Trino Márquez 14 de diciembre de 2023
@trinomarquezc
El
Gobierno de Nicolás Maduro ha venido señalando que los miembros de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) –creada en 1945 en San Francisco, Estados
Unidos- conforman un cuerpo parcializado en contra de Venezuela y a favor de
Guyana, en la disputa territorial que ambos países sostienen desde hace más de
un siglo.
No se sabe cuáles son las evidencias empíricas que posee el Gobierno de Maduro para sostener una denuncia tan grave contra el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La única razón que se le ha escuchado al presidente es que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, no contempla la intervención de la CIJ, sino solo mecanismos de negociación directa entre el Estado venezolano y el Estado guyanés. Sin embargo, en el artículo III del Acuerdo de Ginebra se le confiere al Secretario General de la ONU –en el caso de que el conflicto no pudiese resolverse por vía de las conversaciones bilaterales- la potestad de remitir la controversia a alguna de las instancias que, de acuerdo con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, permitirían solucionar el impasse de forma pacífica.
El
Gobierno venezolano ha insistido en el diálogo directo y en la participación de
buenos oficiantes, a pesar de que durante casi sesenta años han sido
infructíferas las conversaciones bilaterales y los esfuerzos de mediación de al
menos los dos últimos secretarios generales de la ONU: Ban Ki-moon y António
Guterres. Este último, en vista de los persistentes fracasos y de lo
establecido en el Acuerdo de Ginebra, decidió transmitirle el caso a la CIJ,
órgano que se declaró competente para conocer el caso y tomar la decisión que
considere convenientes.
En
este momento el expediente se encuentra en La Haya. Ya Guyana presentó sus
argumentos. El 8 abril le corresponde a Venezuela mostrar su contramemoria y
refutar los testimonios señalados por Guyana. El punto fundamental reside en
que Venezuela cuestiona el Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual se
consumó el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados que conforman el terreno
en reclamación. En la cita de París, Venezuela no tuvo un delegado directo,
sino que la representación de sus intereses estuvo a cargo de un abogado
norteamericano. Guyana, por su parte, se aferra a la tesis según la cual el
único documento legítimo ese el firmado por Inglaterra y Estados Unidos, con la
participación de un juez ruso quien presidió el tribunal.
Según
numerosos testimonios, entre ellos los de uno de los delegados norteamericano,
Inglaterra manipuló al tribunal para obtener una decisión que la favorecía en
detrimento del precario gobierno venezolano de la época y de la nación
suramericana. El gran reto que tiene frente a sí el Gobierno de Maduro consiste
en acumular todos los recaudos –mapas, notas diplomáticas, documentos
militares, declaraciones juradas, reportes de prensa y cualquier otro documento
relevante desde la perspectiva de Caracas- que certifiquen la legitimidad del
reclamo de Venezuela y les den a los magistrados de la CIJ suficientes
elementos de juicio para tomar una decisión que no lesione los intereses
venezolanos. Al menos no los perjudique de forma grave.
En las
actuales circunstancias, el Gobierno venezolano se encuentra en una situación
de enorme debilidad. Desconoce la jurisdicción de la CIJ en relación con la
controversia y está adoptando un conjunto de medidas cuyo propósito es
anexionarse el territorio en disputa. Este comportamiento beligerante e,
incluso, belicista, no conviene a los intereses nacionales, pues la aíslan y
debilitan más de lo que ya está. Guyana cuenta con el respaldo de los países de
la Caricom, de la Commonwealth, de Brasil y de Estados Unidos. Hasta ahora, las
naciones de la Unión Europea no se han pronunciado abiertamente a favor de
ningún bando, solo se han limitado a llamar al diálogo y al entendimiento.
Pero, tal es el desprestigio internacional de Maduro, que podrían alinearse con
Guyana.
El
ambiente internacional desfavorece a Venezuela. Los errores de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro con respecto a Guyana propiciaron este clima adverso. Además, Guyana
ha mantenido a lo largo de décadas una política de poblamiento, acercamiento y
colonización de esa zona, que no ha sido contrarrestada por Venezuela. Al
contrario, desde 1999, cuando Chávez llegó a Miraflores, comenzó la renuncia
sistemática al ejercicio de la soberanía en ese territorio.
Lo que
Venezuela finalmente obtenga en este complicado proceso, solo podrá lograrlo
apegada a la CIJ. Fuera de ella, lo único que obtendrá es el repudio
internacional y una derrota diplomática y legal con un costo incalculable para
la nación.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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