Gonzalo González 14 de abril de 2021
La
prioridad nacional, el asunto más urgente que debe asumir el país es el de
gestionar con acierto el combate a la pandemia, cosa que hasta los momentos no
ha ocurrido. Se trata de planificar, gestionar y ejecutar con acierto el
proceso de vacunación de la población de acuerdo a los criterios y
procedimientos pautados por la comunidad científica y los organismos
multilaterales de la salud.
La
vacunación es la única fórmula eficaz para la protección efectiva ante el covid
—más allá de los paliativos de confinamiento, distancia social y uso de
mascarillas y geles protectores— y ya está en proceso en buena parte del mundo,
incluida Latinoamérica con sus más y sus menos, ajustando sus fallas con el
objetivo de conseguir la inmunidad de rebaño y superar la pandemia para
concentrarse luego en atacar y superar los efectos y consecuencias de la misma.
La
gestión del gobierno Maduro ha estado más dirigida a aprovechar políticamente
los efectos y consecuencias de la pandemia que a luchar por proteger a la
población, asunto que no debe sorprendernos a luz de su desempeño signado por
la indolencia, cuando no la indiferencia ante la suerte de los venezolanos y
sus padecimientos de todo tipo.
Ha
fallado por acción y omisión colocando al país al borde de una suerte de
genocidio por la posible mortandad y efectos secundarios negativos causados y
por causar en la salud y la ya bastante deteriorada calidad de vida de la
ciudadanía.
El
régimen, reiteradamente, se ha negado a la necesaria concertación y acuerdos
firmes con todos aquellos actores nacionales y foráneos, estatales,
multilaterales y privados que pueden contribuir con un país inmerso en una
crisis humanitaria compleja a afrontar la pandemia y superarla.
Al
momento que esto escribo (martes 13 de abril de 2021, 6:00 a.m.), no se conoce
nada a ciencia cierta de plan de vacunación alguno (solo que la nomenclatura y
allegados ya están vacunados), de la adquisición de las dosis necesarias, de la
organización del proceso, del entrenamiento del personal requerido, de la
localización de los puntos de vacunación y de todos los requerimientos
adicionales necesarios para organizar y gestionar un proceso que deberá darse
en el contexto de un sistema sanitario público colapsado y de un sector privado
bastante disminuido.
Existen
recursos y diversos mecanismos viables, seguros y confiables para acceder a las
dosis necesarias de la vacuna que no han sido utilizados por el régimen en un
ejercicio, ya conocido y padecido por la población, de dejación e indolencia
con sus deberes.
Es
inaceptable que todo en esta materia tan sensible este supeditado a intereses
partidarios y a la preferencia por una vacuna cubana todavía en proceso de
prueba y por tanto no homologada ni por la comunidad científica ni por los
organismos multilaterales de la salud. Es inadmisible también, que se exija
tener Carnet de la Patria o estar inscrito en el Sistema Patria para ser
vacunado.
Los
venezolanos no podemos seguir aceptando pasivamente esta situación ni la
irresponsable conducta gubernamental, lo que está en juego en todo esto es el
sacrosanto y constitucional derecho a la vida.
Es
necesario acudir e inventar mecanismos de presión, que sin poner en riesgo
flagrante a la ciudadanía, obliguen por su masividad y contundencia al
oficialismo rojo a cambiar su política en la materia y hacer lo conveniente
para preservar el derecho a la vida.
Para
finalizar, una digresión necesaria por oportuna: solo la vocación y condición
de colaboracionista y amanuense del régimen de quienes se arrogan el rol de
oposición en el Parlamento usurpador explica porqué, ante la gravedad de los
sucesos ocurridos y en progreso en Apure y la realidad que retrata, no han
solicitado ni siquiera un derecho de palabra al respecto, mucho menos solicitado
la comparecencia de los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores
en sede parlamentaria.
Gonzalo
González
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