Efecto Cocuyo 23 de abril de 2021
A un
mes de los recientes sucesos armados en la frontera colombo-venezolana en el
estado Apure, la ONG Fundaredes presentó un informe en el que resumen todo lo
que ha generado este conflicto entre grupos irregulares y la Fuerza Armada
Nacional, en especial en materia de derechos humanos.
Javier
Tarazona, director de la organización que ha documentado y denunciado la
situación, asegura que la presencia militar no sólo ha desatado un
desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
“Sin
duda alguna la gente tiene miedo y este temor pasa por la arbitrariedad que ha
imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como las FAES, que
se encargaron no sólo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones
extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades
de extorsión”, subrayó.
Además,
durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos,
Tarazona advirtió que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene
pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
En tal
sentido, Funderedes pidió este jueves a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que envíe una misión especial al estado Apure, con la finalidad de que se
trabaje en “superar la opacidad informativa en la zona y dar respuesta a las
decenas de víctimas de violación de derechos humanos”.
Fundaredes también exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía venezolana
que “se garantice justicia y que no haya impunidad frente a estos hechos”,
agrega el comunicado.
La asociación, que ha difundido numerosos datos acerca de los combates que
comenzaron el pasado 21 de marzo, ante la escasez de información del Gobierno y
las Fuerzas Armadas, presentó un informe especial al cumplirse un mes del
conflicto armado.
En él, explicaron que han encontrado evidencias de “múltiples vulneraciones” a
la población de esa zona.
Tarazona detalló que en este mes “se ha vivido una situación de conflicto
interno armado en Apure, con proporciones de daños que llevan a alzar la voz y
a alertar a los organismos internacionales de pronósticos de un posible
recrudecimiento de la situación”.
Explicó que los disidentes de las FARC “buscan controlar espacios fronterizos
para el narcotráfico”.
Tarazona también denunció que han observado que, durante los enfrentamientos,
ha habido allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, desplazamiento de comunidades indígenas y desplazamiento forzado.
También han observado la siembra de minas antipersona, así como amenazas y
hostigamientos a defensores de derechos humanos y periodistas.
Finalmente, destacó que el conflicto que se desarrolla en el estado Apure
“pudiera extenderse y tener consecuencias fatales también” en las regiones del
Amazonas y Zulia, también fronterizas con Colombia, debido a que “son lugares
de fricción por las disputas que tienen los grupos armados irregulares por el
desarrollo de operaciones ilegales”.
En los enfrentamientos han muerto ocho militares y nueve “terroristas”, si bien
ninguna fuente oficial o castrense ha confirmado a qué grupo armado se
enfrentan, pese a que los militares han difundido fotos de uniformes incautados
con los logos y siglas de la antigua guerrilla FARC.
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