La dictadura constitucional, por @Rafaelvelozg

Rafael Veloz García 04 de mayo de 2022

@Rafaelvelozg

A nadie puede extrañar lo que a la postre arrojó la designación de los nuevos e ilegítimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, de nuevo tiene poco, porque el 60% de sus integrantes ya formaban parte del mismo.

Tampoco nada novedoso fue que se violara de manera flagrante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su Artículo 264 expresa de manera textual lo siguiente: “Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional”.

Pero ¿cuáles fueron los mecanismos que utilizaron para soslayar lo que pauta la constitución en lo antes expuesto? Fundamentalmente, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) hecha por la Asamblea Nacional de Maduro en enero pasado, para permitir la postulación para un nuevo período de los magistrados en funciones, por lo que al menos hay dos de estos “jueces supremos” con perspectivas de alcanzar 20 o más años en ejercicio. Sin embargo, el origen de todo es precisamente la Asamblea Nacional del régimen del 2020, que nace de un fraude, por lo que todas sus acciones son nulas de toda nulidad. Por lo tanto, lo mismo aplica para el TSJ recién designado.

La comunidad internacional está clara en ese sentido, comenzando por los Estados Unidos, que fue uno de los primeros países en reaccionar frente a la designación de ese TSJ. “La elección de estos magistrados es ilegítima porque emana de una institución ilegítima que no representa al pueblo venezolano”, afirmó al portal Monitoreamos.com un vocero del Departamento de Estado de los EEUU.

Todo lo anterior quiere decir que los magistrados que resultaron relectos son espurios, incluida la señora Gladys Gutiérrez, quien además retoma la presidencia del TSJ del régimen, pues se desempeñó en ese cargo desde mayo de 2013 hasta febrero de 2017. Gutiérrez, antes, perteneció al equipo de defensores de Hugo Chávez, tras su fallido golpe militar de 1992; fue miembro del Movimiento Quinta República (MVR), que fortaleció a Chávez y fracasó como candidata a la gobernación del estado Nueva Esparta por ese movimiento político. Igualmente cumplió funciones diplomáticas en España y en 2006 fue nombrada Procuradora General de la República por el mismo Chávez. Y en diciembre de 2010 fue designada miembro de la Sala Constitucional del TSJ.

Cabe resaltar que la señora Gutiérrez fue sancionada por Washington en mayo de 2017, junto con otros siete magistrados. Luego, el 27 de marzo de 2018 resultó sancionada por el gobierno de Panamá dentro de una lista de funcionarios venezolanos consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y el 3 de diciembre de 2019 el TIAR, en reunión celebrada en Bogotá, la incluyó en una lista de sancionados aprobada por dieciséis países de un total de diecinueve, lo que le impide transitar y realizar operaciones financieras en el continente americano. ?
La asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, Acceso a la Justicia, el pasado 29 de abril, ahondó en detalles sobre cuál podría ser el desempeño de la señora Gladys Gutiérrez en su regreso a la presidencia del TSJ. “Vuelve tras pasar unos meses en el Consejo Nacional Electoral (CNE), primero; y luego en la embajada de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos), es otro motivo para no esperar que el Poder Judicial deje de comportarse como el brazo represor del Gobierno”, apunta Acceso a la Justicia.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también fijó posición y rechazó las designaciones al TSJ. “La dictadura pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia en Venezuela”, dijo. “Una Asamblea ilegitima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad”. Y sobre el nombramiento de los magistrados precisó que fue “un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación”.

Visto todo lo anterior, ¿qué podemos esperar de este TSJ? Sencillo, más de lo mismo: un sistema de justicia sin independencia, violador del debido proceso para violar los derechos humanos de los opositores, con persecución, inhabilitación política y encarcelamiento, así como también a representantes de las organizaciones no gubernamentales e indefensión en el caso de las víctimas de violaciones a los DD.HH. Así mismo hay que esperar el empleo de la justicia para aferrar en el poder al usurpador Nicolás Maduro, denegacion de justicia, criminalización de las protestas, mayor pérdida de la institucionalización del país, al transgredir la letra y lo que ordena la constitución nacional vigente, etc.

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Precisamente, en este último aspecto es que los ciudadanos deben enfocarse, en salir en defensa de la carta magna, porque es la herramienta de lucha más poderosa que tenemos. Ella nos otorga derechos y nos asigna deberes que estamos obligados a cumplir. Si actuamos bajo el amparo de la constitución tenemos todo para ganar.

El Artículo 333 de la CRBV expresa: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Hacer uso al derecho a la protesta establecido en el Artículo 68 de la CRBV es un camino que debemos tomar frente a tantos problemas que deterioran la calidad de vida de los venezolanos y que el Estado debe resolver y no lo hace.
Estamos en presencia de una dictadura constitucional de corte totalitario, que controla los Poderes Públicos, incluido el Judicial con un TSJ a su servicio. Como toda dictadura constitucional, trata de aparentar la existencia del estado de derecho, lo que constituye además un fraude constitucional, para imponer al dictador como jefe de Estado. Y ese es el papel que tendrá este TSJ recién designado por el régimen, tal como lo hizo el que presidió Maikel Moreno y antes la misma Gladys Gutiérrez.

A eso nos enfrentamos. Y por el país y sus ciudadanos estamos en la obligación de unirnos para salir victoriosos.

De que se puede, se puede…

Rafael Veloz García

@Rafaelvelozg