Carolina Gómez-Ávila 11 de abril de 2021
Fedecámaras
entiende de vacunas, pero de las extorsivas; de las otras, no. No sé dónde
están los médicos amigos de la cúpula empresarial. Si están cerca, no sé si los
han aconsejado. Si los aconsejaron, no sé si lo hicieron bien. Si lo hicieron
bien, no sé si los oyeron. Si los oyeron, es evidente que no entendieron.
Porque si entendieron y aun así insisten, lo que hacen es criminal.
Lo
sorprendente es que no hay que ser especialista para entender las razones de
una política única de vacunación por grupos de riesgo. Si usted y yo lo
entendemos, seguro que Fedecámaras lo podría entender.
Lo
primero es darse cuenta de que el enfermo de covid puede o no necesitar
hospitalización. Si la necesita, ocupa una cama en el sistema hospitalario. Si
son muchos los que la necesitan y no hay camas para todos, el sistema
hospitalario colapsa. Por favor tenga en cuenta que cuando dice «cama» debe
pensar en el personal sanitario disponible para atenderlo.
Me
refiero a un equipo de profesionales y técnicos especializados que no están
para atender a un único paciente, pero que solamente puede atender a un número
limitado de ellos. También debe pensar en el equipamiento, materiales y
medicamentos.
Pero
dije «personal sanitario disponible para atenderlo». Respeto mucho a ese personal
y entiendo la dimensión humana de su riesgo, pero quizás haya que ser fríos
para poder ver que ese personal sanitario corre el riesgo de contagiarse. Y
quienes se contagien podrían necesitar ocupar una de esas camas. Y quienes las
ocupen podrían morir. Y quienes mueran ya no podrían atender a otros enfermos
de covid.
Ahora
espero que calcule que mientras más personal sanitario muera por covid, más
colapsará el sistema hospitalario y más venezolanos morirán porque no tienen la
atención que necesitan. Calcule también que usted podría ser uno de ellos.
Luego,
el grupo prioritario a vacunar, sin discusión, es el personal sanitario. Esto
no es negociable. Cualquier otra decisión es un desastre no solo para los
médicos, sino para la nación.
Lo
segundo es que está bastante claro que hay grupos etarios y personas con
morbilidades que están en mayor riesgo de tener un covid grave o mortal. O sea,
que las personas mayores y con enfermedades crónicas, se convierten en enfermos
graves o mueren en mayor proporción que otras más jóvenes y con mejores
condiciones físicas. Se entenderá que esas personas no suelen formar parte de
la fuerza laboral formal, que no están en la nómina de ninguna empresa pero que
vacunarlas no es solo un asunto de humanidad, sino de evitar colapsar el
sistema hospitalario.
Lo
tercero es entender que este orden tiene un cierto sentido de urgencia. Estos
primeros grupos requieren vacunarse antes que otros y, además, a la brevedad.
Los primeros para que puedan seguir salvando vidas, los segundos para evitar el
colapso hospitalario y lentificar la cadena de contagios.
Lo
cuarto es que iniciar una campaña de vacunación desordenada no suma, como creen
algunos. Al contrario, podría complicar todo mucho más. Vacunar a la fuerza
laboral que está básicamente sana y, por lo tanto, no es proclive a enfermarse
gravemente de covid, es un ineficaz uso de los recursos. La escena muestra a
millones cayendo gravemente enfermos o muertos mientras otros millones, con
poca probabilidad de morir, son protegidos antes que los primeros.
Además,
con una población a la que ni el gobierno ni Fedecámaras han intentado educar
con campañas de información, veríamos a los vacunados asintomáticos contagiando
rápidamente a los más vulnerables.
De
esta manera, de ser aprobada la propuesta de Fedecámaras por el gobierno, el
virus estará con nosotros por mucho más tiempo, mutando y matando a más,
corriendo el riesgo de que la naturaleza nos ponga en el aprieto de que las
vacunas pierdan efectividad.
Otra
cosa, la economía no se reactivaría en este escenario. La fuerza laboral
relativamente sana y vacunada seguiría estando ausente de sus puestos de
trabajo si tuviera que atender o ver morir a sus familiares más vulnerables y
si hubiera menos personal sanitario disponible.
Finalmente,
lo más asombroso: hasta donde se sabe, no hay manera legal en el planeta de
comprar vacunas por parte de entes privados. Hasta ahora, solo pueden
comprarlas los Gobiernos. A menos que Fedecámaras quiera violar los acuerdos
internacionales y comprarle a uno de esos países a los que les gusta saltarse
el orden internacional, como Rusia y China, para congraciarse con quienes
mandan.
En
resumen, si el gobierno aprobara que Fedecámaras tuviera algún tipo de
prioridad o preferencia para vacunar a su fuerza laboral, no disminuiría el
problema hospitalario, ni evitaría la muerte de los más vulnerables, ni
frenaría la cadena de contagios ni de sus posibles mutaciones con el riesgo
biológico que ello implica. Apoyar esto es una irresponsabilidad que todos
deben explicarle a Fedecámaras, porque parece que Fedecámaras aún no lo
entiende.
Carolina
Gómez-Ávila
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