El Estímulo 02 de febrero de 2023
@elestimulo
Las campañas de agravios en línea son
operaciones desinformativas usadas para desviar la atención, dividir apoyos,
criminalizar adversarios y justificar detenciones. Así se impulsan en Venezuela
l Por Probox
Durante
al menos cuatro años, el uso reiterado de campañas coordinadas de
agravios, difamación o estigmatización en internet ha sido documentado
de forma recurrente en el contexto noticioso venezolano. Con ellas se intenta
contaminar el torrente informativo, inyectando acusaciones que pueden ser
falsas o engañosas –desinformación– con las que se busca manipular la opinión
pública.
***Este
es un trabajo publicado originalmente por el equipo Cazadores de Fake News
en el marco de la Coalición Informativa “C-Informa”, de la que El Estímulo
forma parte
Todas tienen factores comunes: son partes de operaciones de influencia más amplias que buscan generar daño a un objetivo determinado: una persona específica, un medio de comunicación, un partido político o una organización. Son impulsadas de forma nada casual: usan tácticas, técnicas y procedimientos desinformativos que, generalmente, dejan evidencias forenses digitales que demuestran que son esfuerzos organizados. Y aunque a veces surgen de fuentes anónimas, al analizar sus características y patrones se puede atribuir su promoción a estructuras desinformativas previamente identificadas, usando evidencias concretas e irrefutables.
El
daño que este tipo de campañas pretenden ocasionar –algo que en ocasiones
consiguen–, va desde atentar contra la credibilidad de líderes de la sociedad
civil, estigmatizar la labor de periodistas y medios de comunicación
independientes, sembrar dudas con respecto a la gestión de un líder político o
distraer la atención de la audiencia sobre algún hecho noticioso incómodo.
Atacantes
con nombre y apellido
En
Venezuela es común que figuras u organizaciones relacionadas con el gobierno de
Nicolás Maduro se involucren en campañas de agravios en las que se hace uso de
información falsa, engañosa o manipulada con la que se busca persuadir
a los venezolanos de la estabilidad de sus instituciones y de las supuestas
contradicciones morales de todos los que los adversan.
El 13
de enero de 2023 comenzó a difundirse en Twitter un rumor en contra de Elsa
Castillo, docente jubilada e integrante de la Federación Venezolana de Maestros
y una de las caras más visibles en una ola de protestas por reivindicaciones
laborales en Venezuela. Varios usuarios vinculados con la Organización
Nacional de Comunicadores Alternativos (ONCA) indicaron, sin mostrar
evidencia, que la educadora recibía financiamiento de terceros y hacía viajes
en “jet privado” para asistir a protestas ciudadanas organizadas en varias
ciudades del país.
El
bulo, que en días posteriores fue desmentido, fue un ataque coordinado ad hominem con
el que se intentó resaltar, de forma engañosa, que Castillo carecía de
altura moral para apoyar los reclamos salariales de los educadores venezolanos,
minimizando su actual liderazgo.
Otra
campaña de difamación reciente fue consecuencia de la homilía con motivo de la
fiesta de la Divina Pastora del sábado 14 de enero de 2023. En ella, monseñor
Víctor Hugo Basabe, Obispo de la Diócesis de San Felipe, denunció la grave
situación económica y social de Venezuela y abogó por el cese de lo que llamó
una “falsa burbuja económica”. Cuatro días después, Diosdado Cabello,
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desestimó lo
dicho por el obispo, tildándolo de “discurso politiquero, de bajo
fondo, malintencionado” y acusando a Basabe, sin mostrar prueba alguna, de
haber negociado el 30% de las ganancias de las ventas de franelas oficiales de
la procesión a la Divina Pastora, patrona del Estado Lara, en un claro intento
por distraer la atención de sus críticas.
La
acusación de Cabello fue transmitida en televisión pública venezolana a
través del programa “Con El Mazo Dando” de Venezolana de Televisión, a pesar de
no estar soportada por ninguna evidencia concreta y de provenir de un “patriota
cooperante”, nombre usado por el oficialismo venezolano para referirse a sus
informantes anónimos.
Los
difamadores anónimos
Anonimizar
el origen de una desinformación es una táctica recurrente usada
en el contexto de operaciones de influencia como las campañas de difamación
digitales. Suele ser usada por actores desinformantes para legitimar
acusaciones –aunque sean fabricaciones o no estén basadas en hechos
comprobables–, reduciendo su responsabilidad de participar en ataques
difamatorios, sosteniendo que solamente se está dando visibilidad a una
“denuncia” que debe ser investigada.El 21 de mayo de 2021, Arturo Sosa Abascal,
sacerdote católico venezolano y actual superior general de la Compañía de
Jesús, afirmó al diario La Nación que Nicolás Maduro encabeza un régimen
dictatorial. Días después, entre el 24 y el 30 de mayo, una red de cuentas de
Twitter que regularmente impulsa tendencias de forma coordinada mediante la
técnica del astroturfing –haciéndose pasar por un grupo de
usuarios comunes simulando conversar espontáneamente sobre un tema, pero
ocultando su verdadera intención– intentaron posicionar al menos cinco
etiquetas difamatorias relacionadas con el sacerdote.
Las
cuentas que participaron en la promoción de las etiquetas interactuaron entre
ellas preguntándose si Sosa Abascal era un “traidor”, respondiéndose y
retuitándose de forma coordinada para aumentar exponencialmente la
cantidad de tweets en las conversaciones digitales y logrando que
alcanzaran los primeros puestos de las tendencias de Twitter para Venezuela
durante esos días, dándole visibilidad a la campaña desinformativa.
Esta red
específica de manipulación coordinada de etiquetas ha estado activa en
Twitter al menos desde 2018, impulsando de forma maliciosa decenas de
tendencias de tipo social y político, algunas de las cuales han sido
reseñadas en canales de televisión públicos nacionales y medios internacionales
aliados al gobierno de Venezuela. Es la misma red que durante el año 2020
impulsó decenas de etiquetas difamatorias en contra de Juan Guaidó –parcialmente
reconocido presidente interino de Venezuela hasta enero de 2023–, que iniciaban
con la palabra “Waido”: #NoQueremosAWaido, #WaidoBorrachin,
#QuienPagaLosViajesWaido, #WaidoEsFracaso, #WaidogTraicionero, #GuaidoYSuPrima
y muchas otras documentadas por varias organizaciones anti desinformación nacionales e internacionales.
Existen
evidencias concretas de que un influencer conocido como NiTanTukky
estuvo involucrado en el impulso malicioso de estas etiquetas de Twitter ofreciendo
pagos en dólares, en múltiples ocasiones, a usuarios de Twitter que
participaran en las dinámicas en redes sociales con el objetivo de impulsar
tendencias “en contra del gobierno y de la oposición”, una actividad prohibida
por la red social en sus políticas en contra del spam y la manipulación de
plataforma.
Hasta el momento no se ha podido demostrar de dónde proviene el dinero ofrecido a los participantes en esta red de astroturfing para posicionar tendencias desinformativas –y difamatorias– en Venezuela:
Aunque
tras reiteradas denuncias, su última cuenta fue
suspendida a principios de octubre de 2021, ha continuado
impulsando tendencias coordinadas en la red social de forma más discreta,
usando cuentas alternas anónimas.
Otra
de las víctimas de esta red de astroturfing en Twitter fue
Norbey Marín, conductor del programa de YouTube “Hasta que Caiga la Tiranía”.
Marín fue víctima de dos campañas coordinadas de difamación digital en Twitter
el 8 y 9 de noviembre de 2021, cuando la misma red de astroturfing promotora de las
tendencias en contra de Guaidó y del padre Sosa Abascal, impulsó las etiquetas
#NorbeyExtorsionador y #NorbeyProfugo, compartiendo mensajes y memes
difamatorios.
Pero
la campaña en contra de Marín trascendió los límites de Twitter: el mismo 9 de
enero, los memes difundidos de forma coordinada en el servicio de microblogging fueron
publicados de forma coordinada por una red de al menos cinco falsos
noticieros en Instagram, vinculados entre ellos, a la que Cazadores de Fake
News regularmente llama “La Fábrica de Desinformación”, al haber sido el origen
de al menos 30 bulos de tipo social y político desmontados por la organización
desde 2019, muchos de tipo difamatorio, que han tenido como objetivos a líderes
políticos, periodistas o medios venezolanos.
El uso
de equipos que impulsan tendencias de forma coordinada en Twitter
–mediante astroturfing– o redes de falsos noticieros en Instagram
que publican desinformación de forma casi simultánea, tiene un poderoso
efecto psicológico en la audiencia: se crea la ilusión de que una
información es verdadera –o al menos importante– porque varias fuentes se
hicieron eco de ella al mismo tiempo, ofuscando la realidad, es decir,
enturbiando el caudal informativo para alejar a la audiencia de los hechos,
generando contradicciones y haciendo que la información sea menos clara o
comprensible.
Cuando
el río suena, no siempre trae piedras
Aunque
la repetición reiterada de un argumento falso o engañoso hace que las
audiencias tengan la impresión de que existe “algo de verdad” en la información
que se difunde, en múltiples ocasiones se ha documentado la promoción
sistemática y organizada de ideas falsas, engañosas o sin
sustento con el objetivo de desinformar, confundir a una audiencia
objetivo y ofuscar –enturbiar– detalles alrededor de un hecho que sí son
verificables. Las campañas de difamación y estigmatización usualmente se valen
de esta técnica para manipular la información con narrativas desinformantes que
no se ajustan a la realidad.
Cazadores
de Fake News ha podido documentar varias campañas de estigmatización
digitales en contra de periodistas que han sido acusados, de forma
reiterada y en ausencia de pruebas, de ser “extorsionadores” justo después de
presentar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en Venezuela. El
objetivo de este tipo de campañas es amedrentar a los comunicadores,
minimizar sus trabajos para que se vean menos creíbles o relevantes de lo
que son (ya que provienen de “simples extorsionadores”) y justificar
patrones de persecución –e incluso futuros arrestos– tanto a los
autores como a quienes osan publicar sus trabajos.
Carola
Briceño, periodista de El Nacional, fue víctima de un ataque de estigmatización
digital en enero de 2023, justo después de la publicación de una serie de tres
artículos sobre los hermanos Ricardo y Santiago Morón Hernández de los que fue
coautora. Los hermanos fueron sancionados en julio de 2020 por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y, presuntamente,
habrían formado parte de esquemas de corrupción ligados a transacciones
ilícitas efectuadas por Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.Luego de
la publicación de los artículos, Briceño fue acusada por varios medios
digitales de pertenecer a una “red de extorsión” y, tal como ocurrió cuando
Norbey Marín cuando fue acusado de “extorsionador” en noviembre de 2021, en la
campaña en contra de Briceño también también se publicó el mismo contenido
difamatorio, usando imágenes idénticas, exactamente en la misma red de falsos
noticieros en Instagram –en “La Fábrica de Desinformación”–.
Roberto
Deniz de Armando Info, es el periodista venezolano que ha sido objetivo de la
mayor cantidad de desinformación registrada, al menos desde el
año 2021 y un frecuente objetivo de campañas de estigmatización digitales.
Pero
los ataques dirigidos a Deniz tienen un origen distinto a los descritos
anteriormente: se enmarcan en el contexto de una agresiva operación de
influencia, que sigue en curso, cuyo objetivo es limpiar la imagen –y
eventualmente garantizar la liberación– de Alex Saab, un empresario
colombiano muy cercano al régimen venezolano, que enfrenta un juicio en Estados
Unidos acusado de conspirar para cometer lavado de dinero.
Deniz
fue acusado en reiteradas ocasiones de ser “extorsionador”, sin que se
presentara ninguna evidencia concreta. En octubre de 2021 se reportó, sin
embargo, la existencia de una red de 22 falsos portales de noticias relacionados,
todos hospedados en una misma dirección IP, cuyos artículos destacados se
referían al periodista –y a Alek Boyd, otro investigador del caso Alex Saab–
como “extorsionadores”. Varios de los artículos publicados por esta red de
falsos portales de noticias habían sido compartidos por meses por tuiteros
venezolanos agrupados de forma coordinada en defensa de Alex Saab, como evidencia
de las supuestas acusaciones en contra del periodista.
Algunas
horas después de la publicación de una investigación sobre la red de 22 falsos portales de noticias, la
compañía vinculada con su creación dio de baja a todas las páginas web y
envió una carta a Cazadores de Fake News, aclarando que solo había sido
intermediaria para la contratación del hospedaje de las páginas web por parte
de un tercero, que la compañía no guardaba relación con el contenido publicado
y que tampoco tenía vínculos con Alex Saab ni con cualquier otro funcionario
del Gobierno de Venezuela.
Muñecos
de paja para promover el odio
La red
de 22 falsos portales de noticias creados para difamar a los investigadores del
caso Alex Saab, está lejos de ser el único esfuerzo de fabricación de
fuentes de información ficticias para manipular a la opinión pública
venezolana.
En
septiembre del año 2021, varias iniciativas de verificación venezolanas
comenzaron a desmentir falsos tweets atribuidos a un grupo de
periodistas venezolanos entre los que figuraba Roberto Deniz, Luis Carlos Díaz,
Carla Angola y Maibort Petit, los medios digitales Alberto Rodríguez News y
Armando Info y otras figuras públicas como Iván Simonovis y Gustavo Azócar.
Los tweets habían sido publicados por una red de cuentas de Twitter recientemente creada, una
“granja de trolls”, con la que se intentó suplantar la
identidad de todos los mencionados con intención desinformativa, bajo
la excusa de que se trataba de cuentas “parodia”.
Todas
las personas y medios afectados tenían un factor común: habían publicado
investigaciones o cubierto el caso de Alex Saab, o habían sido abiertamente
críticos en contra del empresario colombiano. La red de cuentas troll
fue creada por integrantes de la red de defensa de Alex Saab en Twitter
con el objetivo de ridiculizar y vilipendiar a las personas cuya identidad fue
suplantada. Eventualmente, la red fue suspendida por Twitter.
En
marzo de 2021, otro grupo de 85 cuentas troll distinto atacó digitalmente y de
forma coordinada a la Organización No Gubernamental PROVEA y al medio
independiente El Pitazo, luego de que publicaran sendos artículos relacionados
con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) de Venezuela que sido objeto de reiteradas denuncias sobre
actuación desproporcionada y violaciones a los derechos humanos.
Las
cuentas trolls se hicieron pasar por usuarios comunes y
corrientes de la red social, pero casi todas habían sido creadas algunas
semanas antes, durante el mes de febrero, una pista digital que denota
intencionalidad. Respondieron de forma coordinada a tweets publicados
por las cuentas oficiales de PROVEA y El Pitazo con enlaces a artículos
críticos sobre las FAES, enalteciendo la labor del cuerpo policial y acusando a
ambos de difundir “noticias falsas”.
Solo
una de las cuentas publicó un tweet incriminatorio: “(…) ¿por
qué entonces no vienen y toman el lugar de uno como oficial, que lo que hace es
velar por la seguridad de todos los venezolanos?«.
Días
después de la publicación del reporte sobre el incidente, la red de 85 cuentas troll
fue suspendida por Twitter.
Un
arma de guerra política
En el
contexto político, las campañas de difamación también han sido usadas
como una táctica para generar daño a la frágil y heterogénea oposición
venezolana, sembrar discordia y profundizar divisiones entre sus distintos
bandos y destruir la reputación de cualquier alternativa al proyecto político
en marcha, o al menos inducir la autodestrucción de sus principales
adversarios.
Freddy
Guevara, dirigente del partido político Voluntad Popular, fue detenido en
Caracas el 13 de julio de 2021 alrededor de las 12 del mediodía. El día
anterior, Jorge Rodríguez, para entonces presidente de la Asamblea Nacional
controlada por el chavismo, había mostrado un conjunto de capturas de pantalla
de supuestas conversaciones en Whatsapp entre varios opositores, incluyendo a
Guevara, que los vinculaba con bandas criminales de Caracas. Hay indicios de
que las capturas de WhatsApp mostradas por Rodríguez son falsificaciones, tal
como se explicó en una verificación publicada el 14 julio
por Cazadores de Fake News.
El 12
de julio, una hora después que Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, alertara
que Guevara estaba siendo detenido en la autopista Francisco Fajardo de
Caracas, en Twitter comenzó a impulsarse de forma coordinada la etiqueta
#CapturadoKokiMariguanita, un intento justificar el arresto del opositor,
vínculándolo con el líder de una banda criminal contra la que las fuerzas
policiales de Maduro se habían estado enfrentando durante días e, incluso,
acusándolo de ser el “cabecilla” de la banda.
La
etiqueta comenzó a ser impulsada por los mismos integrantes de la Organización
Nacional de Comunicadores Alternativos (ONCA) que en 2023, dos
años después, impulsarían el bulo sobre los falsos viajes en “jet privado” de
la docente y líder sindical Elsa Castillo.
El 22
de junio de 2021, Diosdado Cabello reseñó un rumor que días antes se había
hecho viral en varias redes sociales. Mostrando una publicación que se hizo
viral en Twitter, afirmó que Leopoldo López, líder del partido Voluntad
Popular, habría comprado un vehículo Porsche de más de 300 mil dólares: “¿con
la plata de quién? con la plata de ustedes, señores de la oposición”.
El
bulo del Porsche “fantasma” fabricado contra López es apenas uno entre decenas
de informaciones falsas, engañosas o malintencionadas, fabricadas para
profundizar la desconfianza entorno a su liderazgo, que aparecen publicados por
primera vez en la misma fuente: la red de falsos noticieros de Instagram que
identificamos como “La Fábrica de Desinformación” y que también participó
en campañas de agravios en contra de comunicadores como Carola Briceño y Norbey
Marín.
Con el
paso de los días, el rumor migró de Instagram a Twitter, donde fue amplificado
por influenciadores vinculados con la red de defensa de Alex Saab, periodistas
de Venezolana de Televisión y por “Tuiteros de La Patria”, operadores
humanos que reciben pagos para generar grandes cantidades de spam
para amplificar las tendencias de propaganda promovidas a diario por el
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI).
El
bulo del falso Porsche de Leopoldo López eventualmente fue repetido por un
joven opositor venezolano, no relacionado con el chavismo, pero crítico
acérrimo del líder de Voluntad Popular. Fue su tweet y no alguna de
las versiones del mismo bulo publicadas por cuentas chavistas, el que
finalmente fue mostrado por Cabello en su programa de televisión, una táctica
usada repetidamente en su programa para argumentar que la desinformación no
provino del chavismo, sino de la misma oposición.
¿Cómo
puede la sociedad civil evitar ser manipulada?
En la
actualidad, el gobierno venezolano ha logrado imponer su hegemonía
comunicacional con el uso de un amplio abanico de estrategias para controlar la
información que incluyen la censura, la persecución de voces críticas y el uso
de desinformación en operaciones de influencia que pueden contar con ataques
difamatorios. Hace uso de recursos prácticamente infinitos y se vale
de estructuras comunicacionales organizadas, abiertas y encubiertas,
con las cuales puede tanto imponer sus propias narrativas y desacreditar
aquellas que considera que provienen de sus “enemigos”, indistintamente de lo
veraces o válidos que sean sus argumentos.
Por
ello, cuando alguien afirma que el oficialismo y la oposición venezolana
impulsan campañas de agravios digitales en iguales proporciones y con las
mismas características, comete una falacia de falsa equivalencia,
porque entre ambas partes existe una asimetría muy marcada.
La
responsabilidad de generar contenido informativo que permita evidenciar las
luchas por reivindicaciones populares o legítimas y visibilizar hechos de
corrupción y violaciones a derechos humanos recae en periodistas, activistas y
militantes políticos cuya existencia, corriente y deseable en países
democráticos, es indispensable para hacer contrapeso al poder.
Sin
embargo, medios de comunicación directa o indirectamente afiliados al chavismo,
estructuras partidistas del PSUV, equipos de comunicadores digitales, escuelas
de comunicación civiles cercanas al oficialismo e incluso cuerpos de
operaciones de información militares tienden a observar a gran parte del
contenido crítico como simple “propaganda enemiga” o “fake news” y a los
actores que están detrás de ese contenido como “enemigos”, en el contexto de
una guerra multiforme en la que se ve como víctima y que intenta controlar con
el uso de tácticas, técnicas y procedimientos de desinformación y
contrapropaganda que la sociedad civil desconoce.
Todo
lo anterior permite pronosticar que el uso de ataques difamatorios
organizados en contra de periodistas, investigadores, medios y líderes
opositores venezolanos seguirá ocurriendo en un futuro cercano y
continuarán los intentos de socavar la confianza en actores sociales y
políticos, conocidos o emergentes, de cualquier bando político, que pueden
encaminar al país hacia una época más abiertas y democráticas.
En
todo caso, es la sociedad civil, en permanente lucha por entender lo que
realmente ocurre en Venezuela, la principal víctima del problema del
control informativo y la desinformación.
El
único recurso que tiene para contrarrestar el efecto de campañas de difamación
y de las operaciones de influencia en general, es comprender que forman
parte de estrategias desinformativas con las que se busca controlar la
información en Venezuela y con las que se intenta influir a los ciudadanos.
Conocer
las tácticas, técnicas y procedimientos usados en las campañas de difamación y
estigmatización previamente estudiadas, permitirá detectar casos
similares en el futuro.
Rechazar
contundentemente este tipo de campañas, indistintamente de
si afectan a periodistas, medios, ONG o políticos, de cualquier línea
editorial o tendencia política y combatirlas, exigiendo información
veraz y basada en evidencias, respetando la presunción de inocencia,
son pasos necesarios para aumentar la resiliencia de la sociedad civil
venezolana ante estos intentos de manipular la verdad por cualquier
actor político, presente o futuro, que tenga los recursos y la motivación para
hacerlo.
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