio la orden o a quien sabía, desde un nivel jerárquico más alto, que ese procedimiento se iba a realizar. Lo único que pone en cuestión el informe es que haya más gente presa, pero no niega que hayan funcionarios presos y condenados que son los mismos que dijo el Fiscal. Entonces, tenemos a dos bandos enfrentados por tanto tiempo, cada uno con su forma de entender la realidad, cada uno con sus actores a quienes se les cree o no. La mayoría de la sociedad venezolana no le va a creer al Fiscal. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener una sola visión de qué fue lo que pasó? Lo que se ha hecho en otros países que han transitado por conflictos prolongados como el nuestro. Al final hay una Comisión de la Verdad, en la cual están todas las partes representadas y sus integrantes, en conjunción, nos dirán qué fue lo que pasó y cuáles fueron las circunstancias. Si hubo personas detenidas y si fueron procesados todos los involucrados. Mientras no creemos esos espacios, va a ser muy difícil avanzar. Entonces hacen falta unos grandes acuerdos en este país en temas fundamentales —derechos humanos, políticas económicas y sociales enfocadas en resolver la crisis y buscar formas de convivir—, tenemos que crear un país donde sea posible que todos los venezolanos podamos vivir. 

No creo que a estas alturas se pueda hablar de una equivalencia en cuanto a la responsabilidad que tienen en la magnitud de la crisis, en el sufrimiento de los venezolanos, los factores políticos en pugna. No creo que haya una corresponsabilidad a partes iguales en este conflicto. Diría que hay señalamiento claro en cuanto a quién ejerce el poder y la forma en que ejerce ese poder. ¿Cuál es tu opinión? Quien controla todos los espacios en Venezuela es quien tiene que abrir las puertas de los acuerdos.

Tienes toda la razón, las responsabilidades no son iguales entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno es quien tiene el poder. El que ha decidido las políticas sociales y económicas a su real saber y entender. El único responsable, por ejemplo, de la debacle del sector eléctrico es el Gobierno, así como de la destrucción de PDVSA, del sistema educativo público y del sistema de salud —entre otras cosas— todo eso es responsabilidad de quien ha manejado el poder y el presupuesto público y quien ha legislado como ha querido durante al menos 18 años. En ese sentido, la responsabilidad es del Estado, sin lugar a dudas. Eso no lo pongo en cuestionamiento. Pero cuando yo hablo de polarización, me refiero a que hay dos actores políticos y cada uno responde a la base de apoyo que tiene en la sociedad venezolana. Y cada uno de ellos tiene las cosas en las que cree, en las que confía y en las que no. Y en ese sentido, tenemos muy pocas posibilidades de dialogar. Aquí estamos polarizados. Un opositor no está dispuesto, siquiera, a oír la versión que pueda decir alguien que es afecto al oficialismo. Y viceversa. Si los ponemos a los dos, que no son responsables de nada, porque son hijos de vecino, ni siquiera en ese escenario somos capaces de dialogar.  

*Licenciada en Sociología por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela) y Doctora en Sociología (Universidad de Deusto, Bilbao, España). Encargada de proyectos de la ONG Provea.

27-09-20

https://prodavinci.com/lissette-gonzalez-los-mensajes-por-twitter-tambien-los-escucha-el-gobierno-que-te-persigue/

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