Por Gregorio Salazar
Sostener como un elemento de
confiabilidad que el CNE que organizó las municipales de 2017 y las
presidenciales del 2018 fue el mismo con el cual la oposición triunfó de manera
apabullante en las elecciones legislativas del 2015 encierra una falacia demasiado
protuberante que seguimos oyendo en boca de voceros del régimen madurista pero
también de manera preocupante en algún sector de la oposición.
A lo largo de estos veinte
años el chavismo trabajó sin pausa para socavar la fe de los venezolanos en el
voto como instrumento fundamental para el cambio democrático, mientras
sostenía que el sistema electoral venezolano era el más eficiente y blindado
del mundo, virtudes que nunca han sido fehacientemente demostradas pero
que tampoco bastarían para que los comicios fueran verdaderamente pulcros.
De qué sirve, por ejemplo,
una tecnología que cuenten con exactitud milimétrica los sufragios en un país
donde se inhabilitan candidatos y partidos políticos, donde el ventajismo
económico, mediático e institucional se ejerce de manera impúdicamente obscena
y son múltiples las vías que se han utilizado para desconocer la expresión de
la voluntad popular, tarea en la que entra en juego el organismo electoral
alterno del régimen: el tribunal supremo de justicia, que descabeza rivales a
priori o a posteriori.
Las elecciones legislativas
del 2015, represadas por meses y meses sin razón alguna y a pesar del sostenido
reclamo nacional, fueron ganadas por la oposición no gracias a la imparcialidad
del CNE, sino a pesar del celestinaje de sus cuatro rectoras, ciegas, sordas y
mudas frente a los abusos de sus jefes políticos desde el Ejecutivo.
Luego vendría el
desconocimiento de la mayoría calificada en la AN, mediante el artificioso
juicio a los diputados de Amazonas, proceso en el que vergonzosamente cuatro
años después todavía no hay decisión.
Las conversaciones para
lograr condiciones electorales justas fracasaron reiteradamente y cuando se
llegó al caso de firmar acuerdos como ocurrió entre Maduro y los candidatos de
oposición en las presidenciales del 2018 lo convenido fue burlado, como
denunciara Henry Falcón ante el TSJ. Falcón llegó inclusive a la increíble
concesión de tener que aceptar los “puntos rojos” devenidos en “puntos
electorales”, especie de mini guaridas donde el régimen ejerció el control
de los votantes por distintas vías, unas más ilícitas que otras.
Se le echa en cara a la
oposición su llamado abstencionista a las elecciones legislativas del 2005 y
ese error ha sido reconocido por varios de sus promotores. Rectificar
para retomar la ruta de los comicios dio sus máximos frutos en diciembre del
2015, pero el bloqueo por la acción combinada del Ejecutivo, el CNE y el TSJ a
la crucial cita electoral que debía representar el referéndum revocatorio
evidenció que el chavismo, convencido de que había perdido el favor de las
grandes mayorías, no estaba dispuesto a medirse en las urnas en condiciones
siquiera medianamente parecidas a las del 6D de 2015. Incluso anunciaron que no
harían más elecciones para perderlas.
El desconocimiento de la AN
y el bloqueo al referéndum revocatorio que debió realizarse en 2016 más las
medidas que se ejercieron contra la tarjeta de la MUD y para ilegalizar
dirigentes y partidos políticos fueron elementos de convicción para los opositores
de que el régimen no solamente había conseguido envilecer todo el sistema
electoral y su dominio, sino también desbaratar la fuerza y la maquinaria
electoral, modesta pero eficiente, que con titánicos esfuerzos había logrado
construir la unidad partidista. El alejamiento de las urnas de votación fue in
crescendo.
La ruta que ha trazado Juan
Guaidó tiene como tercer paso la realización de unas elecciones libres. Un
sector minoritario de la oposición también está apuntando a la necesidad de una
consulta popular. La diferencia estriba en que lo que para Guaidó es un punto
de llegada tras el cese a la usurpación y el gobierno de transición, es para
los otros sectores el punto de arrancada: un referéndum para que el pueblo diga
si está de acuerdo o no en que se relegitimen todos los poderes públicos
nacionales.
La segunda vía, como todas
las que impliquen una medición electoral en condiciones justas, resulta
mortal para el objetivo de eternización en el poder de la cúpula que ha
destruido a Venezuela, como mortal hubiera sido el referéndum revocatorio en
2016, la gran expectativa por la cual los ciudadanos se volcaron a darle todo
el poder a la oposición en la AN. Maduro representa un régimen ilegítimo y
repudiado por más del 80 % de los venezolanos. Encabeza una fracasada
revolución que se dice popular pero paradójicamente le teme menos a las
amenazas con fusiles que a la expresión más democrática y pacífica de los
ciudadanos: el voto. Clausurar y mantener esa puerta cerrada es
justamente lo que lo ha dejado frente a “todas las opciones”.
24-03-19
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