Benigno Alarcón Deza 13 de abril de 2020
@benalarcon
El editorial de esta semana lo dedicamos a explorar lo
que podría ser la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 en
Venezuela y algunas de sus posibles consecuencias. Es evidente que existe una
gran desinformación que se traduce en muchas especulaciones sobre lo que está
en realidad sucediendo. Al día de hoy pareciera que estamos en una etapa
temprana de contagio en donde aún no se ha presentado el fenómeno de contagio
exponencial que hemos visto en otros países, en donde los casos reportados se duplican
cada tres días, pero la mayoría de los expertos parecieran coincidir en que no
existe ninguna razón objetiva para esperar que en Venezuela se de una evolución
distinta a la de otros países. De ser así, el escenario que cabe esperar es el
de una inevitable agudización de la emergencia sanitaria de consecuencias
difíciles de predecir, dada la precedente crisis del sistema de salud y de
otros servicios básicos relacionados con la capacidad para hacer frente a esta
pandemia, como es la disponibilidad de alimentos, medicinas, electricidad,
agua, gas, y ahora de gasolina, sin la cual se paraliza buena parte de la
distribución de bienes y servicios en el país, lo que podrán generar las
condiciones para un escenario de alta conflictividad social.
Dos modelos básicos para lidiar con la pandemia
En el mundo hemos visto que los países han venido
enfrentando la amenaza de la pandemia mediante dos metodologías opuestas,
aunque ambas parecieran funcionar dependiendo de las características de sus
sociedades. Veamos estos modelos desde la experiencia asiática por ser el
continente en donde el virus tiene su origen, y por lo tanto la primera área
geográfica donde se inicia su expansión.
El primer modelo se corresponde con las medidas
exitosamente aplicadas por países como Taiwan y Corea del Sur, los cuales, pese
a su cercanía con China, país de origen de la epidemia, lograron contener su
expansión de manera temprana.
En el caso de Taiwan, país habitado por unos 24
millones de personas, con una alta densidad poblacional y a menos de 100
kilómetros de China, se han registrado sólo unos 380 casos con 5 personas
fallecidas. Taiwan, a diferencia de otros países, y de la misma China, no
recurrió a la cuarentena social ni a la paralización de sus actividades
regulares, sino que su éxito se explica por la rapidez de su respuesta y una
infraestructura de salud pública muy sólida que está en capacidad de
administrar las pruebas de diagnóstico de manera inmediata y gratuita a todo el
que la solicite, y en caso de que el resultado sea positivo se coloca a la
persona en cuarentena, mientras el gobierno cubre sus costos de comida,
vivienda y gastos médicos, lo cual genera los incentivos para que nadie que
tenga algún síntoma o sospeche haber contraído la enfermedad lo oculte. Estas políticas
se complementan con un importante análisis de Big Data que permite comprender
mejor los focos geográficos en donde se está expandiendo la enfermedad.
Tales políticas coinciden con las aplicadas por Corea
del Sur con una población de casi 52 millones de personas, que se ha convertido
en uno de los casos de éxito más relevantes tras haber sido el segundo país con
más contagios en el mundo después de China, y que actualmente registra 10.423
casos, con sólo 204 fallecimientos y unas 7.000 personas recuperadas. Corea del
Sur examina a unas 20.000 personas por día, identificando prematuramente no
solo casos graves sino también aquellos casos leves que, a pesar de no suponer
un riesgo para la persona contagiada, la convierten en un propagador de la
enfermedad, a fin de proceder a su aislamiento temprano. Asimismo, Corea del
Sur ha organizado una gran base de datos para estudiar las líneas de contagio,
lo que les permitió, por ejemplo, aislar selectivamente grupos de alto riesgo
como la comunidad religiosa de la Iglesia Shincheonji, relacionada en un
momento inicial con más de la mitad de los casos de Covid-19 en el país.
La característica común del modelo aplicado tanto en
Taiwan como en Corea del Sur, que ha sido adoptado con éxito también en
Singapur y en algunos países del norte de Europa, en los que no se impusieron
cuarentenas sociales ni se cerraron las ciudades ni las actividades
productivas, así como tampoco las escuelas ni las universidades, ha sido
el diagnóstico masivo y temprano, la sistematización de datos, junto a la
imposición de medidas muy estrictas de aislamiento para los pacientes y
personas contagiadas.
El segundo modelo se corresponde con el que ha sido
aplicado en China, y en buena medida en la mayor parte del mundo. En China, por
haber reaccionado tarde, no hubo tiempo para las medidas de supresión y cuando
ya el problema había entrado en una etapa de contagio exponencial hubo que
tomar medidas muy restrictivas de mitigación. Para ello se tuvieron que
decretar cuarentenas estrictas en ciudades y poblaciones enteras, que
alcanzaron a unos 760 millones de personas en aislamiento, para tratar de evitar
una mayor propagación del coronavirus.
Ambos modelos han funcionado, de hecho la Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoció el éxito del gobierno de Xi Jinping por su
actuación frente a la crisis. Pero lo que estos tres países comparten como
característica común que les permitió atender el problema de manera exitosa es
su capacidad estatal, que está entre las más desarrolladas del mundo. Lo que
diferencia los modelos de respuesta es que las estrategias de mitigación, como
la usada por China, España, Italia y Venezuela, no buscan erradicar el virus
sino aplanar la curva de contagio para distribuir el número de afectados en un
tiempo mucho mayor para no colapsar los servicios de salud, cuya consecuencia
es un trade off que implica un costo económico y social muy
importante para sus economías y sociedades, en especial cuando los Estados no
cuentan con los recursos para absorber tales costos, y sobre todo cuando la
población sufre carencias previas, como es el caso de Venezuela.
La situación en Venezuela
Las proyecciones de escenarios en el caso venezolano
no lucen para nada fáciles considerando la situación actual, en la que no
existe ninguna certeza sobre las cifras reales de contagio debido al hecho de
que los reactivos para las pruebas son monopolizados por el Estado, que al no
estar en capacidad de procesar miles de pruebas por día como lo vienen haciendo
la mayoría de los países, la detección de casos presenta un rezago de varios
días, que podría ser mayor en la medida que el número de personas con algún
síntoma de contagio aumenta.
Si buscamos como referencia casos cercanos, por su
proximidad geográfica y características sociales, tenemos que en un país
vecino, como Colombia, con una población de 49 millones de habitantes, se están
realizando 4000 despistajes por día. En Colombia se registraban, para el 20 de
marzo, 128 casos de contagio, para el 9 de abril el número alcanzaba los
2.053 y tan solo tres días después, el 12 de abril se ubicaba en algo más de
2.700 casos diagnosticados.
En Venezuela se reconocen oficialmente hoy en día la
existencia de 167 casos, pero el total de pruebas que se han hecho desde la
declaración de la emergencia al 31 de marzo era solo de 1.779 despistajes con
8% de casos positivos de acuerdo al segundo update, de fecha 2
de abril, de la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas,
lo que hace pensar que puede haber un rezago muy importante entre las cifras
oficiales y la realidad actual, lo que implicaría que lo que estamos viendo no
es, como el gobierno señala, una derrota a la pandemia ni diferencias en el
comportamiento del virus en Venezuela, sino las enormes distancias
entre las capacidades para diagnosticarlo que hay en relación a otros
países, lo que depende, fundamentalmente, de la capacidad para procesar un alto
número de pruebas confiables por día. A todo evento, Venezuela pareciera estar
aún en una fase de crecimiento lineal y podría entrar, según han señalado
algunos expertos muy respetados, en una fase de crecimiento exponencial en tres
o cuatro semanas.
Lo que más preocupa del caso venezolano es que en una
estimación de contagio de apenas 5% de la población, o sea 1.500.000 personas,
lo que estaría muy por debajo de la tasa que se ha presentado en la mayoría de
los países, se superarían las capacidades más elementales de atención médica del
país y por mucho más las de hospitalización (unas 12.000 camas totales), y las
de cuidados intensivos (que a duras penas llegaría a unas cien camas), con tan
solo un 1% de los contagiados que requiera alguna atención de este tipo.
Al problema de la falta de infraestructura y recursos
para atender la pandemia se suman las condiciones pre-existentes de Emergencia
Humanitaria Compleja que hace mucho más difícil sostener en nuestro caso
medidas como la cuarentena social colectiva, cuando ya antes de ser declarada
la emergencia por el COVID-19 un tercio de la población era incapaz de
procurarse la alimentación mínima necesaria. Tal dificultad se incrementa
cuando el gobierno, por razones políticas que apuntaban a contener una escalada
de protestas convocadas por la oposición, asume la medida de manera temprana,
lo que sería un acierto en un país con condiciones de normalidad y la capacidad
para ayudar a la población a resistir la disrupción de las actividades que le
permiten sostener sus vidas, agotando los recursos de la gente al extender la
situación por varias semanas adicionales.
Esta realidad se hace ya hoy evidente en el contraste
entre sectores de una misma ciudad, en los que el cumplimiento de la cuarentena
es mucho más estricto en localidades con poblaciones de clase alta y media,
mientras que en sectores con altos indices de pobreza, que son además los de
mayor densidad poblacional, es común la presencia cada vez mayor de personas en
la calle para buscar alimentos o desarrollar actividades que le permitan el
sustento diario.
La situación descrita hace predecible que, en el caso
de que el crecimiento exponencial del contagio se presente en tres o cuatro
semanas, como indican la mayoría de las proyecciones hechas por los expertos,
el COVID-19 nos encontrará en la calle, lo cual podría implicar una situación
muy compleja, considerando las condiciones pre-existentes del país.
Tal situación, sumada a la desaparición de la gasolina
y con ello la progresiva desmovilización de personas y bienes, estaría conformando
un pre-escenario que podría ser de alta conflictividad social, cuyo control,
para mantener la gobernabilidad, exigiría del régimen mayores niveles de
control social y represión de los que vemos ya hoy en día. En un escenario que
tiende a complicarse por la propagación exponencial del contagio, el
agravamiento de la situación socio-económica, un aumento en la conflictividad
social, mayor represión y censura en la información, muchos son los que se
estarán preguntando si ello podría lograr que el régimen reconsidere una oferta
como la hecha, antes por los negociadores enviados por Guaió a Oslo y luego a
Barbados, y recientemente replanteada por el gobierno norteamericano y apoyada
por la Unión Europea y el Grupo de Lima, para constituir un gobierno provisional
de unidad nacional.
La respuesta en estos casos es siempre ambigua porque
aunque el impacto político de estas crisis no puede ser nunca subestimado, la
experiencia nos enseña que al final el factor determinante está en la forma en
que éstas condiciones afectan la posición de los diferentes actores claves en
el régimen ante una situación que muy probablemente les exigirá escalar el uso
de la fuerza contra su propia población y asumir costos muy altos en lo
económico, lo social e incluso en vidas humanas para mantenerse en el poder.
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