Por Lissette González, 05/03/2017
Hace un par de semanas se presentaron a la prensa los resultados de la
Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2016, proyecto conjunto de la
Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la
Universidad Central de Venezuela. Esta iniciativa de recoger información social
básica sobre los hogares del país ante la ausencia de información oficial ya
cuenta con tres encuestas desde 2014 hasta 2016 y en ellas se muestra un
sistemático deterioro en los diversos indicadores de la situación social:
aumento en la incidencia de pobreza, incremento de las familias que mantienen
dietas insuficientes, problemas de inasistencia escolar asociados a las
crisis de servicios públicos y de alimentación, precarias condiciones laborales
y disminución en el acceso a planes de aseguramiento en salud.
Más allá de presentar nuevamente estas cifras o de discutir su
concordancia con las estadísticas oficiales, sí parece un hecho incuestionable
el agravamiento de la crisis y su especial intensidad para los grupos más
vulnerables de la población venezolana. Encovi es una evidencia de ello, pero
también la proliferación de personas hurgando en la basura o las muertes
asociadas a la desnutrición severa o a la ausencia de medicamentos. De hecho,
lo realmente difícil es encontrar algún indicador que pudiera permitir falsear
la hipótesis de que la crisis social se está intensificando.
Ante este panorama social que luce desolador para la mayoría de los
venezolanos, resulta inquietante que todo ese sufrimiento no parezca tener un
impacto político. Si bien diversas encuestas de opinión muestran que la
ciudadanía evalúa la situación actual como negativa y además asigna al gobierno
nacional la responsabilidad de ello, lo anterior no parece ser estímulo
suficiente para que el Ejecutivo nacional proponga nuevas políticas económicas
y sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. Es como si al
gobierno no le importara cómo viven sus ciudadanos y lo importante sería saber
por qué.
Si no responde a este interés mayoritario, ¿a qué intereses responde el
actual diseño de las políticas públicas? Pese a la crisis que vivimos la
mayoría para poder poner comida en la mesa para nuestros hijos o para conseguir
las medicinas de nuestros enfermos, hay quienes se lucran precisamente gracias
a esta carestía: los que obtienen dólares baratos, los que controlan la
distribución de los productos escasos, los que mantienen contratos con el
sector público. Para ellos, el sufrimiento del resto es su negocio.
En el trabajo clásico de Amartya Sen “Poverty and famines” se demuestra
que las hambrunas no son causadas por insuficiencia de alimentos para atender
las necesidades de la población, sino que son producto de grandes desigualdades
en los derechos de las personas (entitlements). Remarca que, en ningún país
democrático, con alternancia en el poder y prensa libre han ocurrido hambrunas.
Quizás, entonces, nuestra acelerada crisis social y las vidas que están hoy en
riesgo son el principal indicador de que nuestra democracia es ya un solo un
recuerdo.
(*) Publicado en la columna "Acuerdo Social" del diario Últimas
Noticias (05/03/2017)
Lissette González
@LissetteCGA
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