Leales a su compromiso de vida, los educadores venezolanos están haciendo otro ejercicio de pedagogía social al obligar a recordar al régimen, con su presencia en la calle, que al lado de unos pocos privilegiados existe una mayoría de ciudadanos que sobreviven a la estela de dos mega devaluaciones que sacudieron al país durante el 2022, un gremio que concentra en su voz y en su protesta, el reclamo de millones de venezolanos amarrados a un sueldo que no da garantías de subsistencia.
Los maestros han vuelto a la calle a sabiendas de que el 2023 será un año duro, marcado por un salario miserable de solo 6 dólares mensuales, mayor desempleo, la migración y la crisis humanitaria, si el régimen prosigue en su empeño de colgar sobre las espaldas de los empleados públicos, el costo de su incapacidad para controlar el gasto del Estado y la presión alcista del dólar, imponiendo recortes y desconociendo los logros alcanzados en sus luchas sindicales a través de mecanismos como el lamentablemente Instructivo Onapre.
«No me quiero ir, yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país» ha sido una de las consignas que más se han repetido durante las jornadas de protestas que han cruzado el país en los últimos días, sumando un estimado de cuatrocientas en casi todos los estados de Venezuela, según el registro hecho por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hasta el jueves 19 de enero.
Existe un compromiso firme de los docentes, que no se diluye con la entrega de cajas CLAP o esporádicos bonos desembolsados por Miraflores (apenas $29 dólares) y que no cede el terreno ante las amenazas de colectivos pues, como bien lo indica la líder Elsa Castillo, «hace rato que el miedo se cambió de acera, el miedo ya no se encuentra en esta acera de lucha, se encuentra en la acera de los opresores, en la acera de los que violan la ley».
Nuestros maestros, y junto a ellos otros sectores de la administración pública como el personal sanitario y los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, han regresado al cemento y al asfalto para señalar que la crisis en la administración pública es sistémica, amarrada a una política económica errática, donde parecen privilegiarse unos pocos, un sistema donde se desconocen las cifras reales de la economía, donde se maneja de manera discrecional el presupuesto del Estado y donde se busca sustituir el salario con bonos, discursos ideológicos, reconocimientos vacíos al sacrificio y promesas etéreas que nada tienen que ver con la realidad de millones de ciudadanos. A estas alturas todos tenemos claro que el mito revolucionario que afirmaba que «Venezuela se arregló», murió a finales del año pasado como queda claramente demostrado en las manifestaciones de los trabajadores venezolanos, que exigen condiciones de vida dignas a un régimen que les miente.
Frente a un 2023 tan complejo como el que tenemos por delante, todos debemos unirnos, incluyendo a los partidos políticos, dejando de lado las divisiones y mezquindades y dirigir los esfuerzos para apoyar las reivindicaciones de los servidores públicos.
Los educadores han dado la cara nuevamente, representándonos a todos nosotros y en su lucha nos han educado como sociedad, demostrado que es falso que el venezolano esté condenado a dos opciones: o salir del país o aceptar las imposiciones del régimen. Hay otro camino posible, la organización social y la resistencia frente al régimen, la lucha pacífica para lograr la Venezuela del cambio que todos queremos.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
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