Por José Vicente Carrasquero
Se ha vuelto una pregunta
recurrente en casi todas la entrevistas que me hacen. Sorprende a mis
interlocutores que afirme que en Venezuela no hay democracia. No se puede
hablar de democracia en un país en el que la clase política gobernante no
reconoce que se ha convertido en minoría y se empeña en comportarse como si fuese
un ejército invasor. Sin ánimo de ser excesivamente formal, revisemos una por
una las características de una democracia moderna.
Comencemos con la existencia
de una constitución que limita los diversos poderes y controla el
funcionamiento formal del gobierno, y constituye de esta manera un estado de
derecho. Al respecto se hace evidente que la constitución venezolana no llega
ni a libro de referencia. Después de perder el poder legislativo, el ejecutivo
se ha agavillado con el resto de los poderes para limitar a la Asamblea
Nacional y con ello desconocer la voluntad popular expresada en las urnas el
6D.
Debe constituir un record
mundial el que en cuatro meses, la sala constitucional del TSJ haya declarado
inconstitucional 12 leyes aprobadas por una amplia mayoría de la AN. Es motivo
de vergüenza que ese mismo TSJ reconozca como apegado a derecho el
procedimiento mediante el cual se incorporaron jueces que ni siquiera cumplen
el requisito formal para desempeñar esos cargos. Más vergonzoso es que se limitara
la mayoría otorgada por el pueblo desincorporando a través de chismes y
trapisondas a los diputados del estado Amazonas con el fin de evitar que la MUD
tuviese la mayoría de dos tercios que le otorgó el pueblo.
El presidente de la
república se da el tupé de desconocer la constitución para defender un
ministros reconocidamente incapaz por medio de un decreto que pretende
protegerlo de la destitución porque nos encontramos en una emergencia
económica. Semejante despropósito solo se le ocurre a un individuo que no
respeta ninguno de los principios de la democracia.
En el agavillamiento de
poderes participa el CNE que no dice nada con respecto al mejor sistema
electoral del mundo y el supuesto fraude de Amazonas. Ahora, se empeña en poner
trabas al proceso revocatorio. Esta acción, valga la pena recordarlo, va en
contra de la doctrina que el propio Hugo Chávez le otorgaba a ese procedimiento
constitucional.
La fiscalía amenaza con
llevar diputados a juicio por supuesta traición a la patria. El motivo es la
molestia que le causa a la clase política gobernante el que la oposición
solicite la aplicación de la carta democrática a Venezuela. Ni hablar del
defensor del pueblo, ex diputado y ex gobernador por el partido de gobierno y
que por supuesto no puede dar la más mínima prueba de la independencia que al
titular de este cargo le exige la constitución nacional.
Unos poderes que obedecen a
pie juntillas las órdenes de la corrompida cúpula podrida del PSUV y que pone
el proyecto político por encima de la constitución, no cumplen con la segunda
característica de una democracia como es la separación de poderes.
El derecho a votar y ser votado en
las elecciones para una amplia mayoría de la población ha quedado en entredicho
con el atropello que sufren los diputados electos por el estado Amazonas. El
TSJ, ante la ausencia de caso y cumpliendo ordenes del PSUV, mantiene este caso
sin resolver para impedir el correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional en
manos de la oposición.
La protección del derecho
de propiedad y existencia de importantes grupos
privados de poder en la actividad económica es motivo de ataque permanente por
parte del gobierno de Maduro. No contentos con haber expropiado y expoliado
cantidad de propiedades, se dedican a acosar a aquellas empresas que a pesar de
un clima hostil a las inversiones se empeñan en seguir operando en Venezuela.
Las amenazas constantes contra las empresas más importantes lo único que buscan
es diluir la responsabilidad del gobierno por su empeño en mantener un modelo
económico anacrónico y fracasado.
La existencia de
varios partidos
políticos no es una libertad que se encuentre totalmente
garantizada en Venezuela. Prueba de ello la pueden dar agrupaciones que se han
separado del chavismo y a las cuales se les ha impedido participar en las
elecciones legislativas con sus propios candidatos. A esto se une la
persecución y encarcelamiento de líderes de la oposición y activistas
políticos. La inquina del gobierno contra todo aquel que le presente oposición
es vergonzosa. Tienen las cárceles repletas de gente injustamente detenida por
ejercer su derecho constitucional a oponerse al gobierno.
Por todos es sabido que la
libertad de expresión no es un derecho respetado en Venezuela. La persecución a
medios, periodistas y líderes de opinión por parte del chavismo ha sido una
constante durante los últimos quinquenios. Con el tiempo, la represión se ha
hecho más intensa. Junto con la libertad de expresión, la prensa libre es otra
víctima del gobierno de maduro. El solo hecho de que los medios impresos
oficialistas tengan acceso al papel y los que se le oponen no, da una idea de
la posición del gobierno con respecto a la prensa libre.
El gobierno ha bloqueado a
través del CNE cantidad de elecciones sindicales. La CTV no ha podido realizar
sus comicios para elegir nuevas autoridades. A través del poder judicial se ha
impedido que las universidades realicen sus elecciones de autoridades
rectorales. En fin, el gobierno impide el normal desempeño de todo aquello que
no se encuentre a su servicio.
Los derechos humanos en
Venezuela son una quimera. Pacientes mueren por falta de atención médica, la
PNB y la GNB atacan salvajemente a los manifestantes. Cantidad de muertes
esperan por la correspondiente investigación y castigo. No hay ante quien
recurrir por las permanentes violaciones a los DDHH en Venezuela.
En nuestro país existe un
remedo de democracia que no llega a dictadura. Es la ocupación inmoral de una
fuerza política que representa intereses extranjeros y que no tiene
preocupación alguna por la suerte de los venezolanos.
¿Será por todo esto que
Chávez incluyó el artículo 350 de la constitución? El pueblo de Venezuela,
fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la
libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe
los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos
humanos.
09-05-16
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