Marta de la Vega 31 de enero de 2023
@martadelavegav
Esta
frase del filósofo Emmanuel Kant en Sobre la paz perpetua (1795)
pone de relieve que sin Estado de derecho no hay democracia. Peor aún, ni
siquiera hay mínimamente Estado. No hay seguridad; es, a la manera de Hobbes,
una guerra de todos contra todos. Se imponen la violencia y el caos. Se trata
de la indispensable necesidad del derecho y de la instauración de un orden
jurídico que asegure la convivencia en sociedad, por el propio interés
individual bien entendido y para que sean respetadas la dignidad humana y la
libertad de las personas. Expresa una racionalidad política, independiente de
la moralidad. “El problema del establecimiento del Estado tiene solución,
incluso para un pueblo de demonios”. Así lo pensó Kant al vislumbrar con la
revolución francesa la irrupción de un nuevo orden.
Según su hipótesis, “ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones”. Hasta individuos inmorales, sin solidaridad ni compasión, están dispuestos a someterse a las leyes y a mantener una conducta externa conforme a ellas con tal de asegurar sus vidas.
La ley
suprema es la Constitución política. Y el primer y fundamental derecho humano
que protege es el derecho a la vida, letra muerta para las autoridades espurias
de la república bolivariana, convertida en farsa siniestra y trágica. Hace unos
meses fueron publicados los escalofriantes informes de la OEA y de la Comisión
Independiente de la ONU sobre violación sistemática de los derechos humanos y
determinación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el último de los
cuales identifica, junto con los relatos de las víctimas, los nombres y
apellidos desde el más alto rango en la cadena de mando de los responsables de
torturas y tratos crueles e inhumanos contra disidentes o presos políticos
civiles y militares.
En
Venezuela la Carta Magna no solo es incumplida y reiteradamente pisoteada, sino
que es interpretada de manera sesgada para adaptar las leyes a los intereses y
fines particulares de una parcialidad política que domina las instituciones
públicas, políticas, sociales y económicas. En este contexto, presenciamos en
pleno desarrollo dos hechos catastróficos para el país. Ambos son escandalosos
y una violación flagrante de mandatos constitucionales que exigen el respeto de
las obligaciones de un Estado social de derecho y de justicia. Ambos destruyen
el futuro de las nuevas generaciones.
El
primero es el estado de abandono y ruina de los docentes y de las instalaciones
en todos los niveles de la educación pública. Resuena el clamor en todas las
regiones y solo hay oídos sordos de las autoridades del gobierno de
facto ante las masivas manifestaciones lideradas por los gremios de
maestros y profesores por salarios dignos y para reclamar las mínimas
condiciones materiales, físicas, laborales y de infraestructura para ejercer
una docencia de calidad. El segundo, el informe de varias agencias de la ONU,
en especial la FAO, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, FIDA y Organización
Panamericana de la Salud, publicado en Santiago de Chile en enero de 2023,
según el cual cerca de seis millones quinientos mil venezolanos padecen de
hambre crónica.
El
estudio abarca de 2013 a 2021. “Venezuela tuvo la mayor prevalencia de
subalimentación, 22,9%, que en cifras absolutas equivale a seis millones
quinientas mil personas”. A ello se agrega que el éxodo fuera de las fronteras
asciende a casi siete millones quinientas mil personas. En el país el 4,1% de
los niños menores de 5 años sufre de desnutrición aguda. Entre 2000 y 2015 la
prevalencia del bajo peso al nacer o insuficiencia ponderal aumentó un 6%.
Algunos rubros no han sido medidos por falta de datos y estadísticas. La ENCOVI
2022 o encuesta de condiciones de vida en Venezuela ha revelado la gravedad de
la crisis humanitaria compleja y la desigualdad creciente a pesar de una leve
mejoría en algunos indicadores.
¿No es
acaso un deber ético y una muestra de liderazgo responsable y de visión
histórica a largo plazo anteponer las rencillas personales o partidistas y las
descalificaciones recíprocas, la codicia por cuotas de poder, la apetencia de
prebendas, la tentación por sobornos pecuniarios y la miopía política frente a
la urgencia para que prevalezcan los valores más altos de la civilidad, la
integridad, la solidaridad y la honradez y se imponga como un bien superior la
unidad de propósitos contra una dictadura mafiosa e ilegítima en Venezuela?
Marta
de la Vega
@martadelavegav
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