Carlos Romero Mendoza 13 de enero de 2017
El
diputado Fredy Guevara[1] propuso una Consulta Popular para
legitimar el Acuerdo sobre el abandono del cargo de Nicolás Maduro; luego el
Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, privado ilegalmente de libertad por un
tweet, proponía Asambleas de Ciudadanos para respaldar a la Asamblea Nacional
en su Acuerdo[2].
Por su
parte, la Unidad[3], en una Declaración, dice que respaldará
clara y firmemente, en el Parlamento y en calle, las decisiones y acciones que
asuma la Asamblea Nacional frente a la sentencia que el TSJ dictó el 11 de
enero intentando dejar sin efecto el Acuerdo de abandono del cargo de Nicolás
Maduro.
El 25
de octubre del año 2016, la Asamblea Nacional, en el Acuerdo para
iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad policía del
Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y
democrática y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación, se
declaró en “sesión permanente de consulta popular, por medio de la plenaria de
la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento
y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de
ciudadanos, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación
pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura
constitucional impulsada por el Presidente de la República.
Es
oportuno recordar ese segundo punto del Acuerdo de octubre porque allí está
expresado un compromiso político de utilizar mecanismos constitucionales,
pacíficos y propios de una sociedad que es en espíritu democrática, para
impulsar acciones concretas que relegitimen el Acuerdo de Responsabilidad
Política del Presidente de la República, aprobado el 13 de diciembre de 2016 y
el Acuerdo de Abandono de funciones de Nicolás Maduro aprobado el 9 de enero de
2016.
En 6
pasos la Asamblea Nacional cumplió con el artículo 333 de la Constitución,
mediante el cual les obliga a colaborar con el restablecimiento de la vigencia
de la Constitución, ello primero en su condición de ciudadanos y luego porque
al ser electos popularmente están obligados a cumplir con la Constitución y no
pueden, en nombre de la soberanía popular cuya representación detentan,
continuar avalando el abuso de poder que intenta desconocer el modelo de Estado
y los derechos ciudadanos que están previstos la Constitución de 1999.
El 10
de mayo de 2016 la Asamblea Nacional denunció, en un Acuerdo aprobado, la
ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en
la violación de la Constitución por parte del Ejecutivo, el Tribunal Supremo de
Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Ese Acuerdo expresaba en su
contenido lo que muchos venezolanos habían venido denunciando y lo que de
manera constante se venía advirtiendo en Asambleas, reuniones y marchas.
Ese
Acuerdo de mayo de 2016 inicia su contenido recordando que la ética y la responsabilidad
en el ejercicio del Poder Público es una exigencia de la democracia; la
separación de poderes un principio fundamental para el funcionamiento del
Estado y que las reglas del buen gobierno democrático impone al Ejecutivo y a
los demás Poderes Públicos la obligación de respetar las decisiones de la
Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias.
En ese
Acuerdo están contenidas las 5 propuestas que la Asamblea le hizo al Gobierno
para superar los obstáculos que impedían cualquier posible diálogo, que por
supuesto no fueron atendidas. Entre esas propuestas estaba la liberación
de los presos políticos, la construcción de una agenda en común y la aceptación
de la ayuda humanitaria, entre otras.
Un
nuevo Acuerdo que es aprobado el 13 de octubre y titulado rescate de la
democracia y la Constitución, permite a la Asamblea de manera categórica y
contundente anunciar que institucionalmente desconoce la autoridad y vigencia
de los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia
que sean contrarias a los valores, principios y garantías democráticas y que
lesionen los derechos fundamentales.
En ese
Acuerdo de octubre se hace el recordatorio que no hay democracia sin la
vigencia de un texto constitucional, sin el respeto de los derechos humanos y
sin el voto. Y allí se reconoce la necesidad de incluir a los ciudadanos
en el rescate de la democracia y la Constitución, a través de un movimiento
cívico nacional.
Allí
se denuncia a un CNE y Poder Ciudadano como actores serviles a los intereses
del Ejecutivo y al TSJ por haber traicionado su razón de ser, así mismo, de
manera muy clara advierte que la Supremacía Constitucional, no cede ante una
interpretación del máximo tribunal y menos ante el autoritarismo del Poder
Ejecutivo.
El 23
de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para la
restitución del orden constitucional en Venezuela, mediante el cual declaró
formalmente la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de
estado continuado cometido por Nicolás Maduro en contra de la Constitución y
del Pueblo.
Dos
días después, el 25 de octubre, nuevamente la Asamblea Nacional asumiendo su
función de control político sobre el gobierno, aprobó el Acuerdo para
iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del
Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y
democrático, y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación.
En ese Acuerdo la Asamblea Nacional anunció el inicio del debate político para
valorar la responsabilidad política del Presidente y se declaró en sesión
permanente, incluso para poder sesionar en las comunidades con la gente,
reiterando así, como expresamente lo señaló, su compromiso con el artículo 333
de la Constitución.
Así
llegó el 13 de diciembre de 2016, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Declaración
de Responsabilidad Política del Presidente de la República por grave ruptura
del orden constitucional y democrático, la violación de los DDHHH y la
devastación de las bases económicas y sociales de la Nación. En
esa Declaración política se advierte que el siguiente paso es acudir, según el
caso, al Poder Ciudadano o bien al Ministerio Público para que cumplan con su
obligación de concretar la responsabilidad del Presidente Nicolás Maduro, como
ya previamente lo había señalado en el Acuerdo del 25 de octubre.
Por
último, el 9 de enero 2017, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el
abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en
que ha incurrido el Presidente; que se fundamenta en el no cumplimiento fiel de
las obligaciones que la Constitución establece para el Presidente de la
República y cuyo contenido juró cumplir.
El
Acuerdo destaca que la actuación del Presidente ha supuesto una violación
generalizada de los derechos humanos, incluyendo una grave vulneración de los
derechos políticos y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática
necesaria para garantizar tales derechos, así como también ha significado una
continua amenaza contra la integridad de la República y su territorio.
El
Estado de Excepción, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, la existencia
de presos políticos, la imposibilidad de garantizar la seguridad ciudadana y la
libertad de expresión, el uso de la Sala Constitucional para imponer una
posición política, la supresión de la separación de poderes, son elementos que
ponen en evidencia el abandono de las funciones constitucionales y que las
mismas ha generado como consecuencia una grave crisis fiscal y económica.
El 333
de la Constitución establece la obligación de colaborar con la restitución de
la vigencia de la Constitución. La Asamblea, con estos Acuerdos, ha fijado
posición institucional y ha actuado en consecuencia. ¿Los ciudadanos
tenemos algo que hacer frente a estos Acuerdos y en respaldo o acompañamiento a
la Asamblea Nacional?
[1]Noticiero
Venevisión. Freddy Guevara propone convocar consulta pública la decisión de la
AN sobre el abandono del cargo. 10 de enero 2017. Online en: http://www.noticierovenevision.net/politica/2017/enero/10/181455=guevara-propone-convocar-a-consulta-publica-la-decision-de-la-an-sobre-el-abandono-de-cargo-de-maduro
[2]EL
Nacional. Ledezma: pueblo debe refrendar en la calle el abandono del cargo de
Maduro. 11 de enero de 2017. Online en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ledezma-pueblo-debe-refrendar-calle-abandono-cargo-maduro_74825
[3] Unidad.
El país respalda Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. 11 de
enero de 2017. Online en: http://www.unidadvenezuela.org/2017/01/pais-respalda-la-asamblea-nacional-electa-14-millones-venezolanos/
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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