Carlos Tablante 05 de marzo de 2019
@TablanteOficial
Cuando
se dice que todas las opciones están sobre la mesa, es obvio que las
prioritarias son aquellas que nos alejan de más dolor y sufrimiento. Por
sentido común, nadie puede desear una guerra. Todos sabemos que la violencia
favorece al régimen que siempre la ha promovido.
Desde
la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de Juan Guaidó, además del canal
humanitario para enfrentar la emergencia económica y social, se está impulsando
la apertura de la vía electoral sin presos políticos, sin inhabilitados ni
exiliados, con todos los partidos legalizados, un nuevo CNE, observadores
internacionales independientes y con la supervisión de la ONU y la OEA. Es
decir, la realización de elecciones generales para legitimar a todos los
poderes públicos y darle plena vigencia a la Constitución.
El
usurpador Maduro, a pesar de saber que ya no tiene ni capacidad ni legitimidad
para solucionar la grave crisis que él mismo creó, continúa siendo la piedra de
tranca.
Llegó
la hora de los empleados públicos. Amparados en el artículo 145 de la Carta
Magna que establece que “los funcionarios y funcionarias públicos están al
servicio del Estado y no de parcialidad alguna”, deben liberarse del control
autocrático y colocarse del lado de la Constitución, acogerse a la amnistía
ofrecida por el Parlamento y no acatar las órdenes de una élite incompetente,
derrochadora y corrupta que está raspando la olla para continuar saqueando el
patrimonio de los venezolanos.
Igualmente,
hay que recordar a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional que se trata de
“una institución sin militancia política que está obligada a garantizar el
mantenimiento del orden interno y que, en el cumplimiento de esas funciones, no
puede estar al servicio de persona o parcialidad política alguna” (Art. 328).
Por lo tanto, como dice el Presidente Guaidó, no pueden quedarse de brazos
caídos permitiendo que grupos violentos, colectivos y paramilitares agredan y
asesinen a los ciudadanos críticos al régimen.
En
especial hacemos un llamado a los empleados del BCV y de las dependencias que
gestionan las finanzas públicas. Mucha atención con la venta de oro, las
transacciones con papeles o instrumentos financieros de la República y con las
contrataciones a dedo y de última hora, en especial en el área de alimentos y
medicamentos, de las que hablaremos en detalle pronto.
No son
las sanciones ni el bloqueo las principales causas de la hiperinflación y del
deterioro en todos los órdenes que sacude hoy a la nación. La falta de
medicinas, alimentos y la violencia son el resultado del gran saqueo de los
dineros públicos como también denunciamos en el libro con ese mismo título, en
el que a través de exhaustivas entrevistas constatamos que la nación sufrió un
robo de más de 350.000 millones de dólares en medio del rotundo fracaso de un
sistema anacrónico y antidemocrático.
A esto
hay que sumar la invasión cubana que ha tomado por asalto a Venezuela para
ponerla al servicio de la dictadura castrista convirtiéndola en su colonia,
como bien lo explicó Joaquín Villalobos en su reciente columna en el diario El
País de España titulada Cubanos go home.
La
indignación debe seguir organizada, en la calle, pero también, sobre todo, en
las instituciones del Estado. Solo así conseguiremos que, además del rechazo y
aislamiento internacional, el usurpador de Miraflores sienta de verdad la
presión del descontento popular, logrando que los oficiales institucionales de
las FAN le exijan que se retire. Ojalá que también los diputados del Psuv se
incorporaran a sus curules en el Parlamento – que abandonaron
injustificadamente – facilitando así una ruta de transición pacífica que
culmine en la realización de elecciones verdaderamente libres y democráticas.
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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