Por Luisa Pernalete
En los últimos días, los que de alguna manera tenemos algo que ver con la defensa de derechos humanos, y también ciudadanos en general, sensibles y de buena voluntad, se han visto sorprendidos y hasta indignados por la demanda por difamación introducida por Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, contra Marino Alvarado, miembro de Provea, y contra el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, a raíz del informe de Lupa por la Vida, una alianza entre ambas organizaciones que monitorea las ejecuciones extrajudiciales en el país.
Lupa por la Vida lleva ya un tiempo con ese monitoreo y reconoce que, en relación con el 2020, el número bajó: de 3.030 en ese año a 1.414 en 2021. La cifra sigue siendo muy alta en un país donde no hay pena de muerte. Este informe lo dieron a conocer, en rueda prensa, el 14 de marzo de 2022. Los muertos suelen ser jóvenes de sectores populares. Pareciera que ser joven y pobre es un riesgo.
Los mencionados defensores de DD HH, en rueda de prensa el pasado 19 de mayo, aclararon que ellos no tenían nada personal contra el gobernador Lacava, simplemente están exigiendo que se investigue el caso del estado Carabobo, dado que es la entidad con más víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Repetimos, sólo están exigiendo una investigación. No entiende entonces esa demanda por difamación contra ellos.
Tanto Marino -abogado, coordinador de Exigibilidad de Provea- como Alfredo -jesuita, párroco de La Vega- son personas ampliamente conocidas en el mundo de los DD HH. El primero es abogado, como ya mencionamos, miembro de Provea, con muchos años de trabajo en esa organización, y el segundo, sacerdote, ha trabajado en el Servicio Jesuita para Refugiados, fue hasta hace unos años director de la revista SIC, y hoy es el coordinador de DD HH del Centro Gumilla. Vive en La Vega, es párroco allí. Conoce en carne propia cómo se efectúan los operativos y redadas. Ambos conocen casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de voz de familiares de las víctimas. Lupa por la Vida no produce sus informes de manera irresponsable, no inventa los casos que reseña.
Creemos conveniente que los ciudadanos venezolanos sepamos que, según nuestras leyes, hablamos de la Lopnna y de la CRBV, defender los derechos humanos, promoverlos, es un derecho y un deber. Como creemos que esos artículos son poco conocidos, los compartimos a continuación, dado, además, que los DD HH son universales, y son para proteger a todos, de manera, que también su defensa deber ser de todos.
A los NNA, en educación para la ciudadanía, les enseñamos que, según el artículo 86 de la Lopnna, ellos tienen derecho a defender sus derechos: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por sí mismos. Se debe garantizar a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho ante cualquier persona, instancia, entidad u organismo”. Añadamos lo que dice el artículo 85 de la misma ley, en relación al derecho de petición ante cualquier entidad en asuntos que tengan relación con ellos. Y está también el artículo 91, sobre el deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los NNA. “Todas las personas tienen derecho de denunciar ante las autoridades competentes los casos de amenazas o violaciones a los derechos o garantías de los NNA”, y en el siguiente párrafo hablan del “deber” a hacer esas denuncias. ¿Usted sabía esto? Usted y yo tenemos el deber de hacerlo.
Y vayamos ahora a la CRBV, y copiamos de manera textual el artículo 132: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. ¿Sabían esto? ¡Derecho y deber! Diga usted entonces si Marino y Alfredo no están haciendo otra cosa que cumplir con un deber y ejercer un derecho a pedir una investigación, acompañando a los familiares de las víctimas de esas muertes…
En estos momentos ser solidarios con Alfredo y Marino es también ser solidarios con nosotros mismos, pues todos estamos sujetos que se nos violen nuestros derechos. Ambos defensores han dicho públicamente que ellos seguirán en su trabajo por los demás: están en su derecho y están cumpliendo con el deber de promover los DD HH.
https://correodelcaroni.com/opinion/hagamos-las-paces/deber-y-derecho-a-defender-derechos/
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