Roison Figuera 28 de abril de 2021
@roifp
La AN
de Guaidó reiteró su llamado a la ONU y demás instancias Internacionales a
arribar a Venezuela para constatar los enfrentamiento armados en Apure. Responsabilizaron
al mandatario Nicolás Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López,
por los hechos violentos que han saldado la vida de funcionarios de la FAN
La
Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 aprobó este 27 de abril un proyecto de
acuerdo en rechazo a la designación de las autoridades del Consejo Nacional
Electoral (CNE) desde el seno del Parlamento de mayoría oficialista, electo en
los cuestionados comicios del 6 de diciembre.
En el
proyecto de acuerdo la comisión delegada acordó ratificar que el único ente que
puede designar al CNE es la AN liderada por Guaidó. Así como también, aprobaron
solicitar a la comunidad internacional mantener su posición sobre la invalidez
de los procesos convocados en Venezuela por el CNE designado por la asamblea de
mayoría chavista.
En el
acuerdo la AN de Guaidó pedirá a los países del mundo que continúen apoyando la
búsqueda de una salida negociada, pacífica y democrática a la crisis
venezolana.
Durante
el debate el segundo vicepresidente de la AN electa en 2015, Carlos
Berrizbeitia, aseveró que los nuevos rectores serán escogidos por el gobierno
de Nicolás Maduro y no como lo manda la Constitución.
«Hace
pocos días Nicolás Maduro, en cadena nacional, anunció el nombramiento de su
nuevo Consejo Nacional Electoral y cuando digo de su nuevo CNE, literal es así.
Van a ser rectores elegidos por Miraflores», dijo.
Enfatizó
que si en diciembre de 2020, cuando se realizaron las elecciones legislativas
que convocó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no había condiciones mínimas
democráticas para participar, ahora menos las hay.
«Rechazamos
rotundamente esta nueva aberración contra la democracia venezolana y le hago un
llamado a los partidos políticos, sus dirigentes, ir con estas condiciones
seria ayudar al régimen», manifestó.
Por su
parte, el diputado Ángel Caridad afirmó que el régimen de Maduro planea
«imponer» nuevas autoridades para seguir atornillándose en el poder.
«Yo
aplaudo la intención de muchos ciudadanos venezolanos con credenciales, con
buen perfil, con buena actitud para regir los destinos de la directiva del
poder público electoral, lo que rechazo es la metodología de la narco
dictadura», apuntó.
En
tanto, el también parlamentario Freddy Guevara sostuvo que a diferencia de las
monarquías, de las dictaduras y de otros sistemas de gobiernos, en la
democracia la soberanía reside en el pueblo y se ejerce de manera directa a
través del sufragio.
Aseveró
que no están dispuestos a apoyar algún acuerdo que sea para mantener todo igual
o que sea simplemente para sobrevivir.
«Estamos
buscando un CNE legítimo, que de confianza y sea reconocido por la comunidad
internacional», agregó
En el
acuerdo, aprobado en sesión ordinaria, la AN también expresa el compromiso por
la recuperación de la institucionalidad democrática y restablecimiento de
garantías para que los venezolanos puedan decidir libremente a través del mejor
mecanismo de la democracia como es el voto; participando en elecciones justas,
competitivas y verificables.
AN de
Guaidó pide tratar enfrentamientos armados
Durante
la sesión virtual de la comisión delegada de la AN electa en 2015 y que se
instaló en un período adicional por continuidad administrativa los
parlamentarios debatieron sobre la presencia de grupos armados que actúan el
país.
Sobre
el tema, los diputados opositores reiteraron el llamado a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y demás instancias Internacionales a arribar a
Venezuela. También responsabilizaron al mandatario Nicolás Maduro y al ministro
de Defensa, Vladimir Padrino López, por los hechos violentos que han saldado la
vida de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional.
El
presidente de la AN electa en 2015, Juan Guaidó envió condolencias a los
familiares de los fallecidos y anunció que el Parlamento venezolano junto
al gobierno colombiano y organismos multilarerales, investigará la violación de
derechos humanos que se comete en la zona fronteriza.
El
diputado Luis Lippa, instó
a la ONU a nombrar una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de
Seguridad de este órgano, “para poner orden y garantizar el regreso” a sus
hogares a los más de 6.000 desplazados. Lippa propuso que se ponga en
práctica una política de Estado fronteriza en aras de que los venezolanos
se sientan seguros en su territorio.
En
tanto, la diputada Gaby
Arellano señaló que que los nuevos bombardeos contra la FAN afecta a
muchos ciudadanos.
La
presidenta de la subcomisión de Fronteras calificó de una “mentira” el hecho
que la FAN defienda la soberanía de la nación. Afirmó que, por el contrario, es
una guerra interna entre grupos de la guerrilla colombiana de la FARC.
La
diputada Gaby Arellano denunció una vez más la complicidad que a su juicio el
régimen tiene con grupos irregulares.
Durante
el debate el también diputado Freddy Superlano dijo que el desplazamiento, el
tráfico de estupefacientes y la violación sistemática de los derechos humanos
en la frontera han dejado a la ciudadanía en un total estado de indefensión.
Recordó
que de acuerdo a un informe presentado por la organización no gubernamental
Human Rights Watch, junto con una misión de la Corte Penal Internacional en el
año 2020, constataron que entre una de las acusaciones contra el régimen se le
atribuye el abuso policial y militar en el estado Apure.
Para
el legislador la FAN ha estado ingenua ante el ataque de grupos de militares no
convencionales que controlan grandes extensiones del territorio venezolano. En
ese sentido, infirió que los enfrentamientos entre supuestas bandas criminales
en Caracas y grupos irregulares armados en Apure dejan ver que Venezuela es un
país anarquizado donde el gobierno perdió el control.
Precariedad
de los trabajadores
La
precariedad a la que están sometidos los trabajadores también fue abordada
durante la sesión de este 27 de abril a propósito de la aproximación del Día
Internacional de los Trabajadores.
En
este punto el diputado Héctor Vargas manifestó que con el gobierno de Maduro no
hay posibilidades de que los trabajadores puedan mejorar su condiciones de
vida. Por lo que recalcó que la sociedad civil no tiene nada que celebrar el
primero de mayo.
Según
Vargas, un trabajador en Venezuela necesita 360 sueldos mínimos para poder
llevar el sustento a su casa, informó.
“Este
régimen acabó con el sueldo, con las contrataciones colectivas, con los
sindicatos y además con los seguros privados, afectando con ello la calidad de
vida de los trabajadores. Este régimen es enemigo de los trabajadores”, matizó.
Con
Vargas coincidió el diputado Ángel Torres, quien destacó que el
trabajador venezolano vive las consecuencias de un gobierno que se ha empeñado
en acabar con la empresa privada, y cuyas políticas solo han ahogado al
empleado público.
Ángel
Torres fustigó al mandatario Nicolás Maduro, pues aunque se hace llamar
obrero, «lo único que obra es para golpear el bolsillo de los venezolanos».
El
diputado de la AN electa en 2015 Rafael Ramírez, llamó a seguir luchando
para lograr el cambio en Venezuela y rescatar la dignidad del trabajador.
“Nuestra
lucha es para que Venezuela cambie y una vez esto suceda nuestros trabajadores
tienen que recibir un salario acorde a la economía que le permita cubrir sus
necesidades básicas. Seguimos acompañando a nuestra clase trabajadora y
exigiendo que a todos los trabajadores y a todos los venezolanos les pongan la
vacuna para que puedan trabajar sin el riesgo de pensar que se puedan
contagiar, pero además de esto, seguimos soñando con esa Venezuela de
progreso”, dijo.
En
tanto, José Prat consideró que la destrucción del
salario tiene un fin y es sustituirlo por un sistema de dependencia y miseria.
A
juicio de Prat, la organización del ciudadano, de la sociedad civil en torno a
la reconquista de la democracia, será lo que permita contar nuevamente con un
salario digno, el progreso social y familiar, así como todas las libertades
cercenadas y perdidas en estos últimos años.
AN de
Guaidó sobre el Ecocidio como crimen
La
comisión delegada de la AN electa en 2015 aprobó un acuerdo donde se instruye a
la Comisión de Justicia y Paz incluir como tipos penales en la legislación
interna a otros delitos ambientales como variantes del crimen organizado y se
gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen
de Ecocidio.
El
proyecto de acuerdo fue presentado por la presidenta de la comisión permanente
de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento Nacional,
diputada María
Gabriela Hernández. La parlamentaria indicó que el texto instruye al
cuerpo diplomático a representar a la nación en las distintas cumbres
preparatorias donde se debata la Acción por el Clima.
También
se ordena realizar las gestiones para que Venezuela pueda optar a
programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio
ambiental. Otra de los mandatos plasmados en el acuerdo es procurar que el país
pase a formar parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, el
Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y
del Pacto de Leticia por la Amazonia.
A
través del texto, solicitan instruir al comisionado contra Terrorismo y Crimen
Organizado, Carlos Paparoni y al comisionado especial de Seguridad e
Inteligencia, Iván Simonovis, para que se investigue y se lleven a la Justicia
a las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas: Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, adscrita al
Ministerio para la Defensa; Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable
de Productos Forestales y Recursos Naturales, creada según Decreto 4.391,
adscrita al Ministerio para la Defensa.
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