Gregorio Salazar 23 de mayo de 2022
Una
alerta de la mayor trascendencia están haciendo a Venezuela y el mundo más de
500 organizaciones de la sociedad civil y otras 250 personalidades ante la
severa amenaza que representa el proyecto de «Ley de Cooperación
Internacional», objetivo largamente acariciado por el oficialismo, copia en
buena medida del que existe en otros países sometidos a regímenes autoritarios
como Cuba.
Durante un período ya muy largo, en este país con uno de los índices de población vulnerable más alto del mundo la cooperación internacional asiste áreas tan amplias como la tecnología, la ayuda humanitaria, la alimentación, insumos hospitalarios, asesorías técnicas, inversiones en infraestructuras, talleres y otras actividades de formación de capital social que se desarrolla especialmente a través de las organizaciones vinculadas en su actuación a la defensa y asistencia de los más diversos derechos humanos.
Cabe
entonces imaginarse los efectos devastadores que tendrá en una población
vulnerable y altamente necesitada de atención el cierre del apoyo que hoy llega
gracias a la solidaridad de países y organismos a través de las organizaciones
sociales.
¿Pero
por qué habría que representar un cercenamiento a tan vital ayuda una ley que
curiosamente se denomina «de cooperación internacional»? Pues porque de su
contenido se desprende que el objetivo primordial del gobierno es controlar
todos los aportes que al día de hoy permiten desarrollar la solidaridad de
manera transparente, directa y sin discriminación a través de iglesias,
sindicatos, universidades, fundaciones, organizaciones de derechos humanos.
Y no
es que el gobierno se quedará con los aportes, que bien pudiera ocurrir dada
las experiencias que conocemos de sobra. Lo que sucederá, sin ningún género de
dudas, es que la sola injerencia de un gobierno con tan marcada deriva
antidemocrática hará que los organismos y fundaciones se inhibirán de enviar
sus fondos a Venezuela para desviarlos hacia otras latitudes donde también haya
necesidades.
Es
fácil imaginar las deplorables consecuencias que sobrevendrán sin esa
importante ayuda en una Venezuela donde se ha instaurado una emergencia
humanitaria compleja, agravada por los embates y secuelas de la pandemia por el
coronavirus.
Qué
mejor comprobación de esa realidad que los más de 6 millones de venezolanos, de
todos los estratos sociales, que se han tenido que marchar del suelo patrio y
los otros tantos millones que se encuentran en inseguridad alimentaria.
Sin
ambages, las 500 organizaciones que están lanzando este alerta señalan que «con
este proyecto de ley se busca reinterpretar la definición de cooperación
internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del
gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos
y ayuda humanitaria».
¿Cómo
olvidar que ha sido el escrutinio serio, meticuloso, perseverante y solidario
de las ONG´s lo que ha permitido que organismos como la Oficina de la Alta
Comisionada de la ONU para Derechos Humanos y la propia Corte Penal
Internacional arrojen tan contundentes informes sobre el condenable estado y
permanente vulneración de los derechos humanos en Venezuela.
Para
el más desavisado, está muy clara «la intención de controlar y castigar a toda
persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a
toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones», como lo han señalado
los denunciantes en un documento que está dando la vuelta al mundo.
La
intención, por eso, es también claramente retaliativa y autoritaria.
Representaría un enorme retroceso democrático con efectos de terrible impacto
en las condiciones de vida de vastos sectores de la población. Con toda razón
quienes se oponen a este condenable intento legislativo lo han bautizado como
«Ley Antisolidaridad».
Gregorio
Salazar
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