Trino Márquez 20 de marzo de 2019
La
forma irresponsable, represiva y cínica como el régimen de Nicolás Maduro se ha
comportado ante la crisis eléctrica, el arraigo popular de Juan Guaidó y el
reconocimiento internacional alcanzado por el Presidente de la Asamblea
Nacional y Presidente encargado, unido a la petrificación de los usurpadores,
atornillados a Miraflores y negados a dejar el palacio de gobierno, ha
conducido a numerosos sectores a pedirle a Guaidó que invoque el artículo 187,
numeral 11, de la Constitución nacional.
El 187
prescribe las competencias de la Asamblea Nacional. El numeral 11 señala que
una de esas atribuciones consiste en “autorizar el empleo de misiones militares
venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. De acuerdo con la letra
constitucional, según la interpretación de quienes aspiran a invocar ese texto,
y dada la crítica situación nacional, con tendencia a agravarse, la tozudez de
Maduro y su equipo, y la impotencia de la sociedad para desalojarlos del poder,
habría que valerse del 187 para solicitar el empleo de una misión militar en
Venezuela. Es decir, una invasión.
Juan
Guaidó se ha comportado de forma cautelosa frente a esa posibilidad. No se ha
dejado acorralar por quienes pretenden arrinconarlo para que apruebe la
solicitud. Por razones tácticas, insiste en que todas las salidas están puestas
sobre la mesa. Es la postura lógica. Para conservar el poder, el régimen
abandonó todas las fórmulas basadas en la persuasión y el consenso. Optó por la
coerción abierta apoyado en la GNB, la PNB, las Faes y grupos delictivos
paramilitares. En ese escenario, lo más sensato es que Guaidó subraye lo que
sus aliados internacionales de mayor peso sostienen: que ninguna alternativa ha
sido descartada. Si el régimen pretende mantener el secuestro indefinido del
país, debe asumir que esa posibilidad está contemplada. Tiene que convencerse
de que puede resultar muy alto el costo de atornillarse a Miraflores en contra
de la voluntad de la inmensa mayoría y de los países democráticos de la región,
que además sufren las consecuencia de la ineptitud madurista.
Hay
que distinguir entre enarbolar el 187, teniéndolo como refugio, y exigirle a
Guaidó y a la Asamblea Nacional que solicite su aplicación en la actual
coyuntura. La precipitación en este campo puede conducir a un error gravísimo,
con consecuencias letales para el movimiento que se ha organizado en torno de
Guaidó. Si el presidente encargado y los diputados de la AN tomasen la decisión
de valerse del 187 para llamar a la comunidad internacional a que aterrice en
Venezuela, y ese llamado no es respondido por los Estados Unidos, Brasil y
Colombia, las naciones más proclives a intervenir, el prestigio y autoridad de
Guaidó y los parlamentarios quedarían seriamente lesionados. Tal posibilidad es
muy alta.
En
nombre de la soberanía nacional y del respeto que merecen los factores de poder
y la opinión pública, los presidentes de cada una de esas sociedades tendrían
que realizar las consultas de rigor y manejar con prudencia las diferentes
opiniones que surjan. Involucrar a un país en un conflicto bélico con otro, no
es una cuestión sencilla, que pueda resolverse en un cenáculo. La gravedad que
los venezolanos les asignamos a nuestras penurias, no es igual a la que les
asignan los pueblos de otras latitudes. El Presidente y las Fuerzas Armadas de
las naciones aliadas no pueden sentir que Guaidó y la AN están dictándoles
órdenes. Si esos gobiernos deciden intervenir en Venezuela será porque
concluyen que nuestra situación es insostenible por las razones que ellos
consideren pertinentes, no porque Guaidó y la AN lo pidan.
Según
todos los indicios, la estrategia escogida por los socios internacionales de
los demócratas venezolanos, en primer lugar los Estados Unidos, consiste en
doblegar al régimen de Maduro. Asfixiarlo en el plano financiero. Dejarlo sin
recursos económicos para que no pueda seguir operando. Las sanciones a Pdvsa
persiguen ese fin. Cada vez le resulta más arduo al régimen negociar con el
oro, los diamantes y demás minerales extraídos del Arco Minero. La producción e
importación de gasolina se hace cada vez más empinada. Las posibilidades de
resolver la grave crisis eléctrica se alejan. Se requieren inversiones
multimillonarias que Maduro no está en capacidad de atraer. Mucho menos de
generar. El deterioro de los servicios públicos continuará. Recuperar el
suministro de agua será imposible porque el gobierno está incapacitado de
conseguir los fondos necesarios. Lo mismo ocurrirá con el gas, el transporte
público, la salud, la infraestructura.
Resulta
duro admitirlo, pero es la verdad: la comunidad internacional no atenderá la
solicitud de Guaidó y de la AN. Trazó una ruta en la cual veremos cómo el país
continúa despedazándose, con la esperanza de que el régimen, como resultado del
malestar e ira de la gente, implote. Para ir bien tendremos que permanecer
juntos sin solicitar invasiones extranjeras.
Trino Márquez
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico