Departamento del Tesoro USA 12 de septiembre de 2024
@USTreasury
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC,
por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios
alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial
competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos
de las personas. Las personas sancionadas hoy en cumplimiento de la Orden
Ejecutiva (E.O.) 13692, según enmendada, incluyen líderes del Consejo Nacional
Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alineados con Maduro
que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados
electorales precisos, así como los funcionarios militares, de inteligencia y
gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la
intimidación. detenciones indiscriminadas y censura. Los funcionarios
fueron nombrados por Nicolás Maduro, a quien la OFAC sancionó en 2017.
"Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas
contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la
negación de los derechos de sus ciudadanos a unas elecciones libres y
justas", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. "El
Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las
afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal
represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la
abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio. La Administración
Biden-Harris continuará utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a
Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo
venezolano".
Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus
representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus
derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de
intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos, incluida la
emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial exitoso,
Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a salir de Venezuela para
buscar asilo en España.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas
restricciones de visado en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a
funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en
Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas
restricciones de visado, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones
de visado por su papel en el socavamiento de la democracia, la corrupción
significativa y las violaciones de los derechos humanos.
FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DESIGNADOS
Las siguientes personas que obstruyeron la participación
política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designadas hoy de
conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, "Bloqueo de Propiedad y
Suspensión de la Entrada de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en
Venezuela", según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores
del GOV.
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa) es un juez que se desempeña en el TSJ alineado
con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del
TSJ. Anteriormente, se desempeñó como magistrado de la Sala Político-Administrativa
del TSJ, según múltiples informes de prensa.
Además, según la cobertura de los medios, en su calidad
de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Cámara Electoral de revisar y
certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. Figueroa
participó en la revisión técnica experta del TSJ en el CNE, y estuvo
involucrado en la convocatoria de candidatos presidenciales y líderes de
partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral
respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la
democracia.
Malaquías Gil Rodríguez (Gil) es magistrado y se desempeña como presidente
de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, se
desempeñó como vicepresidente de la Cámara Electoral del TSJ; Ocupa un
cargo en el Poder Judicial desde 2010.
Además, según fuentes mediáticas creíbles, Gil ha
obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de
Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los
derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo) es juez y jueza que se desempeña
como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde
2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia
Nacional Bolivariana y procurador general de las Fuerzas Armadas.
Además, según fuentes de los medios, Hidalgo ha obstruido
la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez) encabeza el TSJ alineado con
Maduro. Rodríguez es el presidente del TSJ desde enero de 2024 y preside
la Sala Electoral del TSJ.
Además, según fuentes de los medios de comunicación,
Rodríguez y la Cámara Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro
de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones fundadas de
fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es vicepresidenta del TSJ y miembro de la
Cámara Electoral.
Márquez fue uno de los funcionarios de la Cámara
Electoral que supervisó el proceso de valoración técnica del material
probatorio presentado por el CNE, organizaciones políticas y excandidatos
participantes en las elecciones presidenciales del 28 de julio de
2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez fue uno de los
funcionarios de la Cámara Electoral que certificó la afirmación infundada de
Maduro de la victoria.
Edward Miguel Briceño Cisneros (Briceño) es el juez especial del Juzgado Primero
de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, alineado con Maduro.
Además, según fuentes periodísticas, Briceño emitió una
orden de captura contra González menos de una hora después de que el Ministerio
Público la solicitara por los delitos de usurpación de funciones, incitación a
la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y
asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
Luis Ernesto Duénez Reyes (Duénez) es fiscal de la Fiscalía alineada con
Maduro. En su cargo, Duénez emitió la solicitud oficial de la orden de
captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego
fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el
8 de septiembre.
Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco) es rectora del CNE y se desempeña desde
2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada
con Maduro. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional
alineada con Maduro desde enero de 2021.
Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una
nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales,
instituyendo irregularidades en el registro electoral y retrasando
intencionalmente los procesos de los centros de votación. Además, Gil
Pacheco declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales sin publicar
los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías
requeridas al sistema de votación electrónica del país, entre otras
irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses) es el secretario general del CNE
desde agosto de 2023.
Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva
regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales,
introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando
intencionalmente los procesos de los centros de votación. Antes de servir
en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirma la
inhabilitación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante) es una fiscal que trabaja en el Primer
Tribunal Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), alineada con Maduro.
Además, según fuentes de los medios de comunicación,
Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar
enjuiciamientos por motivos políticos, que resultaron en la detención
arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados
Unidos y otros funcionarios opositores a Maduro. La Unión Europea, el
Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020, según las bases de datos
de sanciones.
Pedro José Infante Aparicio (Aparicio) se desempeña como primer vicepresidente de la
Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como
presidente de la Comisión Especial para la Investigación y Judicialización
de Partidos de Oposición y Representantes del Legislativo 2016-2021 por el
Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña "Furia
Bolivariana" lanzada en enero de 2024 contra la oposición
democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la
oposición en enjuiciamientos aparentemente motivados políticamente.
Domingo Antonio Hernández Larez (Hernández) es el Comandante Estratégico Operacional de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) alineada con Maduro, en el cargo
desde julio de 2021. Anteriormente, Hernández se desempeñó como Comandante
de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital).
Hernández fue denunciado por un defensor de derechos
humanos en 2019 como un represor en nombre de Maduro debido al aumento de la
represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de
inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además,
según diversas notas de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión
contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes
participan en protestas pacíficas.
Elio Ramón Estrada Paredes (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) alineada con Maduro, en funciones desde julio de
2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB
que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los involucrados
en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos.
Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la
GNB hostigó y detuvo a venezolanos bajo sospechas de apoyar materialmente a
Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes
noticiosas. Estrada lideró a la GNB en el arresto de miles de
manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del
28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez (Larez) es Comandante de REDI Capital de la
GNB. Larez fue anteriormente el General de División de la Zona de Defensa
Integral en el Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado
Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández (Brito) es el Director de Investigaciones
Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente el director de
contrainteligencia del destacamento presidencial.
Brito es identificado como torturador en los informes de
las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado
una campaña coordinada de "Operación Knock Knock" para hostigar,
detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad
civil después de las elecciones.
Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz) es el subdirector del Servicio Bolivariano
de Inteligencia (SEBIN), alineado con Maduro, desde 2021.
El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por
motivos políticos de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores
electorales y testigos electorales por parte de Maduro. Muñoz es uno de
los máximos líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, un grupo formado por
personal del SEBIN de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar. Al Grupo Pitbull se le asignó la tarea de hacer el "trabajo
sucio" y no había parámetros legales sobre lo que se les encomendaba
hacer. También se creía que el Grupo Pitbull era responsable de secuestros
y asesinatos. Es probable que el grupo secuestrara a personas para
presionarlas para que le dieran dinero al Grupo Pitbull. El Grupo Pitbull
utilizó ese dinero para otros fines operativos.
ACCIONES PREVIAS DEL TESORO CONTRA FUNCIONARIOS
VENEZOLANOS
La acción de hoy se suma a las múltiples acciones que la
OFAC ha tomado para atacar a funcionarios venezolanos actuales o anteriores, de
conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 según enmendada, por tomar acciones
antidemocráticas y violar los derechos humanos. Hasta la fecha, la OFAC ha
sancionado a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas, entre ellas:
Principales funcionarios venezolanos
- Nicolás Maduro
Moros – sancionado desde 2017
- Tarek William
Saab – sancionado desde 2017
- Jorge Elieser
Márquez Monsalve – sancionado desde 2017
- Celia Adela
Flores de Maduro – sancionada desde 2018
- Delcy Eloina
Rodríguez Gómez – sancionada desde 2018
- Diosdado Cabello
Rondón – sancionado desde 2018
- José David
Cabello Rondón – sancionado desde 2018
- Marleny Josefina
Contreras Hernández – sancionada desde 2018
- Vladimir Padrino
López – sancionado desde 2018
- Jorge Jesús
Rodríguez Gómez – sancionado desde 2018
- Remigio Ceballos
Ichaso – sancionado desde 2019
- Nicolás Ernesto
Maduro Guerra – sancionado desde 2019
Oficiales militares y de inteligencia clave
- Gustavo Enrique
González López – sancionado desde 2015
- Iván Rafael
Hernández Dala – sancionado desde 2019
- Hildemaro José
Rodríguez Múcura – sancionado desde 2019
- Rafael Enrique
Bastardo Mendoza – sancionado desde 2019
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral
- Elvis Eduardo
Hidrobo Amoroso – sancionado desde 2017
- Carlos Enrique
Quintero Cuevas – sancionado desde 2017
- Conrado Antonio
Pérez Linares – sancionado desde 2020
- Fabio Enrique
Zavarse Pabón – sancionado desde 2018
Tribunal Supremo de Justicia Funcionarios y ex
funcionarios
- Gladys María
Gutiérrez Alvarado – sancionada desde 2018
- Maikel José
Moreno Pérez – sancionado desde 2018
- Calixto Antonio
Ortega Ríos – sancionado desde 2018
- Luis Fernando
Damiani Bustillos – sancionado desde 2018
- Arcadio de Jesús
Delgado Rosales – sancionado desde 2018
- Carmen
Auxiliadora Zuleta de Merchan – sancionada desde 2018
- Lourdes Benicia
Suárez Anderson – sancionada desde 2018
- Juan José
Mendoza Jover – sancionado desde 2018
CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e
intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se
encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas
estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además,
cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente
o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas
también está bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia
general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC
generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas
estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren
cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o
bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar
sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva
13692. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o
conspirar para causar que las personas estadounidenses violen, consciente o
involuntariamente, las sanciones de los EE. UU., así como participar en
conductas que evadan las sanciones de los EE. UU. Las Pautas de Aplicación
de Sanciones
Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación
de las sanciones de EE. UU. por parte de la OFAC, incluidos los factores que la
OFAC generalmente considera al determinar una respuesta adecuada a una aparente
violación.
Además, las instituciones financieras y otras personas
que participen en ciertas transacciones o actividades con las entidades y
personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o estar sujetas a una acción
de cumplimiento. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier
contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio
de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o
provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se
derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a
la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN
de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es
castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para
obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista
de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC
aquí. Para
obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de
eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
Haga clic aquí para obtener más información sobre
las personas identificadas hoy.
Tomado
de: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577
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