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miércoles, 11 de agosto de 2021

El régimen venezolano: desafíos para la convivencia social por @malopezmaya

Por Margarita López Maya

El régimen autoritario de Nicolás Maduro constituye el obstáculo más importante para la convivencia y la paz entre los venezolanos. En los meses recientes, ha incorporado nuevos elementos destinados a fortalecer aún más su control social sobre la población. No obstante, en la estructura del poder actual existen fragilidades aprovechables para actuar y producir procesos que conduzcan a su debilitamiento y superación. Reconocerlos, analizarlos y utilizarlos contribuiría a aliviar la crisis humanitaria y crear condiciones para una transición democrática, único camino para enraizar la convivencia y la paz. Estas tareas hoy recaen sobre los hombros de la ciudadanía, organizaciones cívicas y partidos políticos. La convivencia pacífica y solidaria será el producto de una creciente conciencia ciudadana, mayores esfuerzos organizativos y la articulación y coordinación de todos. El objetivo estratégico compartido es labrar colectivamente el camino hacia un régimen democrático a la venezolana, con la visión de acometerlo en diversas etapas dentro de un horizonte de largo plazo.

Nicolás Maduro: un régimen autoritario sustentado en la polarización

El régimen que hoy nos oprime, presidido por Nicolás Maduro, es el principal responsable de la violencia cotidiana y política, la inseguridad ciudadana, la destrucción del tejido social y económico, la descomposición política y la crisis humanitaria. Los déficits de convivencia civilizada que se desprenden del orden político actual, no podrán superarse, pues estas características parecieran formar parte del régimen. Por ello, la paz relativa que vivimos es precaria, las condiciones de la vida cotidiana parecen más propias de un país situado entre una pre, entre o posguerra.

La escasa calidad de nuestra convivencia es el legado de casi cuatro décadas donde hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo sobre un futuro compartido que como nación debemos construir. A los desencuentros en materia económica se sobrepuso el ejercicio populista y autoritario del poder desde 1999. Chávez introdujo desde la campaña presidencial de 1998 la polarización política como medio para canalizar descontentos, cohesionar a sus seguidores, destruir a sus adversarios políticos y perpetuarse en el poder. Su estrategia polarizadora tuvo éxito, dividió a la sociedad en dos sectores enfrentados por una lógica de amigo-enemigo, sustentado por un discurso con carga moral, donde él y sus seguidores eran los buenos, y los otros eran los malos.

La polarización política como discurso del poder fue penetrando la sociedad, las relaciones en las familias, en las amistades, las organizaciones, los negocios, las instituciones y los poderes públicos. Sobre esa polarización se destruyó la débil convivencia pacífica que existía a finales del siglo XX y se fomentó la intolerancia, el resentimiento, el odio al que no comparte mis ideas políticas, o mi amor al líder y su proyecto. El otro, el malo, no puede ser mi hermano sino un enemigo a aniquilar. Este discurso ha justificado la violencia, el todo vale para alcanzar mis objetivos, que son los buenos.

Gracias a esta polarización resultó fácil ir desmontando todas las instituciones y valores democráticos que sustentan la convivencia pacífica entre quienes viven en este territorio-nación. Cada elección que ganó Chávez legitimaba su proceder. Con apoyo popular se colocaron las piezas para desembocar en un régimen autoritario, que por diseño es excluyente de una parte de la población y legitimador de procedimientos antidemocráticos para el control social del enemigo interno, que está formado por quienes no comparten su proyecto. Maduro pudo establecer este autoritarismo hegemónico, o autoritarismo de rasgos sultánicos, este régimen dictatorial -algunos de los nombres que hoy le damos- gracias al legado que le dejó Chávez. Este régimen jamás ha llamado ni llamará a la construcción de un nuevo pacto social capaz de crear las condiciones para una convivencia pacífica consensuada para todos quienes somos venezolanos. Por ello, nosotros los ciudadanos, debemos tomar cartas en el asunto.

Lo reciente de la dictadura: persecución a la sociedad civil y continuación del Estado Comunal

En el último ciclo de la lucha política, el que empezó en diciembre de 2015 con el triunfo parlamentario de las fuerzas opositoras y cerró este enero de 2021 con la recuperación del control de la Asamblea Nacional por parte de las fuerzas oficialistas, la oposición opositora sufrió una derrota importante. Como consecuencia, luce hoy debilitada, dividida y ha perdido el apoyo de la sociedad. Es en este contexto que estamos observando el inicio de un ciclo nuevo de la lucha de la sociedad por la democracia, donde nacen nuevos elementos.

Organizaciones sociales con décadas de trabajo en las comunidades pobres, organizaciones defensoras de diversos derechos humanos, asociaciones y redes de las iglesias, gremios y academias, incluso sectores empresariales organizados están desarrollando instrumentos y mecanismos para continuar en la búsqueda de una solución a esta devastadora crisis. Ante el vacío que ha dejado la debilidad de los partidos, ante la crisis de representación política, actores de la sociedad civil aparecen activados y buscando soluciones. La dictadura de Maduro ha respondido, como siempre, con violencia. Ha amenazado, criminalizado y restringido las posibilidades para actuar de estos actores. Entre los casos recientes recordemos el pasado diciembre 2020 a Miconvive, y Caracas Alimenta la Solidaridad, a los cuales les fueron allanadas sus sedes y la casa de su director, así como congeladas las cuentas bancarias.

En enero de 2021 le tocó a Amigos Zulianos en Positivo -Azul Positivo- cuando detuvieron a cinco de sus miembros y los pasaron a tribunales militares. La presión internacional permitió la liberación de estos activistas, pero se mantienen los juicios contra ellos por supuestos cargos de corrupción[1]. Diosdado Cabello, desde la Asamblea Nacional Constituyente, advirtió públicamente a las organizaciones de la sociedad civil a fines de 2020, que se revisaría pronto la normativa que les autoriza a recibir financiamiento internacional. Incluso tildó directamente a la ONG de DDHH Provea de “organización terrorista”[2]. Las amenazas de Cabello se concretaron en abril de 2021 con la Providencia Administrativa No. 001-2021, una norma sub-legal que tiene como objetivo establecer un registro unificado obligatorio de sujetos ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (ONCDOFT). La Providencia considera a estas organizaciones potencialmente terroristas y se las obliga a informar sobre el origen de sus fondos y los nombres de sus beneficiarios[3]. La Providencia fue rechazada por más de 700 organizaciones dentro y fuera del país. De nuevo la presión nacional e internacional logró que fuera modificada, pero de ninguna manera se han debilitado las amenazas[4].

Por otra parte, el marzo pasado la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión un proyecto de Ley de Ciudades Comunales y abrió lo que dijo ser el proceso de consulta popular obligatorio para su aprobación. La nueva ley representa la continuación del proceso jurídico-legal que desde el segundo gobierno de Hugo Chávez se viene adelantando para imponerle al país un modelo de régimen socialista “del siglo XXI”, carente de legitimidad popular. Recordemos que la reforma constitucional que habría de legitimar el cambio del régimen venezolano a uno socialista con base en una estructural comunal fue rechazada por el voto popular en diciembre de 2007 y nunca más fue sometida a la deliberación y voto de esa voluntad popular.

Estos nuevos pasos representan sólo las más recientes iniciativas para continuar estableciendo una estructura de poder que descansa no sobre el apoyo y consenso popular sino sobre el control de los ciudadanos. Estas decisiones arbitrarias nos despojan de nuestros derechos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil en el futuro diseñado por el régimen no tienen derecho a ser autónomas, deben obedecer las pautas del Estado y someterse a sus directrices. En este contexto la convivencia se asegura por miedo y reparto de dádivas, la autonomía de las organizaciones de base se considera reprobable. La concepción del Estado Comunal que Maduro ha expresado con esta nueva ley, al igual que todas las anteriores que se refieren a ese Estado, carece de potencial para construir la convivencia como hermanos o para que alcancemos la paz.

Fragilidades del régimen autoritario

La situación parece muy difícil, quizás desesperada, por la aparente fortaleza del gobierno, y por la fragmentación, división e irrelevancia interna en el país de las fuerzas opositoras que lideraban el ciclo anterior. Sin embargo, la gente, la sociedad, no se detiene, ni se queda quieta. Busca formas de cambiar lo existente para mejorar su calidad de vida y modificar el futuro oscuro que ofrece Maduro. En ese contexto vemos hoy la aparición y protagonismo de organizaciones de la sociedad civil. Las reunidas en el Foro Cívico, en Fedecámaras y en la Intersindical Gremial del Sector Salud, así como redes de asistencia humanitaria como Cáritas, vienen desarrollando iniciativas que buscan modificar el statu quo y construir sendas por donde transitar para llegar a un cambio social y político.

Las estrategias políticas previas de los partidos políticos y del gobierno, estaban condicionadas por una dinámica suma cero, es decir, por un juego donde los dos bloques de actores polarizados nunca lograron comprometerse con la negociación como principal medio de alcanzar la superación de la crisis. No le dieron demasiado valor a la negociación, fue apenas una estrategia más entre todas las opciones sobre la mesa, que decían tener. El objetivo siguió siendo desconocer y aniquilar al otro.

Lo que estamos apreciando ahora es que organizaciones cívicas han tomado iniciativas que incluyen tanto hablar entre ellos como con el gobierno sobre temas sectoriales o puntuales, pero urgentes para la población y la nación. Buscan una estrategia más gradual, secuencial, de dar pasos e ir acumulando fuerza en el camino. Fedecámaras se reúne con miembros del gabinete de Maduro para conversar sobre la reactivación del aparato productivo y se ha ofrecido a vacunar a una porción de la población.

El Diálogo Social, propicia espacios donde concurren con regularidad muchas organizaciones cívicas para informar de sus actividades, intercambiar ideas, y apoyarse mutuamente. Una parte de estas organizaciones este año conformaron el Foro Cívico, como una plataforma para coordinarse con fines más políticos. El Foro se ha focalizado en crear condiciones de confianza entre actores sociales y del gobierno, que pudieran facilitar acuerdos sobre aspectos sectoriales o parciales. Conocemos ahora sus meses de esfuerzos de diálogo con las autoridades para hacer valer los derechos de los ciudadanos a un Consejo Nacional Electoral que cumpla con los requisitos constitucionales. También mantiene conversaciones para condiciones electorales que le garanticen a los venezolanos su derecho a escoger libremente sus autoridades, para la elaboración de un plan de vacunación para la población, para facilitar ayuda humanitaria, y para encontrar soluciones a la problemática sobre el Esequibo con Guyana, entre otros. Igualmente, han promovido espacios de encuentro y diálogo entre diversas comunidades religiosas creándose un Foro Interreligioso Social.

Estas iniciativas comparten el propósito de posicionar la salida negociada como el único viable y conveniente en el sentido común de la población, y crear las condiciones para negociaciones graduales entre gobierno y fuerzas democráticas que generen dividendos favorables a la población y fortalezcan acuerdos de democratización institucional.

¿Tiene sentido este cambio de estrategia? La dictadura pareciera cómoda en este momento, habiendo salido airoso del ciclo anterior. Sin embargo, cada vez más se intuye que su estabilidad es frágil, pues parece necesitar constantemente de anunciar su disposición al diálogo y la negociación para mantenerse a flote. Tampoco deja de mantener los procesos electorales, aunque sabe que no puede ganarlos en buena lid. El gobierno, así mismo, pareciera resentir de su aislamiento internacional, busca conversar con la nueva administración de EEUU presidida por el demócrata Joe Biden, y pareciera preocupado por los informes que han venido saliendo con los testimonios de violación de DDHH de su gobierno en las agencias de la ONU, y la posible apertura en la CPI de juicios por delitos de lesa humanidad.

No son señales claras de debilidad, pero sí revelan la existencia de tensiones, quizás rendijas, quizás ventanas de oportunidades, para que organizaciones y ciudadanos podamos aprovechar para alcanzar concesiones que alivien problemas y para acumular fuerzas y avanzar en la persecución de nuestros objetivos.

Las tareas de los ciudadanos y las organizaciones

El escenario sociopolítico es complejo y difícil, pero ello no debe detenernos. Toda nueva situación trae oportunidades y riesgos. El debilitamiento de los partidos políticos democráticos y la inercia en el país que han visibilizado en estos meses recientes nos obliga a compensar ese vacío con mayores esfuerzos como ciudadanos y mayor participación para respaldar a organizaciones y activistas que buscan abrir las nuevas sendas para alcanzar el cambio político que comience a remontar la crisis.

Ese cambio político debe necesariamente producirse a través del diálogo y acuerdos. No hay solución por fuera de nosotros, los venezolanos mismos. Es vano esperar que una intervención extranjera nos arreglará los problemas. Es equivocado imaginar que una salida violenta nos conducirá a la convivencia y la paz. Estas serán el fruto de procesos sostenidos de conversación, organización y presión, que nosotros mismos podemos generar desde abajo. Necesitamos sanar y dejar atrás como ciudadanos las lógicas de resentimiento y odio que nos alimentan desde los aparatos polarizados de la propaganda gubernamental. Saber diferenciar nuestros afectos de lo político, que pertenece a otra esfera de nuestras actividades humanas. Desmontar los discursos polarizados y atender a la complejidad de la realidad y de la vida. Nada en nosotros y en la vida es sólo blanco o negro, siempre hay matices. Los matices nos enriquecen al comprender que nadie tiene toda la razón.

La coyuntura actual también nos desafía a salir de nuestros ámbitos privados para construir juntos los espacios de lo público, con las características democráticas a las cuales apostamos como condición para la convivencia en paz. La coyuntura nos interpela para que aportemos desde nuestras relaciones en la familia y la comunidad a procesar nuestros conflictos rechazando la violencia y la intolerancia hacia el otro. Ahí el diálogo empieza y desde ahí podemos crear en el espacio público una atmósfera de respeto y solidaridad entre nosotros. Una formación en el reconocimiento del otro como persona, en la tolerancia a sus puntos de vista y al valor del diálogo como instrumento para la resolución de conflictos y desencuentros, es la base de la vida civil. Civilizada.

Nuestros derechos ciudadanos, hoy perdidos por las características del régimen, nos obligan a apoyar las dinámicas sociales de organización para la defensa de ellos. Y de ser posible participar en las actividades de esas organizaciones. El apoyo a la sociedad civil, que vive hoy tiempos difíciles, es un deber que tenemos con ella. Son estas organizaciones quienes han sustanciado los expedientes que hoy hacen posible saber a la comunidad internacional de las atrocidades cometidas por la dictadura. Ellos acompañan a las víctimas, apoyan emprendimientos comunitarios, asisten a presos, niños en situación de calle, a todos los vulnerables, desarrollan talleres para darles capacidades ciudadanas a los venezolanos. Necesitan de nuestro reconocimiento y apoyo.

En el ciclo que se ha abierto, es de vital importancia estar disponibles para explorar sinergias entre organizaciones afines para fortalecerse como actores. Experiencias de otros países nos indican que las transiciones a la democracia para ser exitosas necesitan de una robusta sociedad civil. Como ciudadanos debemos hacer esto posible con nuestra participación y apoyo, entendiendo que para llegar a una negociación con el régimen la contraparte democrática necesita acumular fuerza desde abajo, desde la ciudadanía, la sociedad civil y los partidos. Todos en sus obligaciones y responsabilidades que son distintas pero complementarias, y por ello imprescindibles.

Finalmente, el actual desafío de las organizaciones sociales y políticas democráticas es deponer los intereses parciales para enfocarse en el bien común. Ello implica ver más allá de sus objetivos particulares y apostar a un futuro con instituciones democráticas, único régimen que puede garantizaros nuestros derechos ciudadanos. Ese objetivo estratégico de largo aliento obliga a crear puentes entre las distintas organizaciones para articularse y coordinar actividades, que fortalezcan el discurso y las prácticas que favorecen escenarios de negociación con el gobierno. Iniciativas como las impulsadas recientemente por el Diálogo Social de crear espacios para la conversación regular -física o virtual- de actores sociales que poco se han reunido antes entre sí, pero comulgan con ideas afines, es el paso en la dirección correcta.

Desde múltiples espacios de encuentro, ciudadanos y organizaciones pueden cimentar relaciones duraderas de confianza que les permitan desarrollar y fortalecer sus proyectos y actividades particulares o comunes. El Foro Cívico es otra iniciativa, en este caso se trata de una plataforma de actores sociales dispuestos a aportar propuestas y esfuerzos para llegar a acuerdos con el régimen como miras a la recuperación de los derechos y la democratización del país. El Foro Cívico busca articulaciones y coordinación con los actores políticos para persuadirlos y apoyarlos en estrategias novedosas, graduales y progresivas como alternativa a la fracasada estrategia anterior inmediatista, del todo o nada.

Comentario de cierre: despolarizar, inculcar valores, luchar por las instituciones democráticas

Nos han tocado tiempos turbulentos. Aquí he querido revisar algunos de los ingredientes que hacen de nuestra situación nacional un gran desafío para organizaciones y redes como ésta de constructores de paz. He resaltado la dimensión política porque estamos en una coyuntura donde la sociedad necesita, de manera más imperativa que en otras, de una ciudadanía consciente de sus deberes políticos y activada para alcanzar sus metas de aportar a las condiciones para facilitar una salida negociada de nuestra atroz crisis.

Politizarnos no implica necesariamente tomar partido y/o militar en los partidos. Pero sí estar informado para neutralizar los embates de la información falsa, y las medias verdades que en esta época de posverdad se han convertido en instrumentos de control social, especialmente de regímenes autoritarios como el de Maduro. Informarnos con fuentes confiables es un ingrediente esencial para no dejarnos seducir y engañar por la polarización política del discurso oficial, que busca con ello esclavizarnos emocionalmente para así manipularnos. Informarnos valorando y persiguiendo la verdad, es clave para ejercer nuestro derecho a la participación de manera lo más libre posible.

Al mismo tiempo, reflexionemos sobre los valores e instituciones de la democracia. No basta decir que tenemos posiciones democráticas sino saber a qué nos referimos con eso. Tolerancia, reconocimiento y respeto al otro en su diferencia conmigo y en su diversidad, son comportamientos democráticos. Pero también es importante entender que, sin instituciones como el sufragio universal, directo y secreto, la independencia de las distintas ramas del poder público, el pluralismo y la participación ciudadanas, no existe un orden político democrático. Formémonos para entender los valores de las instituciones representativas y participativas que están en nuestra constitución. Seamos conscientes no sólo de nuestros derechos, sino de modo particular en estos tiempos de nuestros deberes para con la república y la nación donde habitamos y queremos compartir el futuro.

*Historiadora venezolana. Profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.


Notas:

[1] Los cargos fueron: «manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales». En: www.dw.com

[2] www.youtube.com

[3] cepaz.org

[4] www.correodelcaroni.com

10-08-21

https://revistasic.org/el-regimen-venezolano-desafios-para-la-convivencia-social/

 

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