SARA ESPAÑA 19 de noviembre de 2021
@SaraEspana
La
Asamblea investiga los antecedentes en territorio ecuatoriano del presunto
testaferro de Nicolás Maduro por el abuso de un sistema de pagos virtuales
entre los países del ALBA
Alex Saab y sus socios son viejos conocidos de la Justicia ecuatoriana y, ahora también, nuevos protagonistas de la labor de fiscalización de la Asamblea de Ecuador. El empresario colombo-venezolano que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos, castigado con hasta 20 años de prisión, dejó su rastro en el país andino por el mismo delito. El Congreso del país ha empezado a repasar sus pasos para construir un informe que terminará, según las intenciones declaradas, en la Fiscalía de Quito y en los tribunales estadounidenses.
Por la
Comisión de Fiscalización han desfilado desde inicios de noviembre los
directivos del Banco Central de Ecuador, de la Aduana, del Servicio de Rentas
Internas, de la Fiscalía General y también altos cargos de la administración
del expresidente Rafael Correa que han esbozado las
ramificaciones del negocio de Saab en territorio ecuatoriano.
A
través de una sucursal local de la empresa Foglocons -que Saab comparte en Colombia
con su socio Álvaro Pulido-, conformó una
trama de exportaciones ficticias que ya en 2013 fue indagada por mover 159,8
millones de dólares no justificados. Foglocons no tiene a Saab como
accionista en Ecuador pero sí a Pulido y a Luis Sánchez Yánez, que también
compareció ante la Asamblea. Utilizaron el sistema de pagos virtuales Sucre,
creado por Rafael Correa -que rehúso declarar- y Hugo Chávez para facilitar el
comercio entre los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América) sin tener que usar dólares físicos.
Ecuador
vendió teóricamente a otros países casi 2.700 millones de dólares entre 2009 y
2019 a través de Sucre. El
99% de esas transacciones tenían como destino Venezuela. Bolivia y Cuba también
lo utilizaban. Las cifras y la explicación de cómo funcionaba el esquema
cuestionado llegaron a la Asamblea con el gerente actual del Banco Central,
Guillermo Avellán. Fue el primero en comparecer ante la comisión de
legisladores presidida por Fernando Villavicencio, que es un opositor declarado
del correísmo y que fue objeto de críticas e investigaciones durante los años
de mandato de Correa.
Según
el directivo del Central, no cuadran los montos de las exportaciones que se
anotaban en el sistema Sucre (Sistema de Compensación Regional) y las que
efectivamente registraba la Aduana. “Eso llama la atención porque las
transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían haber sido iguales
o menores a las que se registró el Senae (Servicio Nacional de Aduanas)”,
declaró ante la mesa legislativa. Pero no lo eran. Como muestra, da las cifras
de 2013. Mientras que en el sistema de pagos Ecuador vendió mercancías al
exterior por 822,9 millones de dólares, por la Aduana solo salió el equivalente
a 461,4 millones de dólares. Así empezó a dejar rastro en el sistema judicial
ecuatoriano el negocio de Alex Saab y sus
socios ecuatorianos.
La
Aduana y el Banco Central alertaron en 2013 de las posibles irregularidades por
el descuadre millonario y la Fiscalía abrió una investigación. Se congelaron
casi 60 millones de dólares en fondos de la sucursal de Foglocons mientras se
tramitaba el expediente judicial que, finalmente, fue sobreseído. Los jueces
que conocieron el caso son considerados “cómplices” de la impunidad por la actual
Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Eso dijo al declarar ante la Asamblea
a inicios de noviembre.
El
argumentario presentado por la acusación, defendió la fiscal, fue técnica y
jurídicamente bien llevado, pero “estuvo obstaculizado”, según denunció. La
jueza que anuló aquel proceso antes de que llegara a juicio fue después
sentenciada por prevaricación. Lo relatado por Salazar lo recordó también el
fiscal general de la época, Galo Chiriboga.
En la
contraparte, pero reconociendo en parte esa realidad, el abogado de uno de los
implicados declaró ante la comisión legislativa que otro habría sido el
desenlace de aquel proceso judicial si la acusación hubiese sido por
exportaciones ficticias o falsedad de documentos. Fue un “error”, opinó, que la
Fiscalía lo llevase por lavado de activos porque no pudo demostrar el origen
ilícito de los fondos. Los casi 60 millones de dólares retenidos por la
Justicia fueron, asimismo, liberados y devueltos a Foglocons. Hubo
“funcionarios que allanaron el camino para que Ecuador se haya convertido en
una lavandería de dinero”, reprochó la cabeza de la Fiscalía General.
El
representante del Servicio de Rentas Internas que acudió en lugar de la máxima
autoridad añadió dos datos sobre la laxitud de los controles del Estado en este
caso. La compañía cuestionada exportó 296 millones de dólares entre 2012 y 2013
a Venezuela pero no pagó impuestos en Ecuador. Y aún así, el Fisco no ha
iniciado hasta ahora ningún trámite para intentar cobrarlos.
El
único implicado en aquella investigación que ha atendido ahora a los
legisladores que desempolvan los datos de la trama es Luis Sánchez Yánez, el
otro socio de la sucursal ecuatoriana de Foglocons. El ejecutivo venezolano,
que fue vicepresidente en Foglocons Venezuela, confirmó haber constituido la
empresa ecuatoriana con Álvaro Pulido, aunque este se hiciese llamar Germán
Rubio. Minimizó, sin embargo, su rol en Ecuador y contraatacó al presidente de
Fiscalización. Pulido adelantó en su comparecencia por videoconferencia que
denunciaría a Fernando Villavicencio en Colombia por “vilipendiar su honra” por
haberlo confundido, con base en un informe de la Aduana ecuatoriana, con una
persona de mismo nombre relacionada al narcotráfico. Desmintió, además, haber
conocido a Rafael
Correa y a ningún “personero del Gobierno venezolano” o de Ecuador. Sí
admitió que fue informado de una inversión de la empresa en el país andino y de
que el envío de productos ecuatorianos de construcción a Venezuela fue muy
reducido.
La
comisión fiscalizadora busca evidencias nuevas y aspira a destapar información
que no había salido a la luz durante los mandatos de Correa y de Lenín Moreno
con el fin de construir un informe que será remitido tanto a la
Justicia estadounidense que extraditó a Saab como al Ministerio Fiscal
ecuatoriano. Aunque la fiscal Salazar recuerda que no se puede juzgar dos veces
por lo mismo a una persona, ve otros elementos para abrir nuevas
investigaciones. Y el legislador que preside Fiscalización coincide en ver una
concurrencia de los delitos de defraudación tributaria y aduanera, de
falsificación de documentos públicos, de tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito, simulación de exportaciones y, además, omisión de sus
funciones de control de las entidades estatales.
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