Por: Miguel González Marregot
El bloque oficial abandonó definitivamente la Constitución Bolivariana para emprender en el terreno de los hechos, la construcción de su proyecto socialista. El viraje del gobierno nacional hacia un enfoque socialista de ortodoxia; presuntamente marxista, se encontraría plasmado en el denominado Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, convertido por decisión de la Asamblea Nacional, en el undécimo plan de la nación, para el lapso 2007-2013.
La perorata socialista del gobierno de turno, comenzó a tomar forma; a partir de 2006, cuando el actual Presidente de la República optaba por la reelección presidencial. Al respecto cabe recordar que, su propuesta gubernamental básica era la de construir una sociedad socialista en Venezuela. Después, durante 2007 el gobierno nacional impulsó el programa político denominado “Los cinco motores socialistas”; que suponía una combinación de medidas legales (proceso constituyente y reforma constitucional), propagandísticas (educación socialista), organizativas de carácter social-comunitario (explosión del poder comunal) y de naturaleza político-territorial (nueva geometría del poder).
En realidad, con dicho programa el bloque oficialista trató de posicionar la propuesta de reforma constitucional que se impulsaba desde la Presidencia de la República, como un medio para redefinir las relaciones entre el binomio Estado-pueblo; bajo un enfoque centralista e intervencionista. La reforma constitucional significaba la ruptura formal con la Constitución Bolivariana; por parte del bloque revolucionario oficial y, simultáneamente el primer paso para la instauración del socialismo en la Venezuela del siglo XXI.
Como es conocido por todos, la propuesta de reforma constitucional fue derrotada popular y electoralmente, lo que significó un duro y estratégico revés político para el régimen. A partir de esa derrota, el bloque oficialista ha tratado de compensar, con la aprobación de un conjunto de leyes que al margen de ciertos preceptos constitucionales intentan convertirse en los cimientos jurídicos del propósito socialista gubernamental. En este aspecto nos referimos a la creación de la Comisión Central de Planificación, a la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público, a la reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública y, a la promulgación de la Ley de la Fuerza Armada Bolivariana; entre otras leyes aprobadas tanto por la vía habilitante como por la Asamblea Nacional.
Así como el gobierno nacional ha venido alejándose del contenido de la Constitución Bolivariana por su viraje hacia “el socialismo”; por contraposición el pueblo organizado, los sectores alternativos al bloque oficial y las fuerzas democráticas de la oposición venezolana han venido asumiendo cada vez la defensa de ésta. Y es que la defensa de la Constitución Bolivariana representa la única estrategia válida y efectiva para restituir el equilibrio democrático en el país y reorientar su rumbo por hacia un horizonte de prosperidad, democracia y libertad en un marco de plena vigencia de los derechos humanos.
Frente al personalismo, el centralismo y la concentración del poder, la alternativa es el impulso de las luchas por derechos democráticos y libertades públicas. Y es que en ese sentido, no puede haber desmayo posible. En nuestro país, existe un pueblo desasistido y marginado de las posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida. Lamentablemente, en muchas ocasiones se pregona “que necesitamos un proyecto de país”, para salir adelante. Craso error. El proyecto de país ya lo tenemos y, está contenido en la Constitución Bolivariana. Una Constitución que por cierto, ya ha sido aprobada y defendida por el voto popular en más de una ocasión. A diez años del proceso constituyente, la Constitución Bolivariana sigue siendo el camino.
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