Anaisa Rodríguez 30 de enero de 2023
La
presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los
Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas expresó hoy
su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de Ley de
fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones
no gubernamentales y afines, que aprobó en primera discusión la AN chavista la
semana pasada.
“De
ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el
cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Valiñas.
Por su parte, Francisco Cox, experto de la Misión, sostuvo que la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan «onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, afirmó según nota de prensa.
Investigaciones
en curso de la Misión de la ONU revelan que las ONG de promoción de DDHH que
trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su
funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave
de la financiación, por lo que «sin acceso a los fondos de la cooperación
internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a
desaparecer».
En
el análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto de ley
afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en
los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de
derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Uno
de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las
atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad
de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las
“desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo
13).
Esto
expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un
posible control policial o de inteligencia. Teniendo en cuenta el discurso de
distintas autoridades gubernamentales, de las cuales la Misión ha tomado nota,
ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos que recurren a
instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento
extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la
soberanía nacional.
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