Por Carlos Romero
En los recientes días, se ha anunciado por un lado, que para enero del 2011 el gobierno impulsará una nueva descentralización en el que el pueblo administrará sus propios recursos y por otro el lado, post elecciones parlamentarias, la mayoría de los alcaldes de la zona metropolitana han evaluado de manera individual el resultado del proceso electoral y han declarado que el mismo ha sido positivo para retomar desde la Asamblea Nacional la defensa de la descentralización y de los recursos para los municipios.
Dos posiciones hay en la Venezuela actual, una es la que emana de los artículos 16, 157, 158, 184 y 185 de la Constitución Nacional, que plantea la descentralización como un modelo que consiste en la transferencia de competencia desde el poder nacional a los estados y municipios, con la posibilidad de transferir competencias a las comunidades, pero desde el poder estadal y municipal, conforme al artículo 184 de la Constitución.
La otra posición es la del gobierno nacional, que mantiene una política a través de la cual el pueblo asume la administración de recursos y en la cual se ha diseñado un modelo que permite la transferencia de recursos desde el Poder Nacional hacia las comunidades de manera directa obviando a los estados y municipios; pero además, creando nuevas estructuras políticas territoriales.
En ambos modelos hay una figura que es asumida como la instancia responsable de las políticas y acciones para el desarrollo de la descentralización y transferencia de competencias, ella es el Consejo Federal de Gobierno, prevista en el artículo 185 de la Constitución y que es desarrollada a través de una Ley Orgánica y su reglamento.
Esa Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento, hacen que el debate político nacional y plural para lograr impulsar la descentralización como política nacional para la profundización de la democracia y el acercamiento del poder al pueblo, pase por entender si el rol del Consejo Federal de Gobierno está concebido como una instancia responsable de promover la descentralización o más bien es diseñada como una instancia para impulsar un nuevo modelo de Estado, dos funciones excluyentes pero que recaen en un mismo actor: el Consejo Federal de Gobierno.
La revisión exhaustiva del rol del Consejo Federal de Gobierno, visto de manera articulada con el proyecto de ley de comunas es una tarea inmediata y esencial para lograr ser efectivos en la defensa de la descentralización y a su vez, poder visualizar los grandes retos que para el 2011 tendrán los municipios en el ejercicio de sus competencias y cómo enfrentar los mismos ante un electorado que en el 2012 volverá a participar para elegir o reelegir al poder ejecutivo municipal.
Los nuevos diputados, tienen en la actualidad la posibilidad de asumir el denominado Parlamentarismo de Calle, como una estrategia para promover el debate plural y nacional desde sus propios circuitos electorales y a través del mismo ir construyendo una verdadera cultura participativa y de control social sobre la actividad legislativa. Con la pluralidad en el parlamento se logrará darle a esa estrategia política creada por la Asamblea Nacional para justificar la consulta popular, un real alcance participativo, democrático, plural y de control social sobre la labor parlamentaria.
Para la efectiva utilización del espacio parlamentario en función de analizar el rumbo de nuestra descentralización, se hace indispensable el encuentro entre los diputados, autoridades políticas electas responsables de la gestión pública en la jurisdicción respectiva y sus electores, para que se puedan articular esfuerzos y acciones en defensa de la descentralización y de la municipalidad en el marco de la Constitución de 1999. Si esa articulación se lograra, estaríamos siendo testigos de la más clara relación de interdependencia entre la democracia electoral con la democracia participativa y representativa que contribuiría efectivamente a ratificar los resultados legítimos y válidos del 2D de 2007 y del 26S de 2010.
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