La “revolución” reaccionaria y retrógrada

Por Damián Prat.

Quien tenga ojos que vea. La fiscal general acaba de establecer una doctrina de los derechos ciudadanos que podría llamarse -parafraseando el título de un artículo de Tulio Hernández- “el gorilismo del siglo XXI”. A partir de una curiosa afirmación, según la cual, las personas que participaron en la multitudinaria marcha en repudio a la Ley de Educación “no conocen ese texto legal” y que por lo tanto “no tienen motivos para marchar”, llega a la conclusión de que “alteran la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, atentan contra el sistema democrático”. En consecuencia, la asombrosa doctrina de la titular del Ministerio Público concluye en que “a quienes organicen actos desestabilizadores vamos a solicitar su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”. Y agrega que ese “delito” que cometerían ciudadanos que protestan “encajan perfectamente en el delito de rebelión civil, el cual de acuerdo con el artículo 143 del Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años”, porque “los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido”. De ese modo, una manifestación de rechazo a una ley, normal y perfectamente legítima, termina siendo un delito mucho más grave del que cometieron quienes se alzaron en armas el 4 de febrero de 1992 contra un gobierno que -nos gustara o no y a mí no me gustaba- era legítimamente electo y constituido. ¿Quién califica que una protesta de calle de los trabajadores de un sindicato, o de los vecinos de un barrio hastiados de no tener servicio de luz o agua normales o de los simpatizantes de una opción política de cambio, sea “un acto de desestabilización”? El fin de todo es la criminalización de disidencia y de la protesta. Tratar de frenar el descontento social. Es convertir la oposición en un delito. Es amedrentar. Es intentar doblegar por el miedo al pueblo. Para eternizarse en el poder.

La “revolución” es cada vez más reaccionaria y retrógrada. Cada vez cuenta con menos pueblo y trata de sustituirlo con miedo, con represión, con el terrorismo de Estado de baja y media intensidad. Hacer presos a 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, cuyo “delito” fue hacer una marcha hacia el TSJ para acompañar a sus dirigentes que harían entrega de un documento de reclamo, es una barbarie propia de “Tachito” Somoza en la Nicaragua de los años 60, aunque también se parece a los “delitos” con los que se encarcela a los disidentes en la Cuba de Castro. Caerle a piedras desde la azotea de un edificio público a una manifestación opositora es propio de lo que hacían los tristemente célebres “tonton macutes” del sátrapa Duvalier en la Haití de hace 40 años. Caerle a palos y golpes a 30 ciudadanos -en este caso periodistas- que reparten volantes de protesta y rechazo a una Ley se asemeja mucho a lo que hacían los “fascio” de Mussolini en la Italia de los años 30 del siglo pasado o lo que aún hacen hoy las “Brigadas de Acción Rápida” del fidelismo en Cuba. La cúpula de la “revolución (¿?) chavista” es cada vez más una oligarquía, un grupo elitesco y cerrado donde domina uno solo, con el poder concentrado en una casta militar junto a algunos antiguos progresistas de izquierda hoy conversos al autoritarismo cavernícola. ¿Hay sectores democráticos en el chavismo? Sí, aunque cada vez más mortificados por la deriva de su “revolución”. ¿Hay sectores populares con deseos de progreso social? Sí, aunque cada vez más decepcionados. Muchos aún aferrados a la esperanza en que las palabras guarden correspondencia con la realidad, pero con menos entusiasmo y convicción. En esa lucha seguimos. Aquí no se rinde ni se amedrenta nadie.

Los “ludistas”. Los dirigentes obreros de antes, formados políticamente en la social democracia o en el marxismo, conocían ese caso que fue duramente criticado por el propio Marx. Era un grupo de obreros ingleses de principios del siglo 19, en los albores de la revolución industrial que dio origen al capitalismo, que para protestar “por la explotación”, con la mente fanatizada, dañaba y destruía las máquinas que modernizaban la producción. Por supuesto que al hacerlo, estúpidamente, se quedaban sin empleo, porque la fábrica desaparecía. Sus familias iban a la pobreza extrema. Aquel caso perdido en la memoria, me vino a la mente con los casos recientes de las ensambladoras automotrices Mitsubishi-Hyundai y la de Toyota en el oriente venezolano. También los casos con los que se trató de hacer cerrar Coca-Cola o algunas fábricas de piezas automotrices.

Siempre reivindico los derechos laborales, porque a través de ellos defiendo la democracia, la justicia social, el progreso de las familias y el necesario ascenso social que hace más justa y equilibrada a una sociedad. Los derechos laborales, como cualquier otro, se ejercen para progresar y no para retroceder. Cuando los trabajadores del aluminio, por ejemplo, exigen sus pasivos laborales, pero colocan en primer plano reclamar por las inversiones para que las empresas de Guayana no colapsen y salgan de la quiebra en que la ha sumido el gobierno, merecen todo el apoyo. Un movimiento sindical progresista lucha por sus derechos y por las mejoras económicas, al mismo tiempo que defiende la viabilidad de las empresas. Destruir y alejar inversiones no es luchar “contra la explotación”. Por el contrario, es reducir los empleos buenos y productivos. Los propios y los de otros. Los fanatismos nunca son positivos.

TIPS... Matesi. Me llega el dato. Es un informe de la comisión de transición designada por el gobierno. Ellos habrían rechazado una supuesta pretensión de un grupo político sindical chavista de hacer despedir a varias decenas de trabajadores de la nómina de conducción “porque no hacen falta y tienen la mentalidad de los argentinos”... ¿Eso es cierto? ¿Sindicalistas pidiendo despidos? Me dicen que el equipo designado por el Mibam para manejar la transición rechazó de plano esa solicitud. Veremos... El gobierno de Micheletti no puso obstáculos al ingreso a Honduras de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que quiere verificar denuncias en aquel país... En Venezuela, Chávez prohibió el ingreso de la misma Comisión. ¿Quién es el “Goriletti”?... Rotunda respuesta de la Mesa de Unidad a la fiscal y al gobierno. “Vamos a volver a marchar. Ahora vamos a la Fiscalía. Métanos presos ya que usted dice que los que protestan y marchan son delincuentes”... Y un agregado importante: “Si queremos cambiar al gobierno. Vamos a seguir en la vía democrática para lograr el cambio”... Ese detalle es clave: es legítimo, democrático y constitucional buscar un cambio de gobierno. Eso es lo normal en cualquier democracia. Basta ya de que la acción política opositora y de la alternativa democrática sea señalada por el gobierno como “delictiva”.

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