Por Gregorio Salazar
Será muy difícil que a
futuro algún autor o autores puedan recoger con tanta prolijidad, equilibrio y
veracidad la historia del duro período vivido por los venezolanos en los años
que van del 2014 al 2020, y en específico sobre la situación de los Derechos
Humanos, como lo acaba de hacer el Informe de la Misión Internacional
Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A pesar de las cinco
negativas del régimen a permitir el ingreso al país de ese equipo investigador,
de no aceptar inclusive reunirse previamente con sus representantes y de
oponerse a dar sus observaciones sobre los hechos investigados, el impactante
informe de la ONU hurga profundamente en las entrañas de la tormentosa,
degradada y degradadora revolución chavista, disecciona y expone ante el mundo
sus inhumanas miserias y deriva antihistórica.
En la era de la
revolución de las comunicaciones las torpes negativas oficialistas resultaron
inútiles. La labor investigativa que respalda el informe y para la cual los
trece investigadores acudieron no solamente a víctimas, testigos, familiares,
ex funcionarios, sino también a la información de dominio público que circula
por las redes sociales, además de documentos oficiales, decretos, sentencias,
manuales, instructivos, blogs, informaciones, artículos de opinión y
comunicados de prensa cuya fiabilidad fue rigurosamente examinada proveyó a la
Misión de fuentes de certidumbre y capacidad de verificación.
Ya puede decir el
inefable canciller Jorge Arreaza, con el cinismo que caracteriza su actuación y
la de la insensata cúpula del “proceso”, que el informe “está lleno de
falsedades”. Las 443 páginas del documento ONU, el segundo sobre esta materia,
son ahora una sólida referencia a la que sin duda acudirán reiteradamente, desde
ahora y a lo largo de los años, investigadores, periodistas, escritores,
historiadores e incluso creadores que quieran acercarse a lo que ha sido la
realidad venezolana bajo el régimen chavista de Nicolás Maduro.
Visto que el mandato
que le dio la Asamblea General ONU a la Misión fue investigar el deplorable
estado de los DDHH, centrándose en los casos de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, la contextualización política, económica y
social de la realidad en la que se produjeron esos abominables hechos llevó a
los investigadores a un recorrido sobre los cruciales acontecimientos políticos
ocurridos en el período.
De modo que en sus
páginas están reflejadas, entre otros eventos políticos, las irregulares
condiciones en que se realizaron los procesos electorales; las violentas
protestas de calle como la denominada La Salida en 2014 y las manifestaciones
del 2016, tras las cuales se desencadenaron excesos represivos; todo el
retorcido laberinto de judicialización que llevó al desconocimiento de la
Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría calificada para la oposición y
cómo fue desmontada por instituciones subyugadas por el régimen; la sustitución
de la AN por una constituyente elegida por mecanismos inconstitucionales y que,
por cierto, ya ha anunciado el fin de su funesta actuación para finales de este
año sin llevar a cabo ¡por fortuna! todos los desmanes para la cual fue creada.
Interesante por demás
la descripción, casi milimétrica, de cómo un régimen militarista ha
desnaturalizado el rol institucional de las Fuerzas Armadas y cómo ha
incorporado para ello un componente civil instrumentado partidariamente como el
de la milicia y la interacción con los violentos “colectivos”.
Destaca en la actuación
del componente armado el surgimiento de un concepto que emparenta al régimen
que se proclamó el Socialismo del Siglo XXI con las antiguas dictaduras
militares del continente y que está plasmado en los manuales distribuidos a la
tropa, según los cuales son enemigos internos “aquellos individuos que pueden
ser nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y
mantienen posiciones opuestas a las políticas del gobierno nacional”. Qué
extrañar entonces de las muertes, torturas y trato inhumano a que han sido
sometidos dirigentes políticos y militares en rebeldía.
Mucho de esto es
sabido. Pero ahora allí están sistemáticamente recogido y organizado las
fechas, los nombres de víctimas y victimarios, los lugares, las incidencias
pormenorizadas de los crímenes, miles de asesinatos en operativos policiales,
tipos de torturas y otras violaciones a los DDHH, cometidos por ese macabro
aparato del horror en que quedaron convertidos el FAES, el Sebin, DGCIM, GNB,
PNB, y que además aceptan la actuación de gobiernos extranjeros y permite la
actuación de grupos guerrilleros.
El objetivo de las
Nacionales Unidas está muy claramente enunciado desde las primeras páginas del
informe: la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las
víctimas, para lo cual se exhorta a los Estados a considerar “la posibilidad de
iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones
y los crímenes identificados en el presente informe”. Esto último no es
menor, si se toma en cuenta que en los patrones de actuación aparecen señalados
las autoridades más altas del Estado venezolano.
Dado que la impunidad
para consigo mismos es la actuación de quienes controlan el poder, queda
fortalecer la esperanza que este registro descarnado del catastrófico estado de
los DDHH (más de 3 mil casos fueron examinados) y las amenazas bajo las que
transcurren las vidas de los venezolanos de estos tiempos de “revolución”
motive la solidaridad y la responsabilidad de la comunidad democrática internacional
para que no solamente se haga justicia, sino para que con todos los mecanismos
democráticos y la sinergia institucional de la que sea capaz ayude a abrirle
camino a la vuelta de las libertades y todos los valores de la democracia en
Venezuela.
20-09-20
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