El lado oscuro del CNE

Por Exequiades Chirinos, 5 Abril, 2011

La existencia de un hecho evidente, público y notorio despierta la mayor de las suspicacias en torno al actual manejo discrecional de los próximos comicios presidenciales por parte del Poder Electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral: las elecciones de concejales y de miembros de Juntas Parroquiales.

Pendientes de celebrarse en el año 2009, ambas elecciones continúan sin definición alguna porque sencillamente al gobierno nacional no le interesan los legisladores locales, dado su interés en desaparecerlos e imponer por la fuerza a los Consejos Comunales.

En esa misma tónica actúa el CNE. Las magistradas oficialistas del CNE – Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D`Amelio y Socorro Hernández -, le siguen el juego del chavismo al eludir el mandato de ley (Ley Orgánica del Poder Público Municipal), que obliga al ente electoral a convocar ambos procesos.

A los ojos de las magistradas del CNE las elecciones de concejales y de miembros de Juntas Parroquiales son inexistentes, innombrables, carente de importancia y, entonces, por diversidad de razones inexplicables tomaron arbitrariamente la decisión de abstenerse de convocarlas, a pesar que la institución debe cumplir con esa obligación, consagrada en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Y hasta la fecha, hasta que no cambie de opinión el gobierno nacional, no se realizarán las votaciones de concejales ni de Juntas Parroquiales y punto. Se dilató y dilató la decisión y, ahora, se llega al gran momento de las elecciones presidenciales que, evidentemente, revisten mayor importancia nacional y, de un solo golpe, colocan en el nivel del desinterés a los comicios municipales.

En ese escenario, nada pasó. No se produjo ninguna sanción contra las magistradas del CNE porque el incumplimiento de sus obligaciones electorales no está dentro de las causales de destitución (artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Electoral) y ahora repiten la receta de interpretar las leyes según su conveniencia.

Por ello, la nación atraviesa actualmente una nueva situación de incertidumbre: la fecha y, también, el modo de realización de los comicios del 2012 que abarcan la escogencia del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes y de los legisladores regionales.

Se habla de hacer elecciones separadas (primero las presidenciales) para pretender ayudar al candidato del oficialismo en su intento de reelegirse, bajo el supuesto que le quitaría la carga de los candidatos de los estados del país y se concentraría la atención sólo en la figura presidencial.

Lo cierto y también evidente – como las elecciones de concejales y juntas parroquiales – radica en que en vez de convocar a una mega elección – menos costosa para el país en términos económicos-, se trata de torcer un proceso presidencial que antes de la modificación de la Ley Electoral se efectuaba, con plena certeza, en el mes de diciembre del último año de mandato.

Ahora se habla de mediados del 2012, es decir, de una fecha ajustada a la estrategia diseñada en el Palacio de Miraflores y, por ende, se desconoce hoy día si habrá o no una megaelección o si se anticiparán las presidenciales.

Un cambio total de las reglas del juego electoral tendentes a favorecer a aquel cuya pretensión es contarse él primero, solo y sin el peso de los restantes candidatos que, en el lado, del chavismo, asoman como un saco de gatos. Un viraje en los procesos electorales presidenciales que, incluso, podría serle totalmente contraproducente a ese candidato oficialista.

Frente a esta situación las magistradas del CNE mantienen total mutismo porque juegan a respaldar la estrategia del oficialismo, a preservar el “gran secreto”, cuando el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral obliga al CNE a “…garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.

El lado oscuro del CNE, o de las magistradas oficialistas, es que fungen como juez y parte interesada del proceso de las presidenciales al guardarse la fecha y el modo de realización de las elecciones para intentar sorprender a un sector del país y convocar por sorpresa las votaciones más importantes para la nación.

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