José Gabriel Lugo 15 de julio de 2024
Un reporte
de Bloomberg colocó al país en el fondo de la tabla de sueldo mínimo en el
continente con tan solo 3,56 dólares. La última vez que Nicolás Maduro realizó
un ajuste fue en marzo de 2022, mientras el poder adquisitivo de los
venezolanos se desploma. “La destrucción económica se debe a las políticas de
hiperrentismo, el mal uso de los recursos económicos, un endeudamiento caro y
sin sentido, y a un gasto excesivo”, considera el economista Manuel Sutherland
Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de toda América Latina, esa es la conclusión que refleja el medio especializado Bloomberg en su más reciente reporte. Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento del PIB de la región en 2,1 %, el ingreso de los venezolanos sigue congelado desde hace más de dos años.
En el
primer semestre de 2024, las perspectivas económicas para América
Latina muestran estabilidad. Según el Banco Mundial (BM), la
normalización de los tipos de interés, el descenso de la inflación y las
exportaciones de materias primas sostienen estas cifras son algunos de los
motivos para la mejora del panorama latino.
En
este contexto, a pesar de la disminución de la inflación en la mayoría de los
países, varios Gobiernos incrementaron el salario mínimo entre enero y
julio del presente año, fuera del ciclo común de actualizaciones que
usualmente se decide en noviembre y diciembre para entrar en vigencia en enero.
Sin
embargo, esta no es la situación para Venezuela. El
gobierno de Nicolás Maduro mantiene el sueldo mínimo en 130 bolívares
desde marzo de 2022, el equivalente a 3,56 dólares.
Para
reflejar la suma gravedad de la situación venezolana, el siguiente país
con el sueldo más bajo en la lista de Bloomberg es Argentina, quien subió un
33,4 % su salario este año, fijándose en 234.315,12 pesos (162,71
dólares al cambio del dólar Blue).
Otros
países que aumentaron sus ingresos fueron Chile, con un 8,6 % (531,89
dólares); Honduras, con un 5,5 % (346,94 dólares); Panamá, con un 4,5 % (341
dólares); y Paraguay, en un 4,4 % (371,76 dólares).
En
Venezuela, el Ejecutivo anunció incrementos en las bonificaciones,
elevando el ingreso mínimo indexado a cerca de 130 dólares, los cuales no
inciden en las prestaciones sociales y solo es aplicable a servidores
públicos en ejercicio.
Para
el economista Manuel Sutherland, el salario es la víctima
principal de la crisis económica que vive la nación desde finales de
2013, y califica a las causas que la originaron como una “especie de
guerra económica contra la sociedad civil”.
“Esa
destrucción económica se debe fundamentalmente a las políticas de
hiperrentismo que se han venido desarrollando país por el mal uso de los
recursos económicos, a un endeudamiento caro y sin sentido, a un gasto excesivo
y a otra serie de factores”, explicó.
En su
opinión, el Gobierno mira a los sectores de la sociedad, como el
empresariado, los sindicatos y los gremios profesionales, como si fuesen
“problemas políticos”, por lo que son sometidos con políticas de reducción.
Con
las elecciones presidenciales del 28 de julio a la vuelta de la esquina, y con
Nicolás Maduro muy por debajo en la intención de voto en encuestas
independientes, un aumento de sueldo podría ser una maniobra para
tratar de darle un impulso a su apoyo popular.
Pero,
debido a la delicada situación financiera del país, Sutherland ve como
“muy improbable” que se incremente el salario de manera importante en
los próximos meses.
“El
Gobierno tiene una política de contención salarial que equilibra con la entrega
de bonos que se otorgan, y que permiten tener un dominio social mucho más
fuerte sobre la clase obrera y sobre el empresariado”, señaló el economista.
La
solución: “Un cambio de 180 grados”
El
futuro de la economía venezolana parece tener una nube gris, pero para Manuel
Sutherland, la nación pudiese subir rápidamente el salario “si hay un
cambio político importante”, o si se da un giro 180 grados en las
políticas que se vienen ejecutando.
“Lo
más probable es que el salario siga siendo el más bajo de América Latina y
como el tercer o cuarto salario más bajo del mundo”, aseguró.
Desde
su perspectiva, no existe un “decreto mágico” que logre subir de golpe
el salario, sino que es un proceso que se da de forma progresiva,
gracias a la implementación de medidas de “expansión económica, de desarrollo
económico y de desarrollo social”.
Sutherland
enumera una serie de decisiones que deberían tomarse para reconducir la
golpeada economía criolla, empezando por hacer públicas las
estadísticas que el Gobierno actual mantiene censuradas.
En
segundo lugar, tendría que ejecutarse “una reducción de la nómina
estatal fantasma de personas que ya no están trabajando”, seguido de
un acuerdo económico, social y humanitario entre gremios,
empresarios, sindicatos y partidos políticos para desarrollar un plan de
estabilización macroeconómica.
“Esa
subida del salario puede tener como fondo una reducción de los gastos
más onerosos que tiene el Estado, gastos en camionetas de 100 mil
dólares para los funcionarios, de viajes de lujo, escoltas y
que pudieran destinarse a salud, educación a rescatar el salario como tal”,
atizó.
Otros
de los aspectos que considera fundamentales es la “reestructuración de
la deuda externa, la eliminación de las sanciones con el regreso de Venezuela
al crédito internacional y la posible reforma a la ley de hidrocarburos para
vender petróleo a futuro haciendo convenios operativos para poder extraer
petróleo”.
El
segundo país del mundo con mayor presión fiscal
Uno de
los problemas que más afecta a la industria nacional es la presión fiscal, que
se ve potenciada por la recientemente aprobada Ley de Protección de las
Pensiones de Seguridad Social, la cual obliga a todas las empresas
privadas a contribuir con el 9 % de su nómina para pagar a los jubilados.
Sutherland
expresó su profundo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que la
considera una carga más para los asfixiados empresarios.
“Venezuela
tiene probablemente la segunda presión tributaria más fuerte del mundo y
tiene una retribución en servicios de calidad muy baja y de muy poca
eficiencia”.
Cualquier
empresa podría perder la escandalosa cifra del 80 % de sus beneficios netos en
impuestos, lo cual es “excesivo”, desde la perspectiva del
economista.
Por su
parte, el profesor de la Universidad de Carabobo, Héctor Lucena,
declaró a la ONG Provea que “esto representa un atropello del Estado
contra los trabajadores y un fracaso de la política socio laboral”.
“Reconstruir
el funcionamiento laboral es imperioso. Se confía que los trabajadores
en sus diversas categorías profesionales, ocupaciones, con mayores o menores
calificaciones, han experimentado el despojo de garantías y pérdida de
esperanza, de ahí la diáspora con todos los riesgos que ello conlleva”, afirmó.
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