Monitoreamos 14 de diciembre de 2023
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Activistas
venezolanos denunciaron en el marco de la 22° Asamblea de Estados Parte
de la Corte Penal Internacional (CPI) la nueva ola de persecución desatada
por el régimen de Nicolás Maduro, con la emisión de órdenes de captura contra
dirigentes opositores y el arresto del presidente de la asociación civil
Súmate, Roberto Abdul.
En el evento, auspiciado por el Gobierno de Suecia y organizado por Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y Civil Rights Defenders, se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, contó con la participación de víctimas, defensores de derechos humanos, representantes del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Corte Penal Internacional.
Allí,
organizaciones de la sociedad civil y víctimas venezolanas presentaron
una denuncia formal exigiendo el cese de la persecución política y los actos de
tortura en Venezuela, que son cometidos en contra de todos aquellos que son
percibidos por el régimen de Nicolás Maduro como disidencia política.
Rodrigo
Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, expuso detalladamente el
patrón de persecución política en Venezuela, señalando la tendencia de hostigar
a personas cercanas a líderes de la oposición.
Advirtió
sobre el recrudecimiento de esta persecución ante las próximas elecciones
presidenciales, cuya agenda comenzó con la persecución y órdenes de detención
del sector más cercano de la candidata de oposición María Corina Machado
y la detención arbitraria de Roberto Abdul, presidente de la
organización Súmate.
Diamanti
indicó que: “Como no se atreven a detener a quienes levantarían las alertas
internacionales, como puede ser la detención de María Corina Machado, van
detrás de su equipo de confianza” y mencionó que esto ha ocurrido en casos
anteriores como los de Capriles Radonski y Juan Guaidó, destacando que: «No
hay dudas de un patrón sistemático de persecución política por parte del
gobierno de Maduro para mantenerse en el poder, a través de la comisión de
crímenes de lesa humanidad». Además, alertó sobre el riesgo inminente
que enfrentan cientos o miles de venezolanos el próximo año debido a esta
persecución, tortura y asesinato, subrayando la urgencia de la denuncia.
José
Gregorio Pernalete y Elvira Llovera de Pernalete, padres de Juan Pablo
Pernalete quien fue asesinado en el contexto de manifestaciones en 2017, a
través de sus testimonios, sensibilizaron a los presentes. Demandaron
que el crimen de asesinato constituya una de las prioridades en la
investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la situación
Venezuela I.
Igualmente,
Olga González, esposa de Leonardo González, quien también fue víctima de
asesinato en 2017 en el contexto de manifestaciones e inestabilidad política
conexa del país, narró la terrible historia de cómo su esposo fue perseguido
por funcionarios policiales, quienes le propinaron más de 20 impactos de bala y
lamentablemente ocasionaron su muerte. Olga González, afirmó: “Hablo no sólo en
representación de mi esposo, sino de todas las personas asesinadas en Venezuela
por el hecho de pensar distinto. Venimos a exigir justicia”.
El
evento también contó con la participación de Jonathan Agar, asistente especial
del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan; Joanna Frivet, miembro
del Panel de Expertos Internacionales de la Organización de Estados Americanos
y Débora Ruiz, Directora del Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte
Penal Internacional. Igualmente, estuvieron presentes, Génesis
Dávila, Presidente de Defiende Venezuela, y Rodrigo Diamanti, Presidente de Un
Mundo Sin Mordaza.
Durante
el evento, se pudo conocer que el Panel de Expertos próximamente presentará un
nuevo informe en el que se evidencia la falta de procesos judiciales en
Venezuela que cumplan con los estándares de justicia, lo que reforzará la
solicitud de que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional continúe.
El
Panel de Expertos de la OEA, a través de Joanna Frivet, respaldó estas
denuncias, instando a los Estados miembros que ratificaron el Estatuto de Roma
a exigir a Venezuela el cese de la persecución política, las detenciones
arbitrarias y los crímenes de lesa humanidad.
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