Carolina Gómez-Ávila 01 de agosto de 2021
A los
pies de Maslow, todos estamos en peligro de extinción y nos mueve el instinto,
no la reflexión. Pero incluso en esos entornos hay individuos —y más
frecuentemente, grupos de individuos— que tienen herramientas para sobreponerse
y tratar de aportar al bien común, entendiendo que el bien común no es el de
otros, sino el que necesitamos que todos disfruten para poder asegurárnoslo
nosotros mismos.
Un
ejemplo claro de eso es que no hubo progreso económico para los pueblos durante
las guerras, así que la paz es un bien común para la sociedad. Quizás no todos
sus miembros se beneficien del progreso económico que se puede dar gracias a la
paz, pero la mayoría no puede obtenerlo si no la hay. Esto hace que la paz sea
un bien común, uno muy deseable.
La
seguridad jurídica también es un bien común. Cuando hay discriminación jurídica
los miembros de la sociedad no pueden prever por sí mismos las consecuencias de
sus acciones.
Como
la paz, la seguridad jurídica es una condición básica para optar al progreso
económico. Si la seguridad jurídica se tramitara a través de un diálogo o
negociación, sería evidente que la administración de justicia está en manos de
funcionarios arbitrarios que proceden impunemente. De lograrse un acuerdo con
individuos así, solo podría considerarse que se ha logrado una suspensión
temporal y condicionada del abuso y no una seguridad jurídica estable.
Para
que la seguridad jurídica sea estable —es decir, que en realidad sea seguridad
jurídica— los funcionarios arbitrarios deben ser apartados del aparato de
administración de justicia. Se espera que eso pase a través del propio sistema
judicial, porque dispone de mecanismos que permiten su depuración. Pero, para
eso, debe haber un número suficiente de funcionarios no corrompidos en puestos
clave, que los pongan en práctica.
Estas
reflexiones son elementales. Por supuesto que las tienen que haber hecho, una y
otra vez, actores tan interesados en el progreso económico como los
empresarios. Pienso en empresarios que tienen más de 20 años quejándose de
inseguridad jurídica y que optaron por malearse hasta engranar en el mecanismo
de arbitrariedades que permite que algunos de ellos prosperen y otros no,
aunque el pueblo no lo haga.
Un
panorama desolador para quienes no son parte de ese grupo que aplaude y
confirma que puede tener éxito en un entorno totalmente corrompido. Hay
empresarios que no forman parte de ese grupo y no quieren hacerlo. Necesitamos
que lo manifiesten para que los acompañe el pueblo, que entiende la necesidad
de la libertad empresarial bajo leyes confiables. Un pueblo que también
necesita seguridad jurídica.
Carolina
Gómez-Ávila
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico