EFE 26 de agosto de 2021
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El
opositor, colaborador de Juan Guaidó, aseguró que este año han fallecido 11
personas al intentar ingresar de manera irregular en Chile
El
opositor venezolano Julio Borges pidió este miércoles a Chile evaluar sus
políticas migratorias para evitar que los venezolanos caigan en “manos de
mafias organizadas” en el trayecto entre las fronteras de Bolivia y ese país.
La
situación que se vive con los migrantes venezolanos en la frontera entre
Bolivia y Chile demuestra que una política migratoria restrictiva solo aumenta
los pasos ilegales, la trata de personas y expone la vida de quienes huyen de
la administración de Nicolás Maduro, dijo Borges en un comunicado de prensa.
El
opositor, un estrecho colaborador de Juan Guaidó, aseguró que este año han
fallecido 11 personas al intentar ingresar de manera irregular en Chile, por lo
que “urge que el Gobierno chileno evalúe su marco regulatorio y permita una
migración segura y humanitaria”.
Señaló
que los países de la región deben seguir el ejemplo de Colombia, que
aprobó un estatuto de protección temporal para regularizar a los migrantes.
“El
hecho de regularizar a los migrantes y adoptar un marco migratorio con
reglas claras ha permitido fortalecer la migración legal y segura, el
desarrollo económico del país y los lazos de hermandad”, expresó.
A su
juicio, la integración de los venezolanos que llegan a estos países es
la solución, “al mismo tiempo en el que se presiona para lograr un
cambio democrático en el país, que detenga la migración forzosa”.
El
pasado 28 de julio, Human Right Watch (HRW) afirmó que el Gobierno de
Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” y ”
asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los
derechos humanos”.
A
través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones
a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como
impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones
sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y
separación de familias, entre otros.
Luego
de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el
organismo internacional identificó también “violaciones al debido
proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas” antes de que
se concrete la expulsión.
“Los
tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar
de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido
proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, afirmó
el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.
Se
estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al
7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más
numerosa, con 457.000 personas.
EFE
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