Marino Alvarado: “El Estado quiere imponer una verdad oficial” por @prodavinci

Por Hugo Prieto

El mes de enero comenzó con una masacre en La Vega y marzo finaliza con una masacre en Apure. ¿Simples coincidencias? Marino Alvarado, abogado, coordinador de Investigación de Provea, señala una política de seguridad que inevitablemente desemboca en ejecuciones extrajudiciales.

Otras áreas de los derechos humanos también se encuentran en franco deterioro o retroceso. La libertad de expresión, sometida a un asedio por parte del Ejecutivo y del poder judicial. Si bien la violencia se ha reducido en las cárceles, hay un nuevo agente de letalidad, la combinación del hambre y la tuberculosis que, de acuerdo a Alvarado, arrojan ya un número significativo de muertes.

En 2020, la gran preocupación era la emergencia humanitaria compleja. Pero llegó la pandemia y lo opacó todo. ¿La emergencia humanitaria desapareció del mapa? ¿Cuál es la dinámica alrededor de ese tema?

En Venezuela se fue configurando una situación en la que se combinan dos cosas: extrema pobreza y crisis de los servicios públicos. Y lo que hemos visto es una gran indolencia —por parte del Estado— para atender los problemas que afectan la cotidianidad de la gente. Entonces, tenemos un deterioro de varios indicadores (desnutrición, mortalidad materno infantil, reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas en el país, deserción escolar, entre otros) a niveles que no tienen precedentes. Se configura la emergencia humanitaria compleja y de ahí la presencia en el país de organismos de Naciones Unidas y de instituciones internacionales. Esto ha tenido, digamos, tres etapas. Una primera, en la cual el Gobierno negó totalmente la existencia de la crisis. Una segunda, en la que se reconoce la crisis y la necesidad de la presencia de organizaciones internacionales en el país, pero a la vez se ponen obstáculos para que actúen en algunas áreas. Aunque en estos momentos hay mecanismos institucionales, en los que participa el Gobierno, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil para diagnosticar y planificar y orientar la ayuda humanitaria. Y la tercera etapa, en la que se empieza a criminalizar parte de la asistencia de la ayuda humanitaria.

¿No es contradictorio el hecho de que el Gobierno haya negado la crisis para luego aceptar la presencia de Naciones Unidas y organizaciones internacionales? ¿Cómo podemos constatar que se ha criminalizado (tercera etapa) en algunas áreas?

El Gobierno empieza a atacar organizaciones nacionales que, en conjunto con organizaciones internacionales, están haciendo este trabajo de ayuda humanitaria. Ataca Alimenta la Solidaridad, que es una red de comedores comunitarios en zonas populares. A la organización Convite que lleva medicinas y atiende a adultos mayores en geriátricos. Ataca y detiene a integrantes de la organización Azul Positivo que atiende a personas con VIH, pero también a las familias de estas personas, por lo general de bajos recursos. Empieza a calificar esas actividades como sospechosas o que no son transparentes (legitimación de capitales). Es decir, hay una persecución que obliga a Naciones Unidas a suspender, transitoriamente, ciertos mecanismos de ayuda, como la transferencia de dinero, que llega directamente a las personas vulnerables.

Diría que es un contrasentido difícil de entender. ¿Cuál sería el objetivo del Gobierno entonces? ¿Qué busca criminalizando la ayuda humanitaria que al principio negó y luego le abrió las puertas? ¿Qué explicaría esa actitud del Gobierno?

El Gobierno ha constatado que el trabajo que realizan las organizaciones que prestan ayuda humanitaria limitan su política de control social a partir de las necesidades de la gente. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Es decir, el hambre y las necesidades son instrumentos de control político y el Gobierno advierte que en las comunidades —adonde llega la ayuda humanitaria— empiezan a sacudirse ese control, entre otras cosas, porque no está condicionada a que se manifieste apoyo o lealtad política. Esa situación empieza a preocupar. El Gobierno actúa no con lógica humanitaria sino con lógica política. Por eso no ha permitido el ingreso del Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. Y la pregunta es ¿por qué habiendo tanta necesidad y tanta hambre en el país el Gobierno lo frena? Ese programa tiene una enorme capacidad logística y es el que más podría contribuir, no sólo en zonas urbanas, sino en zonas rurales. Pero supone un problema para el Gobierno, porque implica muchísima autonomía. Un año de negociaciones y no ha sido posible que el Programa Mundial de Alimentos entre al país.

Este año comenzó (8 de enero) con la incursión de las Faes en La Vega. Operativo que arrojó un saldo de 23 personas asesinadas. Supuestamente, hubo ejecuciones extrajudiciales. Sobre las actuaciones de las Faes, se ha pronunciado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Al igual que el fiscal general, Tarek William Saab. Pero no sabemos si hay una investigación o funcionarios identificados. ¿Qué diría alrededor de este planteamiento?

El Informe de Determinación de Hechos, que se presentó en septiembre del año pasado, tuvo lo que podría calificarse como un impacto positivo. El Gobierno adoptó varias medidas. Una de ellas fue la reducción significativa —entre octubre, noviembre y diciembre (2020)— de las ejecuciones extrajudiciales, alrededor del 70 por ciento a nivel nacional. Pasamos de algo más de 100 asesinatos por parte de las Faes a cinco en un mes, por ejemplo. Ese hecho demostró dos cosas. La primera: las ejecuciones son una política de Estado. Se impartió una orden y evidentemente fue cumplida, al menos durante ese trimestre. Con voluntad política y disposición, se pueden reducir las ejecuciones. La segunda: desafortunadamente —en el mes de enero— fueron asesinadas 223 personas por los cuerpos policiales, en todo el país. En febrero, 96. ¿Qué demuestra esto? Que se perdió ese control sobre las fuerzas policiales y se empieza a ver ese resultado de letalidad.

Hubo voluntad política. Se impartió una orden y se redujeron las ejecuciones extrajudiciales. Pero también hubo un giro de 180 grados y regresamos a cifras significativas de letalidad. ¿Qué explicaría este retroceso?

Lo que quedó demostrado, y esto es lo que quiero resaltar, es que hay una política de Estado con relación a las ejecuciones extrajudiciales. Si el Gobierno quisiera reducir la letalidad, lo puede hacer por la sencilla razón de que ejerce el control sobre los organismos de seguridad. No es un asunto de funcionarios que actúan de manera aislada. Si en enero regresamos (a las cifras señaladas) es porque esa voluntad política solamente duró 90 días. Es decir, no hubo continuidad. ¿Por qué? Porque el Gobierno está convencido de que ésa es la mejor manera de combatir el delito. Se considera al delincuente como a un enemigo y, por tanto, hay que eliminarlo. Es decir, ese arraigo que tienen los cuerpos policiales con la filosofía militar, con ministros y jefes policiales que vienen del mundo militar. Entonces, siguen persistiendo en la política de ejecuciones. No ven otro, no ven otra política que no sea la de las ejecuciones.

Empezamos enero con una masacre en La Vega, y empezamos abril con la actuación de las fuerzas de seguridad en Apure. ¿Lo que ocurrió en la frontera se podría calificar de masacre?

Hablamos de masacre cuando en un hecho —en el que intervienen fuerzas de seguridad o grupos paramilitares— son asesinadas tres o más personas. En una situación, además, en la cual hay indefensión de parte de las víctimas. Lo que ocurrió en El Ripial (Apure) es una masacre. Por los contactos que se han podido hacer con los familiares y las declaraciones públicas que ellos mismos han hecho se pueden establecer situaciones muy similares a la masacre de El Amparo (1988). Es decir, se asesinan a personas inocentes para aparentar efectividad en el combate contra los grupos subversivos colombianos. En segundo lugar, las personas detenidas en el barrio 25 de Julio (de la población de La Victoria) son trasladadas por las Faes y aparecen luego asesinadas en una población que está a 20 o 25 minutos de La Victoria. Al igual que en El Amparo se les vistió con uniformes militares, como si fueran de la guerrilla. La versión oficial es la misma. Lusinchi dijo en su momento que eran guerrilleros, lo dice ahora Maduro y el ministro de la Defensa. «Son guerrilleros». Y, al igual que en El Amparo, en el operativo participaron fuerzas conjuntas de la policía y la Fuerza Armada Bolivariana. Lo que demuestra que el prontuario de las Faes es trasladado a las zonas rurales. Creo que la denuncia oportuna impidió que el número de víctimas fuera mayor. En el caso de El Amparo hubo dos sobrevivientes, en esta oportunidad sobrevivió uno de los hijos de las víctimas, quien tiene la posibilidad de decir la verdad.

                                                 Marino Alvarado Retratado por Alfredo Lasry / RMTF

El Gobierno quizás haga un esfuerzo para demostrar que cree en las casualidades…

Lo lamentable, y por eso sigo comparando ambos hechos, es que desde el alto Gobierno, en lugar de facilitar las investigaciones y llamar la atención, en el sentido de que lo que sucedió allí pudo ser una situación irregular, inmediatamente se hacen los esfuerzos para garantizar impunidad. ¿Cómo? Descalificando a las víctimas y reivindicando la acción como totalmente legítima. Estamos seguros de que también en este caso vamos a lograr que se sepa la verdad y se imponga la justicia.

En el área de la libertad de expresión se intensifican los ataques. Milagros Mata Gil, periodista y escritora de 70 años, es detenida y llevada a declarar por publicar un artículo, restringido a varios de sus contactos en Facebook. Es sometida a régimen de presentación y enviada a su casa. Éste debe ser el único país de Occidente donde se encarcela a usuarios de la red Twitter por pinchar el botón de retuit y compartir una opinión. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando con el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo?

Allí hay una situación que es mucho más de fondo. Son las víctimas de un proceso que ha ido creciendo. Lo que quiere el Estado es imponer una verdad oficial. Que, frente a los acontecimientos de la vida nacional, sólo se conozca la narrativa exclusiva del Gobierno. En ese sentido, se imponen todos los obstáculos posibles, no sólo para los comunicadores sociales, sino para el ciudadano común que pueda difundir una información, una opinión contraria a la del Gobierno. Esto lo resalto en medio de la pandemia. En marzo, abril, mayo, algunos periodistas como Davison Rojas, o profesionales de la salud, difundieron informaciones que contradecían a los anuncios del Gobierno; se tomaron acciones represivas. Se puso preso a médicos, se puso preso a enfermeras, se puso preso a periodistas. El Gobierno se empeñó en imponer una verdad sobre el covid. «Sólo yo puedo dar cifras. Nadie me puede contradecir y quien se atreva a señalar lo contrario lo detengo». Eso vino a darle continuidad a una política que ya venía ocurriendo. Pero se afianzó en tiempos de pandemia y de mayor control social del Gobierno. Ahora tenemos el caso de Apure. El Gobierno no acepta una información que sea distinta al parte oficial sobre los sucesos de Apure. Y por eso reprime e impide que pueda haber informaciones independientes. Con el decreto mediante el cual se aplica el estado de excepción en esa entidad (aprobado el pasado lunes), lo que posiblemente veremos es cómo se intensifica esta política. Quien anuncie algo distinto corre riesgos y ahí nos inscribimos las organizaciones no gubernamentales, porque nosotros vamos a seguir denunciando lo que haya que denunciar e informando lo que haya que informar.

¿Usted leyó el artículo de Milagros Mata Gil? ¿Podría decirme —en su condición de abogado— cuál es el elemento ahí que se tipifica como delito?

El escrito no tiene absolutamente nada que se pueda considerar delictivo. Es un escrito en el que se informa y analiza un hecho que ocurrió. Da a conocer una situación que incomoda a uno de los grupos del poder. Pero si nos atenemos al análisis, estrictamente jurídicos, no hay ningún elemento que te permita decir «aquí hubo difamación». En realidad, el Gobierno se mete un autogol cuando ordena que los periodistas sean sometidos a régimen de presentación —medida que puede durar muchos años—, porque el escrito (a partir de la medida del Gobierno) le da la vuelta al mundo y se publica en los medios, tanto nacionales como internacionales. Para que haya difamación tiene que haber una difusión masiva que provoque un impacto negativo psicológico o en los negocios de una persona. Si la hubiera, la responsabilidad es del Gobierno que se metió ese autogol. Pero en términos estrictamente jurídicos, insisto, no hay (en ese escrito) elementos que puedan calificarse como delitos.

¿En qué otras áreas de los derechos humanos hemos retrocedido? ¿Qué circunstancias han escapado al radar de la opinión pública? ¿Dónde ha habido deterioro significativo?

La muerte en las cárceles de Venezuela por hambre y por tuberculosis. El número es significativo. Además, hay un cambio, de acuerdo con el informe que ha publicado el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad. Actualmente, la mayor cantidad de presos muertos en las cárceles no se dan por situaciones de violencia. Diría que el Estado ha logrado controlar un poco la violencia en las cárceles, entre otras cosas, porque retomó el control de algunos centros penitenciarios. Pero el número de presos que están muriendo -no solamente en cárceles, sino en retenes policiales (especialmente en estos últimos)- es significativo. Se supone que una persona no debería pasar más de 72 horas en un retén policial, en ese lapso tendría que ser presentado en un tribunal, para que el juez decida si lo pone en libertad o lo envía a una cárcel. Pero los retenes policiales se han convertido en cárceles en este país. Tenemos un hacinamiento de 200, 300, 400 y hasta 1000 por ciento en los retenes policiales, como lo han señalado esas organizaciones.

¿Qué causaría la muerte por hambre?

A diferencia de las cárceles, los retenes policiales no cuentan con un presupuesto para alimentar presos. Los presos dependen de la alimentación que les lleven sus familiares. Hay presos que no los visita nadie. O presos cuyos familiares son extremadamente pobres. Presos que dependen de las sobras de las comidas de otros presos. Otra causa de muerte es la tuberculosis, tanto en cárceles como en retenes policiales, donde, a pesar de las advertencias y de las propias cifras que ya son significativas, no se adoptan medidas para prestarle asistencia médica oportuna a estas personas. Sabiendo, además, lo contagiosa que es la tuberculosis. Es una situación muy grave la que se está presentando. Lamentablemente no tiene la visibilidad que le asignamos a otras áreas de los derechos humanos. Muchas personas mueren, sin siquiera ser presentadas en un tribunal para poder establecer si son culpables o no en los presuntos delitos que se les imputa.

¿Pero no hay diferenciación entre el trato que se les da a los detenidos y a las personas a las que se les ha dictado sentencia?

Hay una política del Ministerio de Asuntos Penitenciarios de que sólo ellos pueden decidir dónde va a ser recluida la persona detenida. Sólo el Ministerio de Asuntos Penitenciarios puede autorizar el traslado de un retén a una cárcel. El problema es que como no se dan esas órdenes, hay personas que permanecen detenidas en los retenes policiales uno o dos años. Tenemos además a adolescentes mezclados con adultos y a mujeres mezcladas con hombres en un mismo retén policial, lo que desencadena situaciones de violencia, de acuerdo con las denuncias que ha hecho el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad. Allí hay un tema muy preocupante, porque de acuerdo con la Constitución, toda persona que esté bajo la custodia del Estado, el Estado es responsable de su vida.

11-04-21

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