JULIANA GIL GUTIÉRREZ 16 de marzo de 2019
Felipe
Muñoz, gerente de la Frontera, es un convencido de que la migración
venezolana necesita ser atendida y de que estas personas que han cruzado a
Colombia en los últimos años no lo hicieron por gusto, sino que tuvieron que
huir de su país debido a la compleja crisis que este vive, en la que no hay
alimentos ni medicamentos y tener servicios públicos garantizados es una
ilusión.
Desde
la Gerencia de Frontera de Presidencia de la República es uno de los
representantes del Gobierno encargados de coordinar la atención en los 2.219
kilómetros de área limítrofe que comparten ambos países, en los que están
dispuestos ocho puntos de control, por donde en los últimos cuatro años se
agudizó la movilidad de personas que llegaban a nuestro territorio para comprar
comida e insumos, radicarse en el país o como punto de cruce para otros
destinos.
El
fenómeno migratorio tuvo su punto de inflexión en 2015, cuando el régimen
de Nicolás Maduro echó a 22 mil colombianos. Desde 2016, por
ejemplo, se crearon cuatro permisos especiales de permanencia (PEP) y la
tarjeta de movilidad fronteriza. Ahora está vigente el Conpes 3950, sobre la
estrategia para la atención de la migración.
La
Cancillería firmó una resolución que da una vigencia adicional de dos años a
los pasaportes venezolanos a partir de su expiración para transitar por el país
y Migración Colombia afirma que “es Venezuela la que tiene cerrada la frontera”
y que Colombia se ha mantenido en una “línea de flexibilización migratoria”.
Además,
a partir de junio, se implementarán puertas automáticas con un sistema que lee
el iris para que al cruzar solo baste con digitar un número de documento y
mirar a un dispositivo. En EL COLOMBIANO hablamos con Felipe
Muñoz sobre otras medidas para atender a esta población.
No
todos los venezolanos tienen PEP. ¿Cómo logran que se registren en el permiso?
“Antioquia
es el departamento en el que hay mayor proporción entre quienes llegaron y los
que se han acogido al PEP. Con quienes lo tienen nos debemos preocupar porque
tengan acceso al Sisbén o al sistema contributivo. Estamos trabajando para
generar una ruta de empleabilidad y una ruta de emprendimiento. En Antioquia,
por ejemplo, la mayoría de la gente se ha integrado”.
La
lectura que se tiene desde Presidencia es que la migración puede ser la más grave
en el mundo...
“Así
es. Estamos enfrentando la crisis migratoria más grave y compleja de la
historia de la región y hoy por hoy una de las más grandes del mundo. Turquía
recibió en 6 años a 3 millones 600 mil sirios, esos son 600 mil por año en
promedio; la crisis de los rohinyá entre Birmania y Bangladesh son 700 mil en
dos años. Acá tenemos más de un millón en dos años. No es solo cuestión de
atención humanitaria, sino pasar a una etapa que tiene que ver con un tema de
generación de ingresos y realmente integrar a estas personas. Si logramos hacer
bien esta parte, seremos un ejemplo”.
Hay un
riesgo de que también sean contratados de forma irregular.
“Es un
asunto que hemos reforzado con el Ministerio de Trabajo y Migración Colombia.
Ha habido más de 800 empresas sancionadas en el último año por Migración y por
los inspectores de trabajo por contratación de carácter irregular. Está el
riesgo, pero trabajamos para mitigarlo, incluyendo a los empresarios”.
Los
venezolanos están expuestos a redes de tráfico de personas. ¿Cuáles son?
“En la
zona de frontera históricamente ha habido factores de inseguridad relacionados
con el contrabando y la trata de personas. A lo largo de la frontera hay
algunos grupos y por eso permisos como el de tránsito buscar evitar que entren
por pasos ilegales. Ahí trabajamos no solo con migración, sino con inteligencia
de la Policía. Hay unos que están siendo captados para los cultivos ilícitos,
no solo en la frontera, sino casi que en la zona del Cauca, donde se han
llevado a los caminantes”.
¿Ha
habido capturas por tráfico?
“Más
de 180 personas han sido capturadas por Migración Colombia en redes de tráfico
a migrantes., no todos en la frontera con Venezuela. Colombia ha sido generoso
y lo seguirá siendo, es la política del Gobierno Nacional, pero estamos claros
en que quien cometa el delito se tiene que ir”.
Villa
del Rosario, Maicao y Arauca. ¿Cuál es el punto más crítico en términos
humanitarios?
“Nuestra
mayor preocupación es Maicao, en la Guajira, donde la población ha crecido un
16 %. El segundo, Villa del Rosario, donde queda el puente, que ha crecido 26
%. El tercero, Arauca capital, con un 17 %, y tal vez Puerto Carreño y esa zona
donde hay un movimiento indígena. Nos empieza a preocupar Barranquilla y
Soledad. Maicao tiene menos capacidad resolutiva que Táchira: siete de cada
diez niños que nacen en el hospital del municipio son venezolanos. Hay mucha
población indígena, mujeres y enfermedades asociadas al tema materno”.
¿Hay
preocupación por las enfermedades?
“Hay
que ser cuidadosos con la información de salud para no generar xenofobia. Se ha
dado la reaparición de enfermedades transmisibles que estaban eliminadas. En
Medellín desde el 98 no había casos de sarampión. En temas de enfermedades
transmisibles son sarampión, malaria, tuberculosis y difteria. En las de alto
costo el cáncer infantil y el VIH. Tenemos evidencia de un colapso absoluto del
sistema de salud en Venezuela”.
Es
importante resaltar ese mensaje contra la xenofobia...
“Tenemos
una responsabilidad histórica. Hubo más de tres millones y medio de colombianos
en Venezuela y allá nos acogieron. Es un imperativo ético. Los venezolanos no
están llegando por gusto, sino porque les está tocando salir. Esto es muy duro,
tenemos que entenderlo, hay que aprovechar esto para hacer un mecanismo de empatía
y ponerse en los zapatos del otro”.
EN
DEFINITIVA
El Gobierno tiene una política de ser duro con el
régimen en los temas políticos y diplomáticos, pero con los venezolanos mano
abierta y generosidad. Se debe evitar la xenofobia.
5,4 millones de venezolanos podrían salir
de su país a finales de 2019: ONU
1,7 millones de venezolanos llegaron al
país hasta diciembre de 2018: Migración
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