Eugenio Martínez 19 de abril de 2020
@puzkas
Según el segundo informe del Plan Intersectorial de
Preparación y Atención del COVID-19 elaborado por la Oficina
de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Venezuela
se encuentra transitando hacia el grupo de países que experimentan brotes más
grandes de transmisión local (transmisión comunitaria).
Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha definido cuatro escenarios de transmisión para la COVID-19:
1. Países sin casos (cero casos);
2. Países con 1 o más casos, importados o detectados
localmente (casos esporádicos);
3. Países que experimentan clústeres de casos en el tiempo,
ubicación geográfica y/o exposición común (clústeres de casos);
4. Países que experimentan brotes más grandes de
transmisión local (transmisión comunitaria).
El informe señala que Venezuela “se encuentra
transitando de la fase 3 a la fase 4, con los últimos casos reportados
probablemente autóctonos y productos de transmisión comunitaria”.
En el informe se alerta que “las medidas
preventivas adoptadas por las autoridades para limitar la transmisión del
virus pueden tener un impacto sobre la situación humanitaria ya
existente en el país y exacerbar las vulnerabilidades de las personas”
Se indica que “Venezuela no está exenta del dilema
entre tomar medidas rigurosas para contener la transmisión del virus o mantener
el status quo socio-económico (…) Si bien, se han tomado medidas que buscan
mitigar los efectos más severos de las medidas (…) es importante buscar maneras
de mantener y ampliar las operaciones humanitarias en el marco del Plan
Humanitario de Respuesta (HRP por sus siglas en inglés), para apoyar a las
poblaciones más vulnerables”.
Se advierte además que si bien, los kits para el
diagnóstico de casos de COVID-19 están en el país, las pruebas
confirmatorias están concentradas geográficamente cerca de la capital. También,
el incremento en el número de casos sospechosos requiere mayor capacidad para
analizar los resultados y puede reducir el stock disponible.
Por otra parte se insiste en el informe en que “los
casos graves que requieran atención hospitalaria pondrán a prueba la capacidad
del sistema de salud, en especial tomando en cuenta las interrupciones en el
suministro de agua y electricidad, la escasez de medicamentos e insumos
médicos, la salida de profesionales de salud y la capacidad operativa reducida
de las salas de cuidados intermedios e intensivos”.
Advertencias
El informe describe que un incremento exponencial de
los casos “podría saturar rápidamente los servicios necesarios para la
atención a pacientes con COVID-19. Otra preocupación es la capacidad
limitada de los servicios de morgue en hospitales e instalaciones forenses de
responder a un aumento de defunciones; una disposición inadecuada de cadáveres
puede resultar en una crisis sanitaria dentro de la pandemia”.
Además se indica que el redireccionamiento de fondos
de salud para atender las necesidades inmediatas de la COVID-19, “puede limitar
la provisión de otros servicios de salud críticos, como el acceso de mujeres y
adolescentes, a servicios de salud sexual y reproductiva dejándolas ante un
alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y
abortos inseguros, y sin acceso a productos de salud e higiene menstrual. Para
las mujeres embarazadas esto puede aumentar las posibilidades de muerte materna
y partos inseguros. Esta reasignación de fondos también puede afectar a los
servicios de atención de emergencia a las personas necesitando cuidado y apoyo
en salud mental, servicios de protección y la respuesta a la violencia de
género”
Los efectos negativos de la cuarentena
Según se detalla en el informe del Plan Intersectorial
de Preparación y Atención del COVID-19 “las medidas preventivas de cuarentena,
cierre de fronteras, limitación de tránsito y suspensión de actividades
laborales implementadas en el país, tiene un impacto en los medios de
subsistencia de las personas y en las estrategias de supervivencia
disponibles”.
En situación de ‘cuarentena social’, las
personas más vulnerables, quienes viven al día, pueden perder oportunidades de
generar ingresos, limitando su capacidad de compra y por consiguiente
su seguridad alimentaria y la habilidad de cubrir otras necesidades básicas.
Por otra parte se indica que se puede esperar
una reducción en las remesas, dada la parcial paralización de las
economías en los países de la región donde hay un alto número de migrantes y
refugiados venezolanos. En estas circunstancias, las personas afectadas
recurrirán con más frecuencia a estrategias de sobrevivencia negativas, como la
disminución de la ingesta alimenticia, venta de bienes y endeudamiento,
particularmente en los grupos más vulnerables, como las mujeres y adolescentes
cabeza de hogar, que se dedican a la economía informal. A su vez esto puede
contribuir a aumentar su riesgo de contagiarse de COVID-19.
En el informe elaborado por la Oficina de la
ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se señala que “la cuarentena
también puede limitar aún más el acceso a servicios básicos de agua,
saneamiento y saneamiento ambiental en los hogares más vulnerables. Hay riesgo
que haya interrupciones en el suministro de agua embotellada / camión cisterna
en ciertos sectores, retardos o suspensión de los servicios de recolección de
basura, que pueden acentuar hábitos inadecuados de higiene”
También se advierte que el cierre preventivo de las
instalaciones educativas para mitigar la propagación del virus afecta a
aproximadamente 6,8 millones de estudiantes que ahora necesitan opciones
educativas alternativas.
“Esta situación aumenta el riesgo de abandono escolar
y la interrupción de la prestación de servicios sociales para la población más
vulnerable, porque a menudo, las instalaciones educativas sirven como punto de
entrada a intervenciones intersectoriales, incluida la protección de la niñez y
la seguridad alimentaria”.
En el informe se recuerda que el Ministro de Poder
Popular de Educación ha tomado medidas para clases a distancia y la
continuación de la alimentación escolar hasta el fin de este ciclo. “En caso de
que los recursos educativos alternativos no estén ampliamente disponibles o
utilizados, la reanudación de las escuelas requerirá medidas compensatorias
para garantizar que los estudiantes puedan ponerse al día”.
El retorno forzado
Las medidas para controlar la COVID-19 también
pueden afectar a las personas en movilidad con la clausura de
los vuelos al país y la cuarentena social en todo el territorio, así como la
decisión de países vecinos de cerrar la frontera con Venezuela, ya que su
movilidad se verá reducida y corren el riesgo de quedar varadas sin poder
llegar a su destino final.
Según se relata en el informe “el cierre de las
fronteras con Colombia y Brasil también afecta a las personas que acceden a
medicamentos y reciben tratamientos del otro lado de la frontera, por ejemplo,
personas con VIH / SIDA y personas con enfermedades no transmisibles, aunque se
esté permitiendo el paso excepcional de algunas personas a Colombia para
recibir tratamiento médico”
Adicionalmente estos cierres “limitan la posibilidad
de continuar con comercio transfronterizo a pequeña escala para la
subsistencia. En las zonas fronterizas, como consecuencia del cierre de los
pasos fronterizos, el uso de pasos informales (o trochas) ha aumentado y se ha
vuelto más costoso, de un promedio de 3,000 pesos (90 centavos USD) a 50,000
pesos (12 USD). El uso de cruces irregulares hace imposible la vigilancia
epidemiológica en los puntos de entrada al país. Las personas que cruzan a
Venezuela por estos caminos también enfrentan retos en términos de asegurar los
protocolos sanitarios, incluyendo mantener un periodo de aislamiento social,
mientras también buscan regresar a sus lugares de origen”.
Según los reportes desde mediados de marzo, hay un
incremento en el número de venezolanos que entraron desde Colombia. Hay
reportes indicando que entre 40.000 y 60.000 personas han retornado desde el
cierre de las fronteras, incluyendo personas que realizaban migraciones
pendulares La mayoría han entrado a Venezule por Táchira, y en grado menor, por
Zulia, Apure y Bolívar. Conforme las medidas de cuarentena se extiende
en Colombia, Ecuador y Perú, entre otros países, se espera que más venezolanos
regresen.
También se resalta que “el alojamiento
temporal de las personas venezolanas retornadas para que cumplan su
cuarentena sanitaria en los municipios fronterizos se ha convertido en
un reto crítico. Además de las medidas sanitarias para prevenir
cadenas de transmisión asociadas a las personas retornadas, es importante que
también se responda a las necesidades básicas y derechos de las personas en
movilidad”
13 grupos vulnerables
El informe del Plan Intersectorial de Preparación y
Atención del COVID-19 distribuye a la población vulnerable en 13 grupos
- Personas adultas
mayores, incluidos los y las cuidadores/as de niñez
- Personas en riesgo
debido a condiciones médicas subyacentes, como por ejemplo diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer
o VIH
- Personal sanitario
- Personas con
acceso limitado a agua, saneamiento e higiene
- Personas en
movilidad, incluyendo el número de personas retornadas, aquellos viviendo
en condiciones de hacinamiento y en viviendas insalubres o en condición de
calle y las que viven de la frontera en movimiento pendulares
- Personas en
centros de detención, incluso en centros de detención preventiva donde
dependen de familiares para su alimentación (los cuales no se pueden
desplazar en la situación de cuarentena social)
- Niños, niñas y
adolescentes en riesgo (en entidades de atención y en situación de calle,
jefes de hogar)
- Comunidades
indígenas en las zonas no urbanas con difícil acceso al sistema de salud y
a alimentos
- Personas con
inseguridad alimentaria
- Personas con
discapacidad
- Mujeres en
situación de vulnerabilidad (cuidadoras de las personas enfermas y a cargo
de trabajos de limpieza, jefas de hogar que pierden o reducen sus ingresos
por la cuarentena)
- Población en
centros de larga estancia como hogares de cuidado, centros de atención del
adulto mayor
- Familias con bajos
ingresos y elevado gasto en salud para el acceso a medicamentos e insumos
indispensables
Objetivos del Plan
El objetivo del Plan Intersectorial de Preparación y
Atención es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y
evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad ante la pandemia de COVID-19.
El Plan es vigente para el resto del año, con una estrategia en fases:
- En una primera
fase (primeros tres meses), el Plan se enfoca en fortalecer la
capacidad de respuesta en 16 de los 46 hospitales y centros centinelas,
localizados en las zonas de Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda, La
Guaira), en las zonas fronterizas en Táchira, Zulia, Apure y Bolívar; y en
tres estados adicionales (Anzoátegui, Lara y Falcón). Algunos de estos
hospitales serán apoyados a través de intervenciones integrales de salud y
ASH/prevención y control de infecciones (PCI), y otros con parte de las
intervenciones programadas. Esta priorización geográfica se enfoca en las
zonas con mayor densidad de población, mayor número de casos reportados,
mayor riesgo de exposición, y zonas con una capacidad operativa inmediata
de las organizaciones humanitarias. Algunas intervenciones también se
enfocarán en fortalecer la capacidad de atención de salud primaria en
ambulatorios en los estados prioritarios.
- Las intervenciones
en comunidades más vulnerables en términos de acceso a agua, saneamiento e
higiene estarán alineadas a la misma priorización geográfica de los
hospitales y centros centinelas para maximizar el impacto. Esto incluye
los 10 estados con un enfoque en zonas urbanas, donde hay mayor densidad
de población, y mayores retos en términos de acceso a agua segura. Se
estima alcanzar a unas 511,000 personas con asistencia ASH en las
comunidades.
- Las acciones de
comunicación de riesgo y movilización social se enfocan en los 10 estados
priorizados por salud y ASH, aunque algunas actividades, como la
divulgación por redes sociales y otros medios de comunicación, tendrá un
alcance en todo el territorio nacional.
- En las zonas
fronterizas, ya priorizadas, el aumento de personas retornadas requiere
atención dedicada para mitigar la presión adicional sobre los municipios
de recepción. La respuesta se enfocará en apoyar intervenciones de salud,
agua, higiene y saneamiento, apoyo a los alojamientos temporales y distribución
de alimentos y enseres básicos, así como provisión de servicios de
protección (asesoría legal, prevención y atención a la violencia basada en
género y atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes no
acompañados o separados de sus familias). Los estados de Táchira y Zulia
registran el mayor flujo de retornos hasta el momento, aunque los estados
de Apure y Bolívar también se han visto afectados. Se buscará proporcionar
una respuesta integral en unos centros de alojamiento temporal prioritarios,
de acuerdo con el número de personas retornadas ya alojadas y las
necesidades críticas identificadas en estos centros en colaboración con
las autoridades.
- En una segunda
fase, se revisará la priorización a partir de la evolución de la
situación epidemiológica. Se espera ampliar la respuesta y el número de
hospitales apoyados con un paquete integral de intervenciones en salud y
ASH. Asimismo, se monitoreará el impacto de la situación sobre las
necesidades humanitarias intersectoriales, para re-priorizar la respuesta
humanitaria si fuera necesario, incluso si se deteriora la situación de
seguridad alimentaria y nutricional, y si es necesario fortalecer los
servicios críticos de protección y apoyo psicosocial.
Control en los puntos de entrada al país
El plan contempla una aplicación entre 1 y 3 meses de
los siguientes protocolos en los puntos de entrada al país:
- Proporcionar
asesoría técnica para la preparación de los Puntos de Entrada para
detección oportuna de casos sospechosos y contactos de casos confirmados
de COVID-19, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional para puntos
de fronteras (marítimo, aéreo y terrestre).
- Estimular el
intercambio de información y el diálogo binacional entre los Ministerios
de salud de Venezuela y Colombia según lo establecido en el RSI-2005, para
facilitar el análisis de información, el fortalecimiento de los servicios
de salud binacionales y la coordinación de la respuesta en salud para
COVID-19.
- Asesoría y apoyo
para el acondicionamiento de espacios de llegada (con carpas, almacenes
móviles, puntos de lavado de manos e hidratación, distribución de kits de
higiene, entre otros) y sensibilización del personal de atención en
primera línea.
- Ampliación de
servicios de salud, triaje, rutas para pacientes en la zona fronteriza.
Aplicación de pruebas rápidas para despistaje, asesoría para instalación
de hospitales de campaña y equipos médicos de emergencia.
- Monitorear la
situación de las personas vulnerables en tránsito en zonas fronteriza
(personas con COVID-19 que requieran tratamiento inmediato, sobrevivientes
de violencia basada en género y niños, niñas y adolescentes no acompañados
o separados), y derivación de casos identificados hacia rutas de atención
disponibles
Plan para los centros de alojamiento temporal
En el caso de los centros
de alojamiento temporal que deben establecerse en los puntos de
entrada al país se proponen las siguientes acciones:
- Habilitación de
centros de alojamiento y manejo de albergues. Las acciones puntuales
incluyen: dotación e instalación de carpas, almacenes móviles o unidades
de alojamiento temporal, habilitación de puntos de lavado de manos e
hidratación, abastecimiento de agua, rehabilitación de baños sanitarios
existentes o instalación de baños químicos y apoyo a la gestión de
residuos sólidos
- Capacitación sobre
manejo de albergues, prevención y control de infecciones en sitios de
alojamiento y asesoría técnica para aplicar medidas de saneamiento e
higiene que contribuya a la prevención y protección de infecciones
- Distribución de
enseres básicos (bidones, baldes, filtros, mosquiteros, colchonetas,
cobijas, lámparas solares, jabón, ollas, carbón, kits de higiene y limpieza,
kits de dignidad, entre otros)
- Distribución de
alimentación preparada/kits de comida.
- Comunicación con
las comunidades (mensajes sobre el riesgo a la COVID-19, apoyo psicosocial
y prevención de violencia, discriminación o estigmatización, orientación
de salud general, reproductiva y sexual
- Identificación de
casos de protección y asistencia a personas vulnerables, incluyendo niños,
niñas y adolescentes en riesgo, como los separados y no acompañados. Apoyo
a espacios de acogida para atención a la violencia basada en género
Prevención y control de infecciones (PCI), y manejo
clínico de casos
Según el informe en los últimos años, se han llevado a
cabo “varias evaluaciones de las condiciones de los centros de atención de
salud en Venezuela, revelando la capacidad reducida para la prestación
de atención y las condiciones operativas limitadas, especialmente con
respecto al acceso sostenido a la electricidad, el agua potable y los
suministros de limpieza para garantizar un saneamiento adecuado”
Se advierte que la falta de equipo médico adecuado
para el tratamiento, la falta de personal capacitado (en múltiples niveles,
incluido el pre-hospitalario) y los sistemas de referencia limitados en el país
“pueden dificultar el acceso a la atención oportuna necesaria para salvar
vidas”.
72 millones de dólares
Según se relata en el informe “los requerimientos
financieros para la implementación del Plan Intersectorial, son de USD
72.100 millones, incluyendo los componentes de salud, agua, saneamiento e
higiene, comunicación de riesgos y movilización social para enfrentar la
COVID-19, y la respuesta multi-sectorial a las personas retornadas incluida en
el componente de puntos de entrada, con un enfoque en los centros de
alojamiento temporal. El costo de las demás actividades críticas está en el
Plan de Respuesta Humanitaria.
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