Marta de la Vega 23 de agosto de 2021
@martadelavegav
Por
una coincidencia políticamente afortunada, en la misma semana del 9 al 13 de
agosto de 2021, cuando inician en ciudad de México las negociaciones pautadas
con la intermediación del reino de Noruega y la presencia de estados
democráticos fuertes, de Estados Unidos y de la Unión Europea, entre el
régimen de facto y las fuerzas democráticas venezolanas
reunidas en la plataforma unitaria, es desclasificado y difundido públicamente
el 10 de agosto el informe preliminar de la Fiscal saliente Fatou Bensouda, por
su propia solicitud presentado de modo privado el 15 de junio de 2021.
Como
refiere nuestro admirado colega del Foro Penal, Gonzalo Himiob, no solo la
Fiscal, aunque con mucha demora, sí concluyó el examen preliminar de la situación
en Venezuela al menos desde abril de 2017, sino que establece que “existen
bases razonables para creer que han sido cometidos crímenes que caben dentro de
la jurisdicción de la Corte”. Es decir, crímenes de lesa humanidad, que nunca
prescriben. Igualmente, expresa la fiscal que las conclusiones serán entregadas
al nuevo Fiscal, Karim Kahn, “para su consideración y para que tome las medidas
pertinentes”.
Este
informe señala que “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e
individuos progobierno de Maduro han cometido los siguientes crímenes de lesa
humanidad: -Encarcelamiento y severa privación de la libertad física en
violación de las leyes y normas internacionales fundamentales del Estatuto de
Roma (art. 7,1e). -Tortura (7,1f, EDR). -Violación y otras formas de violencia
sexual de gravedad comparable (art. 7,1g EDR) y -Persecución de un grupo
identificable por motivos políticos (art. 7,1h EDR).”
Aunque
no menciona los asesinatos atroces del capitán de corbeta Acosta Arévalo ni del
concejal Fernando Albán a causa de las torturas, ni los alevosos homicidios
públicos y a sangre fría de los jóvenes Juan Carlos Pernalete y David
Vallenilla, el informe destaca que “los posibles perpetradores de estos actos
son miembros de diferentes fuerzas policiales y militares”. Himiob agrega que
se hace mención especial a otros “individuos progobierno” como “participantes
en actos de represión contra quienes sean percibidos como opositores
políticos”.
En su
párrafo 7, el escrito del 15 de junio expresamente afirma que “en relación con
la complementariedad, los potenciales casos analizados podrían ser admisibles
con base en el artículo 17 (1 a-d del EDR)”. La razón principal que deduce de
su análisis es que ha quedado demostrada la “inacción” del gobierno y de las
instituciones correspondientes para la “investigación y sanción en Venezuela de
los responsables de los hechos”. Himiob destaca tres aspectos del informe, que
ratifican dicha conclusión.
El
primero: “…por el número limitado de procedimientos domésticos relevantes
relacionados con los casos potenciales identificados por la Fiscalía, el
altamente limitado alcance de sus hallazgos y la falta de pasos progresivos y
concretos para comprobar la responsabilidad penal de los sospechosos”. El
segundo, porque ha sido demostrado que “las autoridades (venezolanas) no tienen
voluntad genuina para investigar y/o enjuiciar tales casos”. Et tercer aspecto
se refiere a que “los procedimientos locales y sus decisiones han servido para
evitar que personas sean declaradas penalmente responsables”.
Por
último, Bensouda deja en manos del nuevo fiscal Khan la decisión final de abrir
formalmente una investigación ante la Corte Penal Internacional. Más allá de la
lentitud de la fiscal para proceder ante las contundentes evidencias de la
violación sistemática de los derechos humanos, civiles y políticos de los
ciudadanos venezolanos, de la comprobación de métodos sistemáticos de
terrorismo de Estado aplicados por quienes dominan hoy las instituciones y
detentan ilegítimamente el poder contra una población indefensa, el peso de las
pruebas es de tal magnitud que no puede evadirse más la necesidad de la
justicia supranacional.
Este
informe público preliminar deja clara la situación en Venezuela en contra de
los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, sin contar
aún lo ocurrido en 2012, 2013 y 2014. Significa un momento histórico en la
lucha por la democracia y la resistencia contra la camarilla criminal militar y
civil que acompaña al usurpador tirano.
Como preámbulo
a las negociaciones, que aún no han ocurrido al escribir este texto, las
declaraciones públicas de Maduro evidencian su talante y su miedo, al
descalificar a las fuerzas democráticas: “vamos a dialogar con la oposición
extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos…con los esclavos de los
Estados Unidos”. Ibis León, de “Efecto Tocuyo”, sintetiza el 8 de agosto pasado
las distintas visiones acerca de la complejidad de lo que está en juego al
preguntar sobre cuáles son las zonas de acuerdo posible entre el gobierno (de
fuerza) y la oposición venezolana. Veremos qué resulta ahora, que no sean
los fracasos en anteriores intentos.
Marta
de la Vega
@martadelavegav
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